La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios agentes interventores de Coosalud EPS, en medio de las tensiones que atraviesa el sistema de salud en el país. El proceso se centra en la gestión realizada entre 2024 y 2026 por quienes han estado al frente de la intervención administrativa de la entidad.
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Entre los funcionarios vinculados a la actuación aparecen Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz, quienes han ejercido funciones como interventores dentro del proceso de control estatal sobre la aseguradora. La decisión también incluyó a Alexander Mesa Romero, quien fue suspendido provisionalmente por tres meses mientras avanza la investigación disciplinaria.
La apertura del expediente se formalizó mediante un auto fechado el 12 de marzo de 2026 y busca determinar si durante la intervención de Coosalud se presentaron irregularidades en la gestión que debían adelantar los agentes designados por las autoridades.
El ente de control analiza si las decisiones adoptadas por quienes han ejercido esa función permitieron garantizar el adecuado funcionamiento del aseguramiento en salud para los afiliados.
Según la Procuraduría, el seguimiento realizado a la EPS evidenció dificultades persistentes en la prestación de servicios a los usuarios. Entre los problemas identificados se mencionan el incremento de quejas, demoras en la realización de diagnósticos y tratamientos médicos, así como retrasos en la entrega de medicamentos.
Estos hallazgos forman parte del análisis que ahora involucra a los agentes interventores, entre ellos Camaro Fuentes, Polanía, Franco Muñoz y Piñeros Cruz, quienes habrían tenido responsabilidades dentro del proceso de supervisión y toma de decisiones administrativas en la entidad intervenida.
La actuación disciplinaria se originó a partir de información remitida el 4 de febrero de 2026 por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social. Ese despacho trasladó informes relacionados con el estado técnico, jurídico y financiero de varias EPS intervenidas por el Gobierno, dentro de las cuales se encontraba Coosalud.
Uno de los documentos que sustenta la investigación corresponde a un informe de visita administrativa y de control de gestión realizado el 14 de agosto de 2025 y posteriormente ampliado en enero de 2026. Ese reporte fue elaborado en el contexto de la crisis que enfrenta el sistema de salud.
De acuerdo con el ente de control, el análisis contenido en ese informe advierte sobre una posible vulneración reiterada del derecho fundamental a la salud y sobre factores que estarían afectando la estabilidad financiera del sistema. Tales conclusiones se incorporaron como antecedentes dentro del proceso disciplinario.
Mientras avanza la investigación, la Procuraduría continuará recopilando información sobre la actuación de los agentes interventores vinculados al caso, incluidos Camaro Fuentes, Polanía, Franco Muñoz y Piñeros Cruz. El expediente seguirá su curso con nuevas verificaciones y análisis que permitan establecer eventuales responsabilidades en la gestión de la EPS intervenida.
Cifras publicadas esta semana por la Corte Constitucional muestran que en 2025 se presentaron 312.567 tutelas por temas de salud. Esa cifra subió en un 17,9 % en comparación con 2024, cuando se presentaron 265.173. Esto indica que hubo 47.394 expedientes más el año pasado.
Sin embargo, el incremento también dejó al descubierto que el 33 % de las tutelas presentadas en 2025 fueron por temas de salud. Lo anterior indica que una de cada tres de esas acciones legales que se presentaron ese año fueron por alguna dificultad en el acceso a servicios de salud. Así mismo, esos números advierten que al día se interpusieron 856 tutelas por ese motivo: es decir, que los juzgados del país recibieron 35 de esas tutelas cada hora.
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