Durante la primera audiencia pública en la Comisión Primera del Senado sobre el proyecto de reforma a la justicia, sus ponentes —la ministra de Justicia, la fiscal general y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra— defendieron los 13 puntos contenidos en la iniciativa, haciendo especial énfasis en el artículo siete, que trata sobre los beneficios a los agresores de niños, niñas y adolescentes.
La controversia se ha desatado en redes sociales tras las declaraciones del magistrado Chaverra, según las cuales el proyecto de reforma contempla rebajas de pena de hasta el 25 % para quienes cometan violencias contra los menores de edad. Esto, según explicó, serviría como estrategia para disuadir al procesado a reconocer su responsabilidad en el delito.
“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, dijo el presidente del alto tribunal.
De acuerdo con el magistrado la imposición de una pena real, y no abstracta, refiriéndose a penas de 40 y 50 años que no terminan cumpliendo, ayudaría a disminuir la comición de estos delitos, con efectos “positivos para la comunidad”.
“Esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable sí va a disuadir la comisión del delito (...) logramos el efecto de la prevención especial de sacar a ese delincuente que afectó la dignidad y la libertad de un menor de edad del entorno social, que muchas veces es la propia familia, y no lo que está pasando ahora, que cometen ese tipo de delitos y a los seis meses vuelven otra vez a ese entorno”, añadió el presidente Chaverra.
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En el mismo sentido, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió el proyecto y aclaró que la propuesta incluye sanciones máximas de 14 años, lo que, según ella, garantizaría que los responsables de estos crímenes enfrenten consecuencias adecuadas.
De acuerdo con la funcionaria, el proyecto brinda una respuesta clara y efectiva frente a la impunidad, toda vez que sí contempla sanciones.
La discusión en torno a la reforma se ha polarizado, en especial en lo que respecta a la posibilidad de aplicar penas más severas, como la cadena perpetua, que ha sido propuesta por diversos sectores sociales y políticos.
La jefe de la cartera destacó que “la dicotomía entre cadena perpetua y una pena proporcional” complica el debate, pero enfatizó que su propuesta no generará impunidad.
