Ocho miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal renunciaron alegando un “cambio en las circunstancias políticas”. Entre los renunciantes hay reconocidos juristas cercanos a posturas progresistas.
A través de una misiva dirigida al nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal anunciaron que no seguirán integrando esa instancia gubernamental “ante las nuevas circunstancias políticas”, en referencia indirecta a la llegada del nuevo titular del despacho.
Quienes decidieron dar un paso al costado de esa Comisión son nada menos que destacados juristas, entre ellos, algunos que hacen de la centro-izquierda intelectual, quienes han coincidido en varios planteamientos con el presidente Gustavo Petro.
Entre los integrantes que renunciaron se cuenta Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia y quien presidía la Comisión; Mónica Cifuentes Osorio, otrora procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Mauricio Pava, destacado abogado en varios casos que rodean al presidente Petro; Gloria Patricia Lopera; Iván Orozco Abad, quien en tiempos de negociaciones de paz en La Habana (Cuba) trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de Paz; Miguel La Rota Uprimny; María Victoria Llorente, directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, y Luisa Fernanda Cano Blandón.
En la misiva, los asesores recuerdan que, si bien su periodo de dos años concluyó en febrero pasado, la ahora exministra Ángela María Buitrago les propuso continuar como integrantes de la Comisión. Sin embargo, la resolución “no alcanzó a ser formalmente adoptada, por lo cual es posible que se encuentre para su firma, con la constancia de nuestra aceptación”.
No obstante, insisten en que, “dadas las nuevas circunstancias políticas, consideramos que no podemos seguir siendo parte de esta comisión asesora, por lo cual, por medio de la presente carta, estamos revocando nuestra aceptación”.
Por todo ello, recordaron que el nuevo ministro queda en libertad para conformar la Comisión “que estime más idónea para asesorar al Estado en la política criminal. Nuestros mejores deseos en el desempeño de sus funciones”.
La semana pasada se conoció el nombramiento de Montealegre en reemplazo de Ángela María Buitrago, la exministra de Justicia que renunció denunciando presuntas presiones para hacer nombramientos en esa cartera.
La llegada del exfiscal como ministro no estaba del todo planeada, según fuentes, por dos motivos principales. Primero, el presidente Petro buscaba nombrar a una ministra para cumplir con la ley de paridad de género en el gabinete; segundo, había otro nombre, también polémico, que sonaba con fuerza: el actual ministro encargado, Augusto Ocampo, que es al mismo tiempo secretario jurídico de la Presidencia.
Finalmente, en medio de la coyuntura por el ‘decretazo’ de la consulta popular, Montealegre se convirtió en un asesor jurídico relevante para el Gobierno, “ad honorem” según el ministro Armando Benedetti, en la estrategia legal de ese documento. Pero ni tan voluntario. Realmente el exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional es un poderoso contratista del Gobierno Petro. Suma $1.788 millones en contratos.
Hace apenas tres semanas, el exfiscal decía esto sobre el Gobierno Petro: “La elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional (fue abogado del presidente) es la bancarrota del Gobierno de Gustavo Petro. Impresentable. Eligieron a un bandido. ¡Resistencia moral. No hay otro camino ante la arrogancia Dr. Petro. ¡No más corrupción! ¡Basta ya Petro!”, dijo en un chat revelado por la W Radio.
