En un lapso de apenas cinco años –entre 2018 y 2023– el número de estudiantes de origen venezolano en colegios de Colombia pasó de 34.030 a 622.043. Es decir, un aumento del 1.727 %. Se trata, sin duda, de una de las consecuencias más visibles de la diáspora que enfrenta ese país, y que plantea nuevos desafíos a nivel local en aras de brindarles y garantizarles educación de calidad y pertinencia.
No se trata de un auxilio o sostenimiento. En Colombia la educación es un derecho fundamental y se extiende a los extranjeros, de allí que el cómo integrar a los jóvenes venezolanos y favorecer su educación sea un asunto de primer orden para el país.
Según las cifras del Ministerio de Educación Nacional, la mayoría de los estudiantes venezolanos en educación básica, media y secundaria se concentra en las regiones del Centro-Oriente (34,32 %) y el Caribe (32,01 %). En la zona del Eje Cafetero y Antioquia se encuentran además un 15,72 %. Si bien la mayoría (53,55 %) son estudiantes cuyas familias se encuentran en estado regular en Colombia, un 46,45 % –que equivale a 288.968 niños y jóvenes–, son irregulares. (Ver infografía al final)
De acuerdo con Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana –especializado en investigar y proveer información cuantitativa sobre el sistema educativo–, el primer desafío que salta a la vista es la capacidad e infraestructura para atender a los nuevos estudiantes. No obstante, uno de los retos más apremiantes es atender las necesidades específicas y diferenciales de una población que tuvo que huir de su país, en la mayoría de los casos en condiciones de adversidad y pobreza.
“Algunos de ellos pueden estar en condiciones de vulnerabilidad. Tanto los colegios como el sistema educativo y de salud necesitarían entrar a apoyar más a estos estudiantes que llegan con estas dificultades”, explica, precisando que el flujo migratorio también dificulta que jóvenes con cierta edad vuelvan a integrarse a cursos con niños mucho menores. “Pueden que tengan menos conocimientos o menos habilidades, por lo que ponerlos al día también es un desafío”.
En ello coincide Cecilia Dimaté, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado, quien señala que el impacto para el sistema educativo está en los procesos de formación, “porque hay necesidad de atender poblaciones con características distintas. Es un proceso que se ha ido adelantando en términos de inclusión y diversidad. Implica también mejorar los procesos de formación de los maestros y las condiciones de trabajo en el aula”.
El Ministerio de Educación, a través de su Dirección de Cobertura y Equidad, reconoce el aumento de capacidades para garantizar la oferta educativa, bienestar, permanencia y trayectoria en los diferentes niveles. Sin embargo, precisa que el acceso a las diferentes estrategias “no se condiciona a la nacionalidad o al estatus legal del estudiante”.
Frente a ello, el despacho que dirige la ministra Aurora Vergara actualmente busca identificar los factores que inciden en el bienestar y la permanencia de los niños y jóvenes, “lo que exige comprender y analizar las características y particularidades que afectan el contexto socio-económico y cultural, así como determinar el impacto del acceso educativo con la satisfacción de necesidades básicas asociadas (alimentación, transporte, entre otros), además de las características de los ambientes de aprendizaje y otros factores de orden pedagógico y curricular”.
Además de flexibilizar los requisitos de documentación para ingresar al sistema educativo y habilitar a todas las instituciones educativas para validar los grados cursados en Venezuela mediante evaluaciones y procesos de convalidación, el Ministerio ha ayudado con procesos como alimentación y transporte, sumado a la regularización migratoria para estudiantes indocumentados e irregulares.
El reto inmediato es que, de la mano de los gobernantes que recién asumirán en unos días, se avance –en coordinación con las secretarías de Educación territoriales–, en componentes diferenciales para atender a los estudiantes venezolanos. Según las expertas, el objetivo es contrarrestar –sin distinción de nacionalidad alguna– los pobres resultados que se obtuvieron en las pruebas PISA y garantizar que los estudiantes accedan a una mejor educación que les permita llegar a universidades y ser mejores profesionales.