La embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, Alicia Arango, ha contradicho a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ha afirmado que “se equivoca” al cifrar en 54 los fallecidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde el 28 de abril.
“El número equivocado de las personas muertas en el paro, porque se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron, pero 19 no murieron por el paro y once están en investigación”, ha sostenido Arango, que ha reiterado que Bachelet “se equivoca y eso le hace daño al país”.
De forma paralela, ha insistido en que el país latinoamericano quiere “verdad, no seguir trabajando sobre rumores” y ha censurado que “tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”, según ha recogido ‘Semana’.
Durante su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad suiza de Ginebra, Bachelet informó de que, desde el 28 de abril hasta el 16 de junio, su oficina ha registrado 56 fallecimientos en el marco de las protestas, 54 civiles y dos agentes de Policía y la mayoría en Cali. Asimismo, han registrado 49 presuntas víctimas de violencia sexual.
En su intervención, condenó “todas las formas de violencia” registradas durante las protestas y llamó a las autoridades colombianas a investigar las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante las movilizaciones.
“En Colombia, a escala nacional, se han presentado protestas desde el 28 de abril, en un contexto de crisis económica preexistente y de profundas desigualdades sociales, agravadas por la pandemia de covid-19. Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las alegaciones sobre graves violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública del Estado”, dijo Bachelet.
Así mismo, sostuvo que “si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han registrado varios casos de violencia. Mi Oficina condena todas las formas de violencia, llama al pleno respeto por el derecho a la reunión pacífica y alienta a resolver la crisis mediante el diálogo”.
Desde el 28 de abril, día en que inició el paro, hasta el 16 de junio la oficina de defensa de los Derechos Humanos registró “alegaciones de 56 muertes, entre ellas 54 civiles y 2 policías, en el contexto de las protestas, principalmente en Cali; así como 49 alegaciones de víctimas de violencia sexual. Mi Oficina también está documentando abusos contra los derechos humanos por parte de actores no estatales y los efectos de los bloqueos continuos en los derechos humanos”.
Según Bachelet, “acojo con satisfacción el anuncio del Presidente de una política de cero tolerancia para los abusos perpetrados por la fuerza pública y urjo a las autoridades a que garanticen investigaciones prontas, eficaces e independientes de todas las alegaciones sobre abusos de derechos humanos cometidos desde el 28 de abril, y que los responsables sean presentados ante la justicia”.
Por último, la alta comisionada sostuvo que “la implementación plena del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo clave como respuesta a los disturbios actuales. El completo cumplimiento de estas promesas vitales para las personas en Colombia contribuirá a abordar las situaciones estructurales y a aumentar la confianza en las autoridades del Estado”.
