Un bombardeo contra un campamento de la estructura armada Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco, tuvo como resultado la muerte de varias personas, entre ellas siete menores de edad que estaban reclutados en Guaviare, según reveló la Defensoría del Pueblo.
Al conocerse la noticia, el presidente Gustavo Petro reconoció a través de sus redes sociales que autorizó dicha intervención militar, justificando así la muerte de los menores.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan a 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, señaló el Jefe de Estado en X.
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La defensora Iris Marín Ortiz fue enfática al afirmar que, para toda intervención dirigida por las Fuerzas Militares, es obligatorio respetar primero el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente por tratarse de situaciones de hostilidad en las que se incluyen menores de edad, ya sean niños, niñas o adolescentes.
“Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar en las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez. Estos principios —respaldados por la jurisprudencia internacional— obligan a evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados e innecesarios”, se lee en un documento de la Defensoría.
Por tal motivo, resulta indispensable adelantar acciones para proteger a la población civil frente a las actuaciones de estos grupos en el departamento.
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