El 4 de diciembre de 2021, Alaín Suaza, conocido como el “Rey del narcotrafico” o el Pablo Escobar de esta actividad ilegal, fue capturado en la Isla Majaruya, una de las 28 del Archipiélago de las Islas del Rosario, que hoy se encuentra en la mira de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y que espera recuperar para el aprovechamiento de los nativos. Suaza esperaba convertir el predio en un destino de fiesta VIP y ya ultimaba detalles de un ecohotel para ser inaugurado muy pronto.
Suaza fue señalado de crear un gigantesco imperio de empresas fachada en Colombia, Panamá y Estados Unidos, y de tener vínculos con el narcotráfico. Es reconocido, según las autoridades, entre otras cosas, por las camionetas lujosas y por organizar extravagantes fiestas en la Isla Majayura, en las que se hacía pasar por un exitoso empresario. De hecho, en el momento de su captura iba hacia ese lugar, donde por esos días se proyectaba la inauguración de un lujoso hotel.
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Tras la primera demanda presentada por la ANT el pasado 20 de diciembre, se reveló que esta hace parte de los predios que espera recuperar, aunque todavía no está incluida en la demanda oficial que hizo la autoridad de tierras.
El contrato deja al descubierto importantes detalles. La revista Semana reveló que el acuerdo fue firmado el 28 de diciembre de 2020 por Campo Elías Vega, en calidad de subdirector de Administración de Tierras de la Nación de la propia ANT, que le otorgó el uso, goce y aprovechamiento del predio, con las mejoras e instalaciones incorporadas a la compañía Calizas y Agregados Boyacá S.A.S., por ocho años, improrrogables, pero con posibilidad de renovación.
Lo que resulta cuestionable es el precio del arriendo. La firma, que se dedica, entre otras cosas, a la extracción de arcillas de uso industrial se comprometió a pagar tan sólo $ 966.140 mensuales, lo que, de por sí, es una cifra muy baja considerando, sobre todo, que el contrato no estipula qué superficie tiene el predio y reseña apenas los linderos.
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Además, el contrato tiene otra polémica cláusula, la número 11, que especifica las obligaciones de la Agencia Nacional de Tierras en calidad de arrendador. La entidad acuerda hacer el estudio de los proyectos que proponga la compañía Calizas y Agregados Boyacá S.A.S. para la protección del predio y su sostenibilidad ambiental, y admite que, de aprobarlos, el arrendatario puede hacer pagos en especie descontables del canon mensual convenido.
Es decir, que la Agencia que tiene firmado un contrato de menos de un millón de pesos por el arriendo podría descontarle a Calizas y Agregados Boyacá S.A.S. hasta 724.605 pesos mensuales si realizaba las obras de protección, y la Nación solo recibiría $240.000 del arrendamiento.
Demandas de la ANT
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, presentó el pasado 20 de diciembre la primera demanda que permitirá recuperar baldíos reservados de la Nación en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario –un Parque Nacional Natural–, así que inició un proceso de anulación total de 10 contratos de arrendamiento y solicitó al Tribunal Administrativo de Bolívar una medida cautelar de urgencia que permita la recuperación de estos predios en beneficio de las comunidades isleñas.
A través de un comunicado, la ANT presentó los motivos de su demanda, evidenciando que en algunos de estos contratos se pactó “un arriendo inferior al 1% del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), violando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje”.
Es el caso, por ejemplo, de la Isla Punta Brava, en donde el arriendo en 2015 era de $715 millones, el avalúo es de $7.050.000, el 1%, y la diferencia es de $1.182.000. La responsabilidad del IGAC era cobrar este porcentaje en los documentos revisados por la ANT, pues estaban muy por debajo.
Además, la entidad estableció que el 26 de enero de 2017 se había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un 77% inferior al valor que debió pactarse. Los contratos fueron celebrados el último día de existencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. Por tanto, fueron adjudicados “con abuso o desviación de poder”, adjudicados a pesar de que existían contratos anteriores que vencían en diciembre de 2016, entre otras cosas como que estos fueron celebrados pese a que los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado al momento de su firma.
