La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un incremento reciente de la violencia en Buenaventura, donde entre febrero y marzo de 2026 se registraron al menos 23 homicidios, en su mayoría de jóvenes entre 17 y 30 años.
Según la entidad, este repunte está relacionado con disputas entre grupos armados organizados por el control territorial y economías ilícitas, en un contexto que, asegura, evidencia “el incumplimiento de los compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal”.
El informe también señala una expansión de estas confrontaciones en varias comunas del distrito, especialmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12.
De acuerdo con la Defensoría, estos hechos responden, entre otros factores, a procesos de reconfiguración interna de las estructuras armadas, asociados a capturas recientes que han generado disputas por el control de los territorios.
Como consecuencia, se han consolidado dinámicas como las denominadas “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto en distintos barrios, lo que afecta la vida cotidiana de la población.
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La entidad alertó además por el impacto diferenciado en jóvenes hombres, quienes estarían expuestos a riesgos de reclutamiento, instrumentalización o señalamientos en medio de estas disputas.
También documentó al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otro menor presuntamente vinculado a grupos armados y tres casos de desaparición.
Sobre este último punto, la Defensoría indicó que “la falta de información y las dificultades en los procesos de búsqueda e identificación” agravan la situación de las familias que buscan a sus seres queridos.
El problema, cabe aclarar, no se presenta únicamente en Buenaventura. Según un informe reciente del mismo organismo estatal, con corte al 31 de marzo les han reportado al menos 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Los departamentos más golpeados por esta problemática son Antioquia y Norte de Santander.
“Esta realidad no puede continuar, el Estado debe fortalecer los mecanismos de prevención y protección que garanticen el goce efectivo de derechos para las y los menores de edad y darles la oportunidad de tener un buen futuro”, explicó la Defensoría.
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El organismo también reportó afectaciones en entornos escolares, así como la persistencia de extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros y enfrentamientos armados en distintos sectores, que han impactado viviendas y limitado la movilidad.
En este contexto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional, regional y local a implementar medidas urgentes que permitan contener la violencia y proteger a la población civil.
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”La respuesta institucional debe priorizar los sectores con mayor afectación y atender de manera diferenciada a jóvenes, comunidades en condición de vulnerabilidad y entornos educativos”, dijo la Defensoría.
Finalmente, la entidad instó a los grupos armados que participan en diálogos de paz a cumplir los compromisos adquiridos: “Deben respetar la vida e integridad de las comunidades y avanzar en procesos que permitan su desmovilización y reintegración a la sociedad”.
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