viernes
7 y 9
7 y 9
El Gobierno de Estados Unidos se refirió a los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia por medio de su más reciente informe anual de derechos humanos.
Si bien en ese documento hace observaciones sobre las presuntas muertes a manos de fuerzas del Estado durante 2020, también hizo alusión al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que “continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional”.
El Departamento de Estado del país norteamericano continuó su mención al tribunal especial remarcando sus “actividades para adelantar el Caso 03, centrado en falsos positivos cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”.
Vale recordar que, según los hallazgos de la JEP, este expediente está enmarcado por 6.402 presuntas ejecuciones extralegales entre 2002 y 2008, periodo en el que Álvaro Uribe Vélez ocupó la Presidencia y, por consiguiente, el exmandatario ha cuestionado esos hallazgos.
“Al 31 de agosto, la JEP había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto (caso 03). Dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”, agregó el informe de Estados Unidos.
Los apartados dedicados a la JEP en este informe fueron interpretados por Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción, como “un reconocimiento que nos estimula para seguir sin tregua en la lucha contra la impunidad”.
Entretanto, Cifuentes también se pronunció frente a unas declaraciones entregadas por Tomás Uribe, quien propuso cambiar la JEP por un formulario virtual, argumentando que el tribunal “da penas simbólicas a exguerrilleros y paramilitares que reconocen sus delitos”.
Frente a esto, el presidente de la JEP calificó esa sugerencia como un acto de “ignorancia absoluta sumada a un anhelo de impunidad absoluto”.
Finalmente, el informe de EE. UU. apuntó que “la JEP continuó investigando en sus siete macro casos priorizados para identificar patrones y establecer vínculos entre los perpetradores, con el objetivo final de identificar a los más responsables criminalmente por los abusos más graves durante el conflicto”