La Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, que señala que el Gobierno Nacional debe emprender todas las acciones necesarias para recuperar el Tesoro Quimbaya.
Se trata de una colección que es patrimonio natural y arqueológico de 122 piezas que permanecen en el museo de América de Madrid, España, luego que el Gobierno del ex presidente Carlos Holguín Mallarino las entregara al Reinado de España en 1893.
La Corte estudia una tutela que presentó el abogado Felipe Rincón Salgado, considerando que dicho tesoro, inicialmente de 433 piezas, como propiedad de la Nación no puede ser trasmitida y que, en ese sentido, el presidente Holguín vulneró derechos y la ley civil vigente por donar la colección a España sin autorización del Congreso de la República.
El magistrado Rojas argumentó en su ponencia que se le debe dar el plazo de un año al Gobierno para que inicie las labores diplomáticas a que haya lugar para recuperar el tesoro. La ponencia deberá ser estudiada por la Sala Plena de la Corte.
En este caso, se hizo una audiencia pública en la cual el abogado Rincón Salgado explicó que Holguín donó, sin autorización previa del Congreso de la República, la colección Quimbaya a la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena y que la reclamación no es “inquina ni revanchismo entre Estados”.
“La reclamación es un acto de soberanía cultural e histórica. No debemos avergonzarnos ni ser timoratos en reclamar nuestro patrimonio cultural, arqueológico e histórico. Así lo ha hecho Perú, México, Egipto y la misma España, es un tema claro de identidad. (...) Estamos convencidos que el reino de España lo retornará pues es consciente que moralmente el tesoro Quimbaya pertenece al patrimonio de Colombia”, precisó.
La petición del abogado fue apoyada por la Defensoría y por la Procuraduría General de la Nación.
En contra, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y la Cancillería se opusieron a las pretensiones de la tutela por considerar que en su momento fue un acto legítimo.
“Hay que mencionar que el acto unilateral del jefe de Estado de Colombia en 1893 constituyó una manifestación de voluntad de la República de Colombia, dentro del marco normativo interno vigente, al ser el Jefe de Estado el representante natural y legítimo ante los demás estados. Se trató así de un acto legítimo y revestido de legalidad”, señaló en su momento la vicecanciller Patty Londoño.
