Desde inicios de febrero, un informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) puso en la mira al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señalándolo como la segunda entidad que más contratos firmó previo a que se cumpliera el plazo que establecía la Ley de Garantías: fueron $1,2 billones.
A pesar del número tan alto de contrataciones, la entidad dejó por fuera 54 contratos importantes: los que proveen la alimentación de 54 municipios. Así lo afirmó Jennifer Pedraza en una reciente denuncia.
En contexto: El ICBF habría firmado 12 contratos nuevos por $25.812 millones tras ley de Garantías
“Esto no es descuido, es improvisación que exige investigación. Por lo anterior, luego el ICBF tuvo que abrir invitación pública por $47 mil millones. Ahora el proceso contractual será más demorado y la alimentación llegará, en el mejor de los casos, al menos dos meses después de iniciado el año”, explicó.
Entre estas zonas hay municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, y otros como Segovia y Andes. También hay municipios de otros departamentos por todo el país, como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada, Tolima, entre otros.
Cabe resaltar que estos contratos estarían enmarcados en el Conpes 113 de 2008, que estableció Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), que tiene como objetivo “Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad”. Esto con el fin de solucionar las desigualdades económicas y sociales.
Según el ICBF, las demoras en la implementación de esta medida suelen deberse a fallas en la coordinación intersectorial, la falta de un seguimiento y monitoreo constante, y la baja adopción de estrategias en instituciones locales, “lo que afecta la disponibilidad y el acceso oportuno a alimentos”. Sin embargo, esta vez parece referirse a una demora administrativa.
La situación no es algo mínimo. Según datos de la organización World Food Programs, casi 13 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa en Colombia, es decir, tienen dificultades regulares para conseguir suficiente comida.
Le puede interesar: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil
Dentro de ese grupo, alrededor de 2.1 millones están en situación de inseguridad alimentaria severa, con carencias serias de alimentación. En términos porcentuales, esto representa cerca de un cuarto hasta un tercio de la población colombiana.
De hecho, a inicios de febrero de 2026, cifras reveladas por la Superintendencia Nacional de Salud mostraron que entre julio de 2024 y junio de 2025 se interpusieron 1.120 quejas relacionadas con dificultades para acceder a alimentos aptos para pacientes con enfermedades que les piden dietas específicas.
La implementación del PNSAN es entonces una de las medidas gubernamentales más importantes para combatir el hambre en Colombia.
En ese sentido, la congresista Pedraza aseguró que de por sí, los procesos de contratación al respecto ya estaban atrasados. Además, aseguró que a Astrid Cáceres, directora del ICBF: “Se la escucha admitir (en un audio) que en varios procesos contractuales era responsabilidad del ICBF la no firma de los contratos. Muchas organizaciones se quejaron y le tocó a ella citar una reunión de emergencia para decidir qué hacer”.
Cáceres respondió por medio de X, en donde aseguró: “Estimada Jennifer, la toma de decisiones frente a cada regional y cada ordenador de gasto está totalmente amparada por la ley”.
Aunque añadió que desde la entidad han identificado “como funcionarios de la entidad intentaron torpedear que el campesinado sea el que entregue alimentos, o que se vinculara laboralmente a madres comunitarias y que se diera una operación directa se vieron evidentes en algunas regionales más que en otras”.
Según la directora de la entidad, aquellos impedimentos se deberían a que habría grupos que quieren evitar que la implementación del PNSAN sea por medio de operación directa, y no de terceros.
”Intentaron boicotear al campesinado, a las madres comunitarias como trabajadoras oficiales (...) ten cuidado, tal vez los que te pasan mal la información sean los mismos que no quisieron avanzar los procesos, que no fueron a las oficinas ese día, que escondieron trámites para evitar que el cambio avanzara, los mismos que hoy te engañan diciendo que hasta dentro de dos meses estarán los alimentos y los que seguramente soñaban con seguir firmándole rápido y a tiempo a los mismos cinco operadores de los mismos cinco políticos para los que les trabajan”, añadió Cáceres.
La información dada por la directora fue compartida por la cuenta oficial del ICBF.
Le puede interesar: Profesor que abusó de niña que estaba bajo protección del ICBF en Antioquia pagará 17 años de cárcel
Regístrate al newsletter