A las voces de respaldo al alcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien la Procuraduría suspendió de su cargo el martes por presunta participación en política, se sumó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
A través de su cuenta de Twitter, López señaló que “por respeto a la voluntad ciudadana las sanciones a los electos popularmente las ponen exclusivamente los jueces”. Además, dijo que no se puede desconocer lo determinado por la Constitución, la sentencia de la Corte IDH y la ciudadanía.
“Esa sentencia y demás garantías democráticas deben acatarse”, enfatizó López, haciendo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de “Gustavo Petro vs Colombia”, que determinó que las normas que facultan a la Procuraduría para destituir a funcionarios democráticamente electos “constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Es decir, a Colombia ya la sancionó la Corte IDH por decisiones de la Procuraduría para las que no tendría facultades según lo que se definió por la convención –a la cual está adherido este país–, en la que además se asumió el compromiso y la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella.
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