En medio de los escándalos recientes por muertes de menores de edad a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Contraloría General de la República reveló un informe que demuestra un grave panorama para los niños de La Guajira.
Tras una investigación de un equipo auditor, la Contraloría determinó que por lo menos 95 de los 265 niños de La Guajira reportados como fallecidos por desnutrición para el año 2022 hacían parte de programas de prevención del ICBF.
Eso se traduce en que el 35,84% de esos niños de que murieron ya habían sido caracterizados con factores de riesgo y se hubieran podido salvar de morir por enfermedades asociadas a la desnutrición si las entidades del Estado hubieran actuado oportunamente. “Determinamos, entonces, que no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición”, dijo la Contraloría.
De hecho, el informe es claro con señalar que una de las grandes falencias del ICBF es que no le reporta a las entidades correspondientes el caso para que se encarguen del estado de salud del paciente.
En términos prácticos, la Contraloría aseguró que cuando el Instituto de Bienestar Familiar identifica a un niño con desnutrición aguda “esa información no es compartida con la EPS del menor ni con el Ministerio de Salud”, dos entidades claves para evitar más decesos.
“Las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil”, resaltó la entidad.
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Por estos casos, la Contraloría focalizó las zonas de riesgo en los municipios de Uribia, Maicao, Rioacha y Manaure; todos ellos ubicados en La Guajira.
En dichos territorios, “la tasa de mortalidad por desnutrición promedio es 61,88 por cada 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental”, reza el documento.
Sumado a eso, la Contraloría también advirtió riesgos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
Según la entidad, “hubo deficiente seguimiento y control a los procesos contractuales por parte de la administración temporal y de los supervisores, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el contrato”, lo que significa que ese programa no funcionó como debía y facilitó que se provocaran complicaciones en la población afectada.
Sobre ese tema, este miércoles se conoció que la primera petición de los 32 gobernadores electos al Gobierno nacional fue incrementar los recursos para el PAE.
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Según los mandatarios, ese aumento de presupuesto buscaría “priorizar este Programa, y así generar condiciones nutricionales adecuadas para que nuestros niños y niñas puedan acceder a las aulas y permanecer con un desarrollo cognitivo pertinente”.
Por ahora, el ICBF no se ha pronunciado sobre este informe puntual de la Contraloría General de la República y, en esa misma línea, el Gobierno nacional tampoco ha respondido si acogerá la propuesta de los gobernadores de incrementar ese presupuesto.
