Era 25 de enero de 2024. El presidente Gustavo Petro estaba dando un discurso desde Micay, en el Cauca, y el escándalo por el entramado de corrupción en la UNGRD seguía ocupando los titulares de prensa, las tendencias en redes sociales y los debates políticos.
El panorama era el siguiente: tres niños desaparecidos, más de 10 heridos y al menos 10 viviendas destruidas en Micay tras una avalancha provocada por intensas lluvias; el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y del Desastre (UNGRD), Olmedo López, llevaba más de un mes suspendido por orden de la Contraloría luego de no haber respondido requerimientos ni asistido a audiencias de seguimiento sobre la reconstrucción en Mocoa y Piojó.
Mientras tanto, el presidente Petro lo defendía: “Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios, la entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD y ¿dónde está el director?, suspendido (...) ¿Ustedes suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy? ¿Eso es hacerle bien al país? Oigan, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia”, aseguró.
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Para cerrar aquel discurso, Petro dijo: “nos dañan las posibilidades ¿Pero por qué es? ¿A qué se debe eso?”. Un mes después, López renunció a la UNGRD. Siete meses después de su renuncia, un juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad y la Fiscalía le imputó cinco delitos relacionados con corrupción en contratación pública. Fue así como López terminó en el Batallón Caldas, en Bogotá.
Ignorando aquella cronología, el presidente Gustavo Petro trinó este jueves 12 de marzo, asegurando que es injusto calificar el entramado de corrupción de la UNGRD como uno de los peores de la historia y que él fue quien sacó a López de la entidad apenas se supo todo.
“Cuando se descubrió el intento de Olmedo al lado de la maquinaria clientelistas de Santander de los Aguilar de tomar recursos públicos de la contratación de la UNGRD, lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó”, escribió el presidente.
Su afirmación es parcialmente verdadera. Lo cierto es que para enero, cuando lo defendió, ya todos los indicios apuntaban a López, y pese a que el escándalo comenzó en 2023, el presidente Petro no le pidió su renuncia sino hasta febrero de 2024. En ese mismo año, en enero, salió a medios de comunicación a pedir que, por favor, lo dejaran trabajar.
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Es importante recordar que el caso y la condena de seis años de prisión en contra de López se derivan de que, según la Fiscalía General de la Nación, funcionarios de la entidad habrían desviado recursos públicos y ofrecido contratos de obras a cambio de apoyos políticos para formas del Gobierno Nacional en el Congreso.
Las denuncias surgieron tras irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira, y la historia es enredada como suelen ser las licitaciones en Colombia, pero se desenmaraña fácil.
Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) realizó una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
La UNGRD envió una invitación de competición a tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS. En su orden, la primera presentó una oferta de valor por unidad para cada carrotanque de 1.087 millones de pesos; la segunda de $1.152 millones; y la tercera, que se ganó el contrato, de 1.280 millones de pesos. Aquí comenzaron las dudas.
Pese a que Impoamericana Roger SAS presentó la oferta más costosa, no pidió ningún anticipo, tampoco tenía experiencia en el sector, y su capital era de poco más de 200 millones de pesos. Estas conclusiones anómalas aparecen en un informe posterior que hizo la Contraloría General. Luego, cuando se conoció que los carrotanques estaban guardados en un parqueadero, sin ser utilizados, las conexiones no tardaron en conocerse.
Los representantes y directivos de las tres empresas que compitieron estaban conectados. Como sucede en muchas licitaciones públicas, hubo un presunto pacto para que las tres compañías simularan competir pero estaba decidido que el contrato se lo iba a ganar Impoamericana Roger SAS. Y así ocurrió.
La Ungrd hizo el pago, los carrotanques fueron comprados al tercero Kenworth de la Montaña, una empresa con sede en Medellín, y entregados a la UNGRD. Sneyder Pinilla firmó el recibimiento de los vehículos, tal como recibió la parte del soborno exigido a los empresarios que compitieron en la licitación. Y luego vinieron las delaciones de la última semana.
En cuanto a su última afirmación, relacionada con ofrecer contratos de obras a cambio de apoyos políticos hacia las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso, el entramado es mucho más largo.
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Tanto Olmedo López como otros implicados en el caso como Pinilla y María Alejandra Benavides (exasesora del Ministerio de Hacienda de Bonilla y testigo clave a cambio de inmunidad) han mencionado a al menos nueve congresistas que estarían implicados en estas mañanas.
Entre ellos, Wadith Alberto Manzur (del Partido Conservador) y Karen Manrique (de las curules de paz), reelectos el pasado 8 de marzo y recientemente capturados tras una orden de la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo, la Corte investiga a otros presuntos implicados como Martha Peralta (actualmente del Pacto Histórico y, para el siguiente periodo legislativo, representante de las curules indígenas por el Mais); Liliana Bitar, del Partido Liberal; Julián Peinado, también del Partido Liberal; Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz de la Alianza Verde.
De esta lista solo fue reelegida Peralta.
Al respecto, Petro aseguró: “Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó. Es decir no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mi mismo, el que lo intente se va, como se fue Olmedo. Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo”.
Aquella afirmación es parcialmente cierta, porque sí, es verdad que ninguno de los proyectos relacionados a la UNGRD prosperó, pero no fue por orden del presidente, sino que se atañe a la presión mediática y la vigilancia política, estatal y ciudadana hacia los procesos que tenían sospechas.
Por ejemplo, según el testimonio del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en 2023 la representante Karen Manrique sostuvo varias reuniones con él y con funcionarios de la entidad para revisar la viabilidad de tres contratos que en conjunto sumaban cerca de 92.000 millones de pesos.
Según su versión, estos proyectos —destinados a Cotorra (Córdoba), El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca)— se habrían planteado como parte de un acuerdo para asegurar votos favorables de congresistas en la comisión que aprueba créditos internacionales del Gobierno.
López afirmó además que la congresista anotó en su libreta detalles sobre los contratos y los municipios beneficiados, tras supuestos acuerdos con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Aunque uno de los proyectos, el de Saravena, tenía como propósito oficial obras para prevenir inundaciones, López aseguró que en realidad se usaría para financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Ninguno de los contratos se firmó ni se ejecutó porque el escándalo de corrupción en la entidad se hizo público, lo que llevó a la salida de López y abrió investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema contra los implicados.
En medio de todo este lío, López ha asegurado que lo han amenazado para que no siga hablando. El primero de junio de 2025, la unidad investigativa de Noticias Caracol publicó una carta de López, escrita desde la cárcel.
En ella, López dio entrever que le parecía injusta la condena recibida y la falta de apelación a la caída del preacuerdo con la Fiscalía teniendo en cuenta que –según él– gracias a sus delaciones cerca de 20 funcionarios (entre ellos varios muy cercanos al presidente Petro) y por lo menos nueve congresistas están siendo investigados por la rapiña desde la UNGRD.
“Con la improbación del preacuerdo se desvanecía el respaldo que esperaba recibir del ente acusador (...) La ausencia de apelación fue un silencio que grita y que deja al colaborador (López) sin escudo ante quienes fueron señalados por su voz”, escribió el directivo.
“Mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después –motivados por mis delaciones– gozan de beneficios superiores. Principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el sistema que hoy me los niegan se le han dado a varios que incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones” añadió López.
El proceso aún sigue su curso en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quiénes son los principales capturados por la UNGRD?
- parcialmente verdadera. El escándalo estalló a finales de 2023 y Petro lo defendió públicamente en enero de 2024. López renunció por presión propia en febrero de ese año.
- ¿Es verdad que Petro sacó a Olmedo López apenas supo del escándalo?
- ¿Qué es el caso de corrupción de la UNGRD?
- Es un entramado criminal donde se desviaron fondos de emergencias para pagar sobornos a congresistas a cambio de aprobar reformas del Gobierno. El epicentro fue la compra de carrotanques para La Guajira.
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