Más de 6.500 millones de pesos pagados por consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) quedaron bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá. El organismo abrió una investigación fiscal para establecer si la Secretaría Distrital de Movilidad destinó recursos públicos a un servicio que, al parecer, podía suplirse con herramientas tecnológicas que ya hacían parte de la entidad.
La actuación del organismo de control se centra en las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024. Durante ese periodo, la Secretaría de Movilidad realizó 5.467.476 consultas al RUNT, servicio que fue prestado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y que representó un desembolso de $6.501.689.565.
Según la Contraloría, una revisión preliminar evidenció que la información requerida para el desarrollo de las funciones de la entidad ya estaba disponible en plataformas institucionales como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON.
Por esa razón, el organismo busca determinar si los pagos efectuados eran realmente necesarios o si se hicieron desconociendo los principios de eficiencia, economía y racionalidad del gasto público.
Dentro del proceso fueron vinculados exsecretarios y otros funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como un directivo de la ETB, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus explicaciones y ejercer su derecho a la defensa mientras avanza la investigación.
Juan Camilo Corredor Pardo, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, explicó que el objetivo de la actuación es establecer si los recursos públicos sufrieron una afectación y definir las eventuales responsabilidades fiscales.
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“Nuestro deber es proteger los recursos de los bogotanos y garantizar que cada peso invertido responda a criterios de necesidad, eficiencia y legalidad”, afirmó.
La Contraloría indicó que continuará realizando este tipo de actuaciones para verificar el adecuado uso de los recursos del Distrito y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas.
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