La muerte de Alejandro Carranza Medina, un pescador de Santa Marta señalado por Estados Unidos de transportar droga en una lancha en el Caribe y quien falleció por los bombardeos perpetrados en la región por el Gobierno de Donald Trump, fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según reveló el medio británico The Guardian, la familia presentó una petición ante el sistema interamericano de derechos humanos en Washington D. C., alegando que el colombiano fue asesinado ilegalmente durante un bombardeo estadounidense el pasado 15 de septiembre.
Los allegados de Carranza, de 40 años, aseguran que salió de su casa en el Caribe colombiano para pescar en mar abierto. Días después vieron su embarcación en llamas impactada por un misil estadounidense.
La familia insiste en que identificó la lancha del pescador en el material grabado el día del ataque.
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“El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”, había afirmado el presidente Gustavo Petro en octubre, al denunciar que funcionarios estadounidenses “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”.
A Carranza lo relacionan por el robo de más de 200 armas de la fuerza pública en alianza con grupos criminales.
El mandatario colombiano se reunió a inicios de noviembre con la familia, incluidos los hijos y la compañera de Carranza, y aseguró: “Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”.
La denuncia ante la CIDH fue presentada por el abogado de Petro, Dan Kovalik, quien asume la defensa del presidente tras ser incluido en la Lista Clinton. Se trata de la primera denuncia formal por los letales operativos de EE.UU. en la región.
“El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina”, indica el documento.
Añade que “por numerosos informes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes. El secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”.
Ese día, el propio Trump anunció en su plataforma Truth Social: “bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.
Kovalik aseguró que buscarán “reparación para la familia” y que esta denuncia es “un buen primer paso” para detener lo que considera una práctica ilegal.
Este martes, la CIDH expresó preocupación por la serie de ataques letales realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental, y recordó que la obligación de proteger el derecho a la vida y garantizar el debido proceso se extiende incluso a operaciones extraterritoriales.
El organismo señaló que Estados Unidos debe “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública” y que cualquier muerte causada en estos operativos debe investigarse de manera pronta, imparcial e independiente.
También advirtió sobre el riesgo que supone el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fuera del territorio, por la posibilidad de ejecuciones arbitrarias, falta de rendición de cuentas y erosión de la supervisión civil.
La Comisión reiteró su disposición a mantener el diálogo con Estados Unidos y a brindar cooperación técnica para garantizar que sus políticas de seguridad y defensa se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.
Según recogió la CIDH, desde principios de septiembre se han llevado a cabo más de 20 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga, con un saldo superior a 80 muertos y solo tres sobrevivientes.
Hegseth defendió públicamente la legalidad de las operaciones y afirmó en X que las acciones militares están “en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.
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