La Registraduría decidió no acatar el decreto con el que el Presidente convocó a consulta popular y dijo que serán las altas cortes las encargadas de definirlo.
En medio del choque de trenes entre el Senado y el Gobierno de Gustavo Petro alrededor de si se cumplieron los requisitos para convocar la primera consulta popular que radicó el Ejecutivo, ayer la Registraduría Nacional finalmente se pronunció y –sin darles la razón a unos ni otros–, le tiró el balón a las altas cortes.
Serán ahora ellas las que tendrán la última palabra sobre si se debe o no preparar toda la logística electoral para el llamado a las urnas. Es decir, el mecanismo permanecerá congelado a la espera de una decisión en los estrados, mientras que ayer el Senado hundió la consulta popular 2.0.
“Estamos ante un problema jurídico de talla mayor”, reconoció tajantemente el registrador Hernán Penagos, quien señaló que a su despacho llegaron dos conceptos alrededor de la consulta. Por un lado, un documento en el que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirma que la convocatoria a la consulta se hundió por mayorías el pasado 14 de mayo. Por ende, no se cumplía con uno de los requisitos para darle vía libre al mecanismo.
Por otro lado, también reposa en la Registraduría el controvertido decreto del Gobierno en el que, alertando por supuestas irregularidades, determina que está todo dado para convocar a las urnas y que, de no hacerlo, el organismo electoral incurriría en un supuesto prevaricato. ¿Qué hacer?
“Lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedente ni antecedente en la historia reciente del país, lo correcto y lo pertinente –lo ha enseñado desde hace más de dos siglos la división de poderes–, es dejar en manos de las altas cortes que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. No solo está en juego la convocatoria a una consulta, sino el orden institucional del país”, manifestó Penagos.
El registrador reveló que, hoy por hoy, solo en el Consejo de Estado cursan 10 acciones de nulidad simple frente al “decretazo” y otra contra el acto administrativo que profirió el Senado. Además 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas. Por otro lado, en la Corte Constitucional han sido radicadas 11 demandas de inconstitucionalidad y ante la propia Registraduría hay ocho solicitudes de excepción de inconstitucionalidad, una solicitud de aplicación directa de la Constitución y cinco derechos de petición.
Ante la avalancha de recursos –reivindicando la autonomía e independencia del organismo–, el registrador insistió en que, “cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”. Por ello, confirmó que solicitará un concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y remitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General.
Para Penagos, la única manera de resolver el galimatías jurídico es que las altas cortes se pronuncien de manera “ágil y oportunamente” sobre las diferentes demandas interpuestas. “Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma”.
No es una advertencia menor. Además del equilibrio de poderes, el registrador fue enfático en advertir que en juego hay recursos por el orden de $750.000 millones, los cuales son necesarios para poner en marcha el proceso electoral. “Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada”.
Si bien la determinación del registrador fue aplaudida por varios sectores, desde el Gobierno Petro hubo una oposición férrea. El propio jefe de Estado cuestionó la determinación y sostuvo que, aunque la Registraduría debe ser árbitro de las elecciones, tomó partido, “y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”.
“El decreto que he firmado sobre la consulta popular, con toda la legitimidad de ser el presidente de la Nación por libre voto popular, se respeta, goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición y, solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.
A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alegó que Penagos no está acatando el decreto, pese a ser un operador logístico. “Él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno. Creo que se está equivocando gravemente en eso”.
Con todo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, reivindicó que sí se negó la consulta popular, aunque celebró la decisión del registrador. “Ese “decretazo” ya casi está hundido. Me pareció sensato lo que dijo el registrador frente a que las cortes serán las que digan lo que viene. Eso fue lo que le reclamamos al Gobierno Nacional: no puede abrogarse el papel del poder Legislativo y Judicial diciendo de un solo plumazo que no se negó la consulta. Sí se negó”.
Inclusive, en medio del rifirrafe, la Misión de Observación Electoral (MOE) respaldó al registrador y calificó como “acertada y prudente” la decisión de esperar los pronunciamientos de las altas cortes. “Resulta pertinente, considerando que actualmente en torno a la consulta se encuentran en trámite 44 acciones de nulidad, 97 acciones de tutela en el Consejo de Estado, así como 11 demandas radicadas ante la Corte Constitucional”, dijo Alejandra Barrios.
Si bien la consulta popular permanecerá congelada a la espera del pronunciamiento de las altas cortes, ayer el Senado propinó otro golpe al Gobierno y negó la consulta 2.0 que había radicado el Ejecutivo con 16 preguntas, incluyendo asuntos laborales y de salud. De allí que lo que se decida en los estrados será determinante para los intereses del Gobierno de Gustavo Petro.
*Contrario a lo que espera el Gobierno Petro, que busca que se convoque el proceso electoral el próximo 7 de agosto, la Registraduría pidió considerar los tiempos para este tipo de procesos.
*Penagos señaló que, mínimo, la Registraduría requiere tres meses, “como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable”.
*Según el registrador, desde hoy hasta la fecha de convocatoria de la consulta hay cerca de 53 días: “Materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística”.
