Trata de personas, fenómeno sin freno en Colombia y el mundo

Hoy se conmemora el día de la lucha contra este delito. Este es el plan del país.

Colombia ha avanzado en la lucha contra el delito de trata de personas. FOTO Colprensa

En 2019 fueron registradas 124 víctimas de trata de personas en Colombia, sin embargo, identificarlas a todas es una tarea pendiente. Es por esto que hoy no se sabe cuántas personas en realidad sufren por este delito, según el reporte del Departamento de Estado de EE.UU., publicado el mes pasado. En este se hace una radiografía de este delito desde hace 20 años, con el propósito de combatir este crimen en el mundo.

Colombia continúa este año en el grupo de países que cumplen con los requisitos básicos para luchar contra la trata de personas, según el mismo informe.

Además, indica que esto no quiere decir que en estos países no haya trata de personas o que se esté haciendo lo suficiente para acabar con la práctica, sino que han mostrado responsabilidad y han hecho un esfuerzo continuo para cumplir con los estándares básicos de combate a la trata.

Colombia hizo parte de esta categoría, al igual que en 2019, porque obtuvo logros, como la identificación de víctimas, la aprobación de un decreto en contra del reclutamiento, la apertura de 37 investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionadas con el reclutamiento, y una respuesta firme ante la crisis migratoria de Venezuela, que redujo la vulnerabilidad de esta población.

La radiografía a nivel latinoamericano no es alentadora. Los únicos cuatro países que cumplen con los requisitos básicos son Colombia, Argentina, Guayana y Chile, mientras que 18 países no lo hacen, entre ellos Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, México y Uruguay. Cuba, Venezuela y Nicaragua no hacen nada.

Según el artículo 188-A del Código Penal colombiano, la trata de personas incluye cualquier práctica en la que se capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro o fuera del país con fines de explotación, es decir, sacar provecho económico o laboral.

El artículo explica que allí hay otros cinco delitos: mendicidad, tráfico de órganos, matrimonio servil, explotación sexual y trabajo forzado.

Puntos a favor

El documento del gobierno estadounidense indica que los aciertos de Colombia en 2019 se centraron en los esfuerzos para la prevención de la trata y en la investigación sobre cómo se da el delito en el país.

La línea telefónica 145 de asistencia contra la trata de personas, disponible las 24 horas del día, brindó asesoramiento sobre ofertas de trabajo en el extranjero y corroboró la legalidad de los empleadores. El reporte señala que a través de esta línea se logró identificar 93 posibles casos.

Respecto a lo que ha hecho el gobierno, el Ministerio del Interior le dijo a EL COLOMBIANO que se ha trabajado en “una estrategia que está encaminada a fortalecer las acciones interinstitucionales, pero sobre todo a incentivar la denuncia de la trata de personas en toda la geografía nacional”.

En la respuesta, este despacho también hizo énfasis en el valor de la denuncia, pues “si alertamos a las autoridades podemos prevenir que inocentes caigan en las redes de quienes trafican con seres humanos”.

Por mejorar

Aunque el país cumple con los requisitos básicos, el informe señala que aún tiene varias debilidades que podría superar.

El reporte afirma que uno de los problemas es que el artículo del Código Penal que define la trata de personas en Colombia, es incompatible con la definición de trata del derecho internacional, pues señala que “esta ley no incluye la fuerza, el fraude o la coacción como elemento esencial de un delito de trata”, por lo tanto, “a veces se acusa a los traficantes de delitos menores, como la inducción a la prostitución o el proxenetismo”.

Otro obstáculo es el reclutamiento forzado y la actividad delictiva forzosa por grupos armados ilegales, ya que es un delito de trata según el documento; sin embargo, en Colombia se investiga como un crimen diferente. Además, se señala que desde 2017 no se condena a ningún miembro de estos grupos por los hechos.

En cuanto al reclutamiento, la directora del Icbf, Lina Arbeláez, presentó ayer la estrategia Súmate, que busca enfrentar este flagelo. “El reclutamiento es una flagrante violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, trunca sus proyectos de vida, limita su posibilidad de detonar sus talentos y de tener una vida digna”, manifestó la funcionaria.

Otras preocupaciones

La corrupción y la complicidad de funcionarios públicos y de policías, también es tema de preocupación, según el informe. Aunque se abrieron investigaciones y se detuvo a algunos por complicidad, las autoridades optaron por medidas disciplinarias en vez de penas de prisión, “una respuesta que no se correspondía con la gravedad del delito y que obstaculizaba los esfuerzos por combatir la trata”.

Es por esto que el documento indica que muchas víctimas se muestran reacias a denunciar o a testificar, por miedo a las represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia.

La asistencia a las víctimas también fue deficiente. El reporte asegura que “el gobierno no proporcionó servicios mínimamente adecuados para el creciente número de víctimas identificadas”. Además, asegura que por cuarto año consecutivo, las autoridades no financiaron a las organizaciones de la sociedad civil que garantizan asistencia y servicios adecuados para las víctimas.

Una de las afectadas es la Fundación Jhonathan, que brinda asistencia especializada a las víctimas y hace campañas de sensibilización desde 2002. Jairo Toro, abogado de la Universidad de Manizales y director la de fundación, manifiesta que la mayoría del tiempo tienen que trabajar “con las uñas y mucho esfuerzo”.

Cuando han tenido presupuesto han logrado grandes objetivos. Toro asegura que “de las 82 víctimas que hemos atendido, a 13 les hemos podido dar proyectos productivos a partir de presupuesto del Estado. Es muy poquito, pero para nosotros es mucho por todo lo que eso implica”.

Respecto a la identificación de víctimas, el informe indica que aunque hay una preocupación por el trabajo forzoso en los sectores de la minería legal e ilegal, del servicio doméstico y de la agricultura cerca al Eje Cafetero y de la ganadería, el Ministerio del Trabajo no capacita a sus inspectores ni hay un protocolo claro para identificar a las víctimas. Esto hace que haya más personas vulnerables a la trata y a las nuevas pautas de reclutamiento.