El representante David Racero ha hecho toda su carrera pública sobre la base de hacer control a otros políticos en su relación con el poder. Sin embargo, parece que ha caído en las mismas prácticas; EL COLOMBIANO encontró que durante la administración del presidente Gustavo Petro por lo menos nueve familiares y cercanos suyos han tenido contratos en diferentes entidades centrales del Gobierno. La historia tiene que ver con la influencia de José Luis Mayorca, tío de Racero y oncólogo de profesión que fue congresista y candidato a la Gobernación de Cesar en las elecciones pasadas.
Mayorca era uno de los poderosos socios accionistas de la EPS Medimás, que, paradójicamente, es un ejemplo negativo de una aseguradora malversando recursos públicos y un caso que el presidente Petro podría usar para su argumentación sobre la reforma al sistema de salud. Medimás fue el nombre público que le dieron a una sociedad llamada Prestnewco, para comprar la base de afiliados que estaban con Cafesalud luego de la intervención y el desfalco a la EPS Saludcoop en el Gobierno Santos. Mayorca hizo parte de los dueños de Prestnewco al ser el propietario a su vez del Centro Nacional de Oncología, uno de los accionistas de Medimás.
Le puede interesar: Discurso anticorrupción del representante David Racero tambalea: denuncias contradicen sus mordaces críticas
La composición de esa EPS era enrevesada pero demuestra el poder, los alcances y los intereses de Mayorca en el sector. Su nombre cobró relevancia en el Gobierno porque el 17 de marzo de 2023 apareció sentado junto a su sobrino, el representante Racero, la exministra Carolina Corcho, y el entonces jefe de la Cartera del Interior, Alfonso Prada, en una reunión clave para definir el futuro de la reforma al sistema. La historia la publicó EL COLOMBIANO y otros medios de comunicación pero nunca hubo explicaciones sobre su presencia, porque Mayorca no tenía ningún cargo público ni estaba asesorando a los funcionarios en la reunión. Hasta ese momento no era claro que el exitoso empresario del sector salud era el tío de Racero y que su relación era cercana.
Pero luego hubo otros datos. La Silla Vacía publicó una investigación en la que se evidenció cómo la Cámara de Representantes le entregó varios contratos a esposas de primos de Racero, que apoyaron la candidatura a la Gobernación del Cesar. Su tío era el candidato. Eso ocurrió mientras el joven congresista era el presidente de esa corporación. EL COLOMBIANO tuvo acceso a los documentos que prueban los contratos realizados durante este Gobierno a nueve familiares y cercanos de Racero en numerosas entidades del Ejecutivo, ampliando el poder y la influencia del representante en el Estado.
Daniel Racero Gómez recibió el nombramiento de profesional universitario grado 10 en la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía del Ministerio de Educación, en una resolución firmada por el ministro Daniel Rojas el pasado 26 de diciembre de 2024.
Camila Racero Gómez tiene un contrato en la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de febrero de este año pero había tenido contratos previos en el Ministerio de Cultura desde agosto de 2024.
José Manuel Márquez Mayorca tiene un contrato en Colombia Compra Eficiente desde febrero de 2023 y ha tenido otros contratos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en la Superintendencia de Notariado y Registro.
Lea aquí: Habla asesora de David Racero sobre escándalo por presunta solicitud de plata: “nos prestábamos dinero”
Tania Carmona Racero tiene otro contrato en la ANT para el “acompañamiento en planeación y elaboración de cronogramas para implementación del barrido predial masivo, y apoyo en convocatoria y divulgación de actividades, caracterización de sujetos de ordenamiento, acompañamiento a medicación y resolución de conflictos, espacios de educación a líderes y lideresas comunitarios a través de capacitaciones”, etc.
Félix Darío Racero fue contratado en 2023 en el Sena regional Cesar. De hecho, este caso es importante porque Daniel Coronell publicó unas conversaciones en las que Racero aparece hablando con el director del Sena, Jorge Londoño.
Por estos chats el representante tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia que ha venido avanzando. Racero le decía a Londoño: “¿Tú me dirás en qué subdirección crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?”. Y Londoño le respondió: “Claro que sí, pero déjale alguito a los verdes”.
Edgardo García Mayorca tiene un contrato desde 2023 con la Superintendencia de Notariado y Registro por 26 millones de pesos para el apoyo administrativo como auxiliar.
Leyla García Mayorca tiene un contrato de apoyo a la planeación con enfoque étnico y diferencial por 105 millones firmado en 2024 en el Ministerio de Ambiente. Y Ángela María Araujo, esposa de Walter Fidelio Castilla, primo del congresista, tiene un contrato más de asesoría con el Ministerio de Justicia. Fidelio Castilla hizo campaña por José Luis Mayorca a la Gobernación. Hay varios trinos suyos que lo prueban. El 07 de febrero de 2023, publicó: “Sí se puede cambiar a los enemigos del Cesar. Con Mayorca Castillo tendremos el cambio que necesitamos”.
Estas personas son hermanos, primos por la línea materna o paterna del representante, y familiares o cercanos a su tío José Luis Mayorca. En casi todos los casos se trata de la primera vez que llegaron a trabajar con instituciones del Gobierno Nacional. Además de estos hechos, la Corte Suprema investiga a Racero por los movimientos financieros que hizo con una mujer que trabajaba en su UTL para préstamos en un contexto de subordinación y por las presiones para cargos en el Sena, que parecerían irregulares para un funcionario del legislativo. Pero no se trata del único caso.
En poco más de dos años de mandato del presidente Gustavo Petro se han denunciado otros hechos de presunto nepotismo. El más reciente se conoció esta semana, luego de que a la Dirección de Procolombia en Reino Unido llegó Alejandro Jaramillo Gómez, el hijo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Su designación responde exclusivamente a su trayectoria profesional, experiencia y resultados comprobados”, defendió Procolombia. A principios de mes se supo que el Ejecutivo postuló para la Junta Directiva de Ecopetrol a Ángela María Robledo –exfórmula vicepresidencial de Petro en 2018–, a Hildebrando Vélez –papá de la exministra de Minas Irene Vélez, hoy próxima directora de la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales–, y a Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama Verónica Alcocer.
A propósito de Ecopetrol, a finales del año pasado se denunció una supuesta injerencia indebida de Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Además de presuntamente sugerir puestos y recomendar hojas de vida, Caicedo habría influido en negocios de la petrolera.
“Respecto a mi pareja y su poderío y su relación con Ecopetrol, no la tiene y nunca la ha tenido y no la va a tener”, defendió en su momento el presidente de la compañía.
Adicionalmente, en agosto de 2023 se demostró que la entonces ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tenía a tres familiares trabajando en cargos del Estado. Con contratos en mano, la oposición reclamó que la hermana de la exministra, Diana Zuleyma Ramírez Ríos, fue nombrada como subdirectora técnica en el Instituto Nacional de Salud (INS) en febrero de ese año.
Además: “Mi familia no está vinculada a casos de corrupción”: Paloma Valencia se defiende de las acusaciones de Petro por supuestos vínculos con Coosalud
Dos hijos de la exfuncionarios también entraron al Gobierno. En abril de 2023, Diego Alejandro Restrepo Ramírez fue designado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); mientras que Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez fue contratista del Ministerio de Cultura. El 17 de enero este último renovó contrato hasta diciembre de 2025 por $129 millones, es decir, una asignación mensual de $10 millones.
Justo el año pasado, se conoció también que Juan Pablo Morris –hermano de Hollman Morris, actual gerente de RTVC–, se hizo a un contrato en la Unidad de Restitución de Tierras como “asesor de asuntos administrativos y de planeación” por valor de $131’215.900 en nueve meses, lo que corresponde a ingresos mensuales de $13’812.200. Previamente, Morris se desempeñó como jefe de prensa del Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo.
Entre 2022 y 2024, en Colombia se crearon 31.339 nuevos cargos en la rama Ejecutiva. Ello implica que, en promedio, cada día se gestaron 28 nuevos puestos en el Gobierno. Solo entre 2023 y 2024, con el presidente Gustavo Petro ya en ciernes, hubo 26.625 nuevos funcionarios en la planta de personal. Es decir, el año pasado cerró con 916.034 servidores públicos que le cuestan al erario alrededor de $59,9 billones solo en salarios.
Las cifras, conocidas en detalle por EL COLOMBIANO, fueron divulgadas por la senadora de oposición Paloma Valencia (Centro Democrático), quien a través de derechos de petición pudo hacer una radiografía de la contratación de personal en la era Petro.
Según las estadísticas –emitidas tanto por el Ministerio de Hacienda, como por Función Pública–, casi la mitad de los nuevos cargos creados en este Gobierno (14.240) corresponden a empleados públicos corrientes, mientras que 12.140 son docentes y 4.959 personales uniformados de la Fuerza Pública. De acuerdo con la congresista, el Estado colombiano tiene hoy por hoy 1,3 millones de servidores públicos, teniendo en cuenta los funcionarios del Congreso, los de entes autónomos, de la rama Judicial o a nivel territorial (alcaldías y gobernaciones). Desde 2022, en total, se crearon más de 56.000 nuevos puestos de estos organismos a nivel nacional, pero los 31.339 son bajo la batuta de Petro. Es decir, el 55,9 %.
“Salvo la pandemia, que requirió personal adicional, el 2024 ha sido el aumento más alto de la historia reciente en nuevos cargos con 26.625”, agregó la senadora quien sostuvo que, no obstante la emergencia sanitaria que hizo que se llegara a 913.040 cargos públicos en 2021, un año después ese número bajó y llegó a 884.695 funcionarios en la rama Ejecutiva. Llama la atención que –además de 13.559 nuevos puestos para empleados de planta entre 2022 y lo que va de 2025–, los cargos en los que más se han gestado plazas de trabajo son la Dian, con 10.196 puestos; el Sena, con 1.152; el Ministerio de la Igualdad, 744; Migración Colombia, con 667, y el Ministerio de Cultura, con 321.
En el caso de la Dian, el aumento en la planta de personal obedeció a un acuerdo que se firmó en septiembre de 2023 entre la entidad y el sindicato para formalizar 10.000 cargos. Lo anterior, por cuenta de una queja ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) debido a un caso por incumplimiento de acuerdo colectivo de trabajo.
Lo cierto, según evidencian las cifras, es que tanto en 2023 como en 2024 los gastos por el nuevo personal ascendieron hasta los $3,4 billones, mientras que en 2025 se calcula que las nuevas plazas le costarán al erario $7,8 billones. “Este país acaba de romper la regla fiscal y el Comité Autónomo dice que tenemos un déficit de más $23 billones, la mitad de ese déficit es burocracia”, remató Valencia. En medio de la controversia, desde el oficialismo se pronunció el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Aunque reconoció el aumento en materia de personal, aseguró que al revisar el histórico de las cifras son “totalmente normales, como en cualquier Gobierno”.
En esa línea, aseguró que, aunque la senadora de oposición intenta “hacer un escándalo englobando una cifra en un propósito muy electoral”, no hay que pasar por alto que parte de los cargos son para aumentar la planta docente, así como para robustecer la Fuerza Pública. “Una de las acusaciones es que en este Gobierno supuestamente se debilita a la Fuerza Pública, pero las estadísticas muestras que se ha proveído los cargos. Además, hay otros cargos que tienen que ver con docentes. Eso no es un gasto burocrático, de ninguna manera. Ojalá hubiese más docentes y médicos para atender las necesidades de los territorios”, declaró Cepeda a EL COLOMBIANO.
Inclusive, el senador petrista le tiró una pulla a Valencia y le pidió que, como integrante de la Comisión Primera del Senado, ayude con su voto a tramitar el proyecto de acto legislativo que busca reducir el salario de los congresistas. “Eso sí ayudaría a las finanzas públicas, no que se oponga a la iniciativa”, agregó.
Sin embargo, la senadora uribista contestó que, en el caso de los docentes, además de que hoy en Colombia hay un decrecimiento de la población, la contratación debería estar más orientada en aprendizaje automático (machine learning) o inteligencia artificial para programación. “No hay ninguna apuesta novedosa en educación”, agregó, afirmando además que en el Sena no se ve tampoco “una mejoría en términos de la oferta educativa”.
El debate es amplio, pero es claro que en el Gobierno hay familiares de funcionarios influyentes que han logrado escalar en el sector público sobre quienes no tienen esa puerta. En uno de sus videos de campaña al Congreso, el representante Racero decía que en Colombia uno de los malestares más acuciantes era “la clase política corrupta que debía ser cambiada”. Los datos anteriores demuestran que ese propósito todavía está lejos en el marco de las promesas del plan de Gobierno del presidente. Y no solo se trata de familiares, sino de recomendaciones que todavía no tienen explicaciones detalladas, como las de las hojas de vida para puestos claves en las direcciones de puertos y aduanas que hicieron Roy Barreras y Armando Benedetti al exministro Luis Carlos Reyes.
EL COLOMBIANO le envió preguntas precisas al representante Racero. Al cierre de esta edición el congresista no contestó.
Siga leyendo: Crece el escándalo: audios y transferencias evidenciarían más irregularidades en el equipo del representante David Racero
