En la denuncia se advierte que la actuación de la fiscal General contraviene el principio de legalidad, en tanto fueron capturados en flagrancia.
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue denunciada la fiscal General, Luz Adriana Camargo, luego del escándalo que suscitó la retención y posterior liberación de varios cabecillas de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, quienes se movilizaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en vías de Antioquia.
Según la denuncia, conocida por EL COLOMBIANO e interpuesta por un ciudadano identificado como Santiago Suárez Morales, la fiscal Camargo habría violado varios principios de la Constitución Política, así como artículos del Código de Procedimiento Penal al permitir la libertad de tres de los siete detenidos durante el procedimiento.
En el documento se argumenta que el pasado martes, día del operativo –efectuado en jurisdicción del municipio de Cisneros, nordeste de Antioquia–, Camargo emitió una solicitud de liberación de los cabecillas que fueron capturados en flagrancia. “Esta acción ha generado profunda preocupación y controversia debido a las implicaciones legales y constitucionales que conlleva”, señala la denuncia.
Durante el operativo fueron capturados Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o “Firu”, cabecilla del frente 36 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), así como alias Érika Castro y alias Boyaco. Sin embargo, algunos de los detenidos fueron dejados en libertad debido a que cumplían con el rol de negociadores de paz en los diálogos adelantados por el Gobierno de Gustavo Petro.
“Tres de ellos (fueron) dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley”, explicó el ente investigador, que precisó que mantiene activas las investigaciones contra los implicados y abrió nuevas indagaciones por los hechos delictivos registrados en la fecha.
Sin embargo, en la denuncia se advierte que la actuación de la fiscal General contraviene el principio de legalidad, en tanto fueron capturados en flagrancia. “La flagrancia es una circunstancia legal que permite la detención inmediata y la continuación del proceso penal, asegurando así la efectividad de la justicia y la protección de la sociedad”, explicó el demandante.
Además, se alega que se violó el derecho a la seguridad jurídica –que implica que todas las actuaciones de las autoridades deben realizarse dentro del marco de la ley y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos–, y que hubo una contravención del interés público y la función pública.
“Solicitar la liberación de cabecillas de las Farc capturados en flagrancia contradice este deber, puesto que compromete la efectividad de la acción penal y la seguridad ciudadana. Esta actuación pone en duda la imparcialidad de la fiscal General y socava la confianza pública en la administración de justicia, así mismo pone en entredicho las decisiones de la Fiscalía con base a la seguridad de los colombianos, ya que esta actuación va en contra del Código Procedimental Penal”, se lee en la denuncia.
Señalando incluso que se transgredieron los principios de eficacia y eficiencia en la administración de justicia y el compromiso con la verdad y la justicia, el demandante aseguró que también se pasó por alto el deber de respeto y protección de los derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad en general.
“El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de sus ciudadanos frente a actos delictivos, especialmente aquellos cometidos por grupos armados ilegales como las EMC. Solicitar la liberación de personas capturadas en flagrancia podría ser interpretado como una falta de protección efectiva de los derechos a la vida, integridad y seguridad de los colombianos”.
Además de las capturas de alias “Firu”, cabecilla del frente 36 de las disidencias, alias Érika Castro y alias Boyaco, las autoridades hallaron varios elementos en los vehículos que fueron interceptados en la mañana de este martes en jurisdicción del municipio de Cisneros. En la caravana, en la que también viajaban Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro; se hallaron 60 millones de pesos en efectivo.
“Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos. Y los $60 millones no sé dónde los tenían metidos, pero en vehículos de la UNP no se deben llevar ese tipo de cosas ni armas ni drogas”, indicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez, tras la inspección de los vehículos en Bello.
En los vehículos, los disidentes también llevaban computadores, memorias USB y celulares. Así mismo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que en los vehículos también cargaban armamento. “Se ha encontrado oro, se ha encontrado dinero y armamento”, confirmó el gobernador, quien no pudo asegurar si en los carros también se transportaba droga.
El Ejército interceptó la caravana de vehículos de alta gama sobre las 5:00 de la mañana de este martes, 23 de julio, en la vereda Porcesito, de Cisneros. Allí permanecieron por más de 8 horas hasta que fueron fuertemente escoltados hasta el batallón Pedro Nel Ospina, donde finalmente los disidentes descendieron de los vehículos y se dio la detención de dos de ellos, que tenían orden de captura vigente.
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