La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, a 72 meses (seis años) de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo.
La decisión se originó por las irregularidades detectadas en dos contratos suscritos en 2013 para la construcción de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) en Istmina, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Además, el alto tribunal le impuso una multa de 145,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilidad de 88,48 meses para ejercer derechos y funciones públicas y ordenó su captura inmediata para cumplir la pena en un establecimiento del Inpec. El exfuncionario fue absuelto del delito de peculado por apropiación.
Durante el proceso también fue investigado el entonces gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna. Sin embargo, tras su fallecimiento en 2025, la acción penal en su contra fue extinguida, aunque la Corte precisó que las pruebas recaudadas continuaron siendo válidas para el análisis del caso.
Las irregularidades en la contratación
La investigación se centró en el Contrato de Obra No. 010 de 2013, por $4.793.416.093, y el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 032 de 2013, por $336 millones, ambos relacionados con la construcción de la sede de la UTCH en Istmina.
La Sala concluyó que Palacios Mena desconoció los principios de planeación, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal. Determinó que intervino en la elaboración de los estudios previos, la apertura de la licitación y la firma de los contratos cuando ejercía como secretario de Infraestructura, Vivienda y Movilidad del departamento y posteriormente como gobernador encargado durante varios periodos de 2013.
Entre los hallazgos, la Corte estableció que el contrato de interventoría fue suscrito el mismo día en que se abrió la licitación de la obra. Además, la Universidad Tecnológica del Chocó no tenía la capacidad técnica ni logística para asumir esa labor, por lo que subcontrató la totalidad de la interventoría con un particular. También se evidenció que no se realizó un concurso de méritos ni estudios de mercado que respaldaran el valor contratado.
Respecto al contrato de obra, la Corte concluyó que el proyecto tenía fallas desde su planeación. Aunque el OCAD aprobó inicialmente una iniciativa de cuatro bloques, su alcance fue modificado sin justificación técnica ni económica. Además, los estudios previos se basaron en un lote de 15.000 metros cuadrados, pero verificaciones posteriores establecieron que solo había 7.395 disponibles por ocupaciones, conflictos sobre la propiedad y una vía pública, lo que llevó a suspender la obra un día después de iniciada.
La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que evidenciaron incumplimientos de la Norma Sismo Resistente NSR-10, deficiencias en los estudios de mercado y la falta de análisis suficientes sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto, que actualmente permanece inconcluso.
Los argumentos de la Corte
La Corte rechazó los planteamientos de la defensa que atribuían las irregularidades a administraciones posteriores y concluyó que el exfuncionario, por su formación como ingeniero civil con estudios de especialización y maestría en estructuras, tenía los conocimientos necesarios para advertir las falencias de los contratos.
En la sentencia, la Sala señaló: “El dolo con el que actuó se valora de alta intensidad, teniendo en cuenta que Palacios Mena perfeccionó no solo el contrato de obra 010 sino también el de interventoría 032, suscribiéndolos sin que reunieran los requisitos exigidos legalmente, falencias que conocía directamente por haberlos tramitado él mismo cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura del departamento del Chocó, lo que denota que su actuar a todas luces fue premeditado, en la medida en que el plan criminal se fraguó desde su condición de secretario de Infraestructura y se perfeccionó una vez fue designado como gobernador”, señaló la Sala.
La providencia concluyó además que su actuación facilitó la apropiación indebida de recursos públicos en favor de terceros y estableció un detrimento patrimonial de $4.109.313.985. La decisión no fue unánime, ya que el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera presentó un salvamento parcial de voto frente a la ejecución inmediata de la sentencia.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué delito fue condenado Francisco Abraham Palacios Mena?
- Fue condenado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. La Corte Suprema determinó que incurrió en irregularidades durante la celebración de dos contratos relacionados con la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina.
- ¿Qué contratos originaron la condena del exgobernador encargado del Chocó?
- La condena está relacionada con el Contrato de Obra No. 010 de 2013, por $4.793 millones, y el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 032 de 2013, por $336 millones, ambos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
- ¿Qué irregularidades encontró la Corte Suprema en el proyecto de la UTCH?
- La Corte identificó fallas en la planeación, modificaciones al alcance del proyecto sin sustento técnico, deficiencias en los estudios previos, problemas con el terreno, incumplimientos de la norma NSR-10 y falencias en la contratación de la interventoría.
- ¿Qué sanciones recibió Francisco Abraham Palacios Mena además de la prisión?
- Además de seis años de prisión, fue condenado a pagar una multa de 145,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado por 88,48 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
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