El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 4 años, 10 meses y 19 días de prisión contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien además quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.
La investigación determinó que Rodríguez Melo participó en el direccionamiento de contratos para carrotanques y obras de mitigación en La Guajira, favoreciendo al contratista Luis Eduardo López Rosero a cambio de una dádiva de 1.000 millones de pesos. Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario reconoció los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado y se comprometió a devolver el dinero recibido.
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Las pruebas recolectadas por la Fiscalía revelaron que Rodríguez Melo presentó al entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, tres cotizaciones de empresas de López Rosero. Con esas propuestas se definieron los términos de la convocatoria que permitió adjudicar una orden de proveeduría por 40 carrotanques valorados en 46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades vulnerables.
Además de la pena de prisión, el fallo de segunda instancia incluyó una multa equivalente a 2.761 salarios mínimos legales mensuales vigentes, confirmando la gravedad de la conducta y la afectación a los recursos públicos. “Rodríguez Melo aceptó los delitos y se comprometió a reintegrar los 1.000 millones de pesos que recibió en dádivas”, precisó la Fiscalía General de la Nación.
Cabe aclarar que anteriormente Rodríguez Melo había solicitado prisión domiciliaria, argumentando ser el único proveedor económico de su hijo menor y alegando problemas de salud. Sin embargo, el juzgado determinó que, pese a su custodia, el menor contaba con un entorno familiar, incluida su madre, capaz de ofrecerle acompañamiento y apoyo, por lo que rechazó la solicitud de casa por cárcel.
Este caso es parte de un entramado más amplio de corrupción que sacudió a la UNGRD y al Congreso colombiano. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, acusados de cohecho impropio. Estas detenciones se suman a las de los expresidentes del legislativo Iván Name y Andrés Calle, y de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla, en un proceso que involucra a políticos, funcionarios y contratistas de alto nivel.
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El escándalo también alcanzó al Ejecutivo. En 2025 fueron detenidos los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de presuntamente usar recursos de la UNGRD para comprar votos parlamentarios. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue capturada por su rol como intermediaria de pagos ilícitos, mientras que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exjefe de Inteligencia, Carlos Ramón González, huyó a Nicaragua. Además del nuevo congresista, Jhon Fredy Núñez, también bajo investigación por su presunta vinculación en el escándalo de la UNGRD.
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