Este año se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en el Teatro Colón y hay evidencia de la existencia de 33 grupos disidentes en 161 municipios de 19 departamentos del país, según fuentes de Inteligencia Militar. Sus comandantes aparecen en los carteles de los más buscados como responsables del asesinato de líderes sociales, extorsión a los empresarios, ganaderos y campesinos, y de amenazas a mandatarios locales.
Esa misma información de Inteligencia Militar, da cuenta de que hay aproximadamente 2.600 personas armadas en los grupos residuales, y unos 2.000 que harían parte de las redes clandestinas de apoyo.
Y estas 33 estructuras pueden dividirse en tres grandes grupos: el primero conocido como el Comando Coordinador del Occidente, del que hacen parte unos 1.700 hombres armados que obedecen a “Gentil Duarte”, aunque en cada grupo haya un comandante; luego están los de la Segunda Marquetalia, que son las estructuras que se le unieron a “Iván Márquez” y suman unos 600 hombres; y por último están los no alineados, que son grupos distribuidos por todo el país, que operan de manera independiente y que podrían sumar 400.
Todos estos grupos cuentan con milicianos, que les brindan apoyo logístico.
EL COLOMBIANO recogió material de la Fundación Conflict Responses, Insight Crime, Indepaz, Pares, la Fundación Ideas para la Paz, el Ejército Nacional y diferentes fuentes en terreno para confirmar cuáles son los lugares donde operan estos grupos . Al comparar el mapa actual con los de la presencia que tenían las Farc en 2011 y en 2016 se identifica que la mayoría de su accionar está en los mismos territorios. (Ver infografía)
Las afectaciones más importantes se dan en Arauca, Guaviare, Putumayo, Vichada, Meta, Nariño, Cauca, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia.
De acuerdo con Kyle Johnson, cofundador de la Fundación Conflict Responses, esta presencia se da por dos dinámicas: los que nunca se fueron y no estuvieron en el proceso de dejación de armas, como ocurrió en Guaviare, sur del Meta, Caquetá, Costa Pacífica nariñense; y los otros que se fueron reacomodando tratando de ocupar los vacíos que dejan otros grupos armados o la ausencia de la Fuerza Pública. En estos territorios se conjugan la presión como fuerza armada, pero también la legitimidad que les dan en algunos poblados por relaciones familiares, políticas, económicas y sociales.
“El problema no es la reincidencia es sí misma, lo cual estaba en los planes, sino la estrategia del Estado para controlar las zonas donde antes operaban las Farc y, sobre todo, los nuevos reclutas de estos grupos”, señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares.
Y es que, según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el 94 % de los excombatientes de las Farc que iniciaron el proceso de reincorporación se mantienen en él, lo que corresponde a 12.767 excombatientes de un total de 13.510. Lo anterior indica que los grupos residuales están conformados en su mayoría por nuevos miembros.
El coronel (r) Jhon Marulanda, analista internacional en seguridad y defensa, explicó que los grupos criminales en Colombia generan rentas extraordinarias de cuenta del narcotráfico, la extracción ilegal de oro y la extorsión, por lo que se vuelven muy atractivos para los pobladores de las zonas más pobres del país, que son precisamente donde más grupos hay. Esto sin contar con que muchos de los miembros de las disidencias estarían en estados fronterizos de Venezuela y allá crecen igual.
Según Johnson, como la solución a las causas del conflicto que se plantearon en el Acuerdo de Paz son a tan largo plazo, eso implica que esas mismas poblaciones sigan siendo caldo de cultivo para la ilegalidad.
