Las disidencias de las extintas Farc dejaron de ser hace mucho tiempo un grupo residual de la guerrilla que se desmovilizó en 2016. Este miércoles lo demostraron infundiendo temor en el Cauca cometiendo siete atentados terroristas en menos de 24 horas en varios municipios de ese departamento.
La ola de ataques incluyó drones con explosiones, ráfagas de fusil contra estaciones de Policía y bases militares. Al parecer, cometieron esos actos terroristas por el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, quien falleció en 2008 supuestamente por causas naturales. De hecho, este miércoles reapareció en un video difundido en redes sociales Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, comandante de las disidencias del Estado Mayor Central quien se refirió al respecto.
La arremetida empezó en el norte del departamento, puntualmente en las poblaciones de Toribío, Corinto, Caldono, Santander de Quilichao y Cajibío, lo que obligó a las autoridades a desplegar operativos y mantener la máxima alerta. Sin embargo, durante el día, ocurrieron otros dos atentados en Piendamó y Suárez.
En este último municipio, por ejemplo, los criminales elevaron un dron que llevaba explosivos y dejó a cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad y un policía.
“Hacemos un llamado enfático a los actores en confrontación a respetar a la población civil, que no debe ser víctima de las consecuencias del conflicto. Instamos a los involucrados y al Gobierno a buscar salidas negociadas, a privilegiar el diálogo y a abstenerse de continuar con acciones que solo agravan la situación humanitaria en nuestra región”, dijo el alcalde de ese municipio, César Cerón.
¿Y qué hace el Gobierno?
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, rechazó la ola de violencia y anunció una recompensa de hasta $300 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores intelectuales y materiales de los atentados en el Cauca.
“(...) las disidencias han sembrado terror en siete municipios del Cauca con explosivos, drones, hostigamientos y panfletos, causando heridas a un policía en Cajibío. ¡Su cobardía está condenada al fracaso! Colombia no retrocede ante criminales que solo han dejado dolor y miseria. No podemos permitir que estos grupos pretendan conmemorar con más violencia a quienes solo dejaron miseria y dolor en Colombia”, dijo.
El funcionario destacó que la Fuerza Pública está desplegada en el territorio “protegiendo a las comunidades y garantizando la seguridad. No cederemos ante el terror”, agregó. Sin embargo la población en el Cauca y en otros lugares del país sigue padeciendo el terror por el conflicto armado y no ve avances significativos en la política gubernamental de la “paz total”.
Frente 33 aprovecha el cese: HRW
Precisamente, el poder de las disidencias y sus distintas facciones acapara otros territorios del país más allá del Cauca como el Catatumbo. Un informe de Human Rights Watch (HRW) evidencia la comisión de múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos por parte del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, donde han logrado fortalecerse bajo la sombrilla de las negociaciones de paz con el Gobierno.
El informe recoge testimonios de múltiples víctimas, habitantes de municipios en guerra y autoridades locales. Advierte que las disidencias están aprovechando medidas como el cese al fuego para expandir su control sobre las comunidades en los últimos ocho meses.
“Durante las negociaciones con el Frente 33, el Gobierno acordó un cese al fuego y anunció planes de desarrollo local que serían implementados por el Frente 33, el Gobierno y las comunidades, a pesar de que los combatientes permanecen en armas”, detalla el informe.
Explica además que tras el inicio de la guerra con el ELN el pasado 16 de enero, el Frente 33, en un intento por fortalecer sus filas, desató un desbordado reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de cometer asesinatos y desapariciones de campesinos acusados de colaborar con el ELN o con el Ejército.
“Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente, se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes del país”, se lee en el informe.
De acuerdo con la organización internacional, la disidencia mantiene lo que en la región se describe como “campamentos de resocialización”, donde las personas son obligadas a realizar trabajos forzados.
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“Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como ‘campamentos de resocialización’, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”, añade el documento.
En esos lugares, las personas eran obligadas a cortar caña de azúcar desde la 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. “Una vez, un combatiente (del Frente 33) mató a una pareja que estaba discutiendo, los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”, relató un sobreviviente.
Entre las solicitudes dirigidas al Gobierno por parte de HRW están: diseñar e implementar una política de seguridad y justicia efectiva que respete los derechos humanos y proteja a la población del Catatumbo de los grupos armados; garantizar que cualquier acuerdo de cese al fuego incluya salvaguardias concretas para la protección de los civiles; abstenerse de desarrollar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en riesgo a la población; y tomar medidas para proteger a las personas desplazadas, asegurando que cualquier retorno al Catatumbo sea voluntario, digno y seguro, entre otras.
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