El comunicado de la Consejería asegura que el proceso “no se suspende” pese a “los intentos de sabotaje y las barreras institucionales”, y defiende que la Paz Urbana ha tenido resultados concretos: el Valle de Aburrá alcanzó en 2024 la tasa de homicidios más baja de los últimos 82 años, con 10 casos por cada 100.000 habitantes, y en 2025 bajó a un dígito, con 9,5.
El documento también denuncia obstáculos por parte de la Fiscalía, el Consejo de Estado, el Inpec y el Congreso, al que acusa de no dar curso a una ley de justicia restaurativa necesaria para el tránsito de las estructuras a la legalidad.
El presidente Gustavo Petro respaldó la postura del Gobierno a través de su cuenta en X. “En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”, escribió, advirtiendo que frenar las negociaciones podría traducirse en un aumento de la violencia.
Por su parte, Gutiérrez respondió con dureza a ambos. “Se dedican a hablar de paz mientras hacen la guerra. Todavía hay homicidios por enfrentamiento entre estructuras criminales. ¿Quiénes ejecutan los sicariatos? Los que hacen parte de las estructuras criminales. Intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, cobran la extorsión y todo el día, desde allá, dizque hablando de paz”, dijo el mandatario a Blu Radio.
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También rechazó que la reducción de homicidios sea un resultado de los diálogos: “El colmo del descaro. La reducción de homicidios es gracias a la Policía, gracias a la Fiscalía, gracias al Ejército y gracias al trabajo con la Alcaldía y de la gente que denuncia”.
El alcalde además señaló que la defensa del proceso por parte de Petro se produce a pocos días de que termine su periodo presidencial, y que el mandatario tiene en la Paz Urbana “su mejor aliado”.
La crisis que reavivó el debate comenzó el pasado 8 de abril, cuando una parranda vallenata celebrada al interior de la cárcel La Paz de Itagüí en honor al cumpleaños de alias Pocho, vocero del proceso, desató la apertura de investigaciones contra al menos doce funcionarios del Inpec, incluidos el director y el subdirector del penal. Pocho fue trasladado posteriormente a la cárcel de Girón, en Santander.