El ministro de Defensa explicó que no habrá retiros mientras no existan pruebas concluyentes, pese a que el escándalo ya compromete la credibilidad de la cúpula militar.
Mientras el país espera respuestas por la posible infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó que decidió mantener en su cargo al general Juan Miguel Huertas, uno de los oficiales mencionados en documentos que lo relacionan con hombres al mando de alias “Calarcá”.
La decisión, lejos de calmar el escándalo, abrió un frente adicional de críticas y cuestionamientos sobre la solidez de las Fuerzas Militares.
El ministro de Defensa sostuvo que no habrá retiros anticipados mientras no existan pruebas concluyentes sobre la responsabilidad del general. Según dijo, cualquier decisión debe tomarse solo cuando exista certeza jurídica, no antes.
“Cuando se compruebe que ha sido culpable con la investigación que se haga, se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero, en este momento, estamos es investigando”, sostuvo.
Las alarmas se encendieron tras la revisión del material incautado en un retén militar en Anorí, Antioquia. Las autoridades detuvieron una caravana de la Unidad Nacional de Protección que movilizaba a siete integrantes de las disidencias, quienes fueron liberados horas después por decisión de la Fiscalía.
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Aunque los criminales recuperaron la libertad, sus dispositivos electrónicos quedaron bajo custodia oficial.
Durante meses, el contenido de la información alojada en celulares, tablets y computadores, fue desconocida. Solo un año después se conocieron los archivos. Entre los documentos aparecieron intercambios internos, mensajes y anotaciones que mencionaban contactos del general Huertas con miembros de las disidencias y con funcionarios de entidades estatales.
Uno de los hallazgos que generó mayor inquietud fue el relato de un insurgente que aseguraba haber sostenido una reunión en Bogotá con el oficial. Allí, según esa versión, se habló de crear una empresa de seguridad en la que cada parte asumiría responsabilidades diferentes: el oficial gestionaría permisos; los integrantes de las disidencias aportarían personal y armamento. La supuesta “sociedad”, que iniciaría con un pequeño grupo de hombres, tendría como objetivo facilitar la movilidad del grupo armado sin levantar sospechas.
Huertas había salido del Ejército en 2022, cuando el general Enrique Zapateiro dispuso su retiro. Sin embargo, con la llegada del gobierno Petro fue reincorporado y recibió una posición estratégica en la estructura de personal del Ejército, un cargo determinante para ascensos, traslados y nombramientos.
Frente al creciente escándalo, el general Huertas sostiene que es inocente y que los documentos que la relacionan con hechos ilegales no han sido validados por ninguna autoridad, que su contenido carece de soporte técnico y que constituyen una manipulación destinada a destruir su reputación.
Sobre la supuesta propuesta de montar una empresa de seguridad, el oficial aseguró que esa versión es incompatible con sus funciones y con un historial de servicio que, según él, ha estado orientado exclusivamente a combatir la ilegalidad.
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