Colombia sigue las huellas del sofisticado software espía Pegasus en el país, supuestamente adquirido por el gobierno en 2021 para interceptar a opositores, en una investigación que remueve un pasado de escándalos por escuchas ilegales.
El avanzado programa, que accede de manera remota a mensajes, llamadas y archivos de un teléfono, habría sido comprado por 11 millones de dólares durante el mandato del expresidente Iván Duque, según informó en marzo el periodista israelí Gur Megiddo.
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La denuncia fue respaldada el 4 de septiembre por el presidente Gustavo Petro. En cadena nacional leyó un documento clasificado de la estatal Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) con detalles sobre la compra al fabricante israelí NSO Group.
“¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? (...) ¿De dónde salió el dinero?”, preguntó Petro en una errática alocución, y describió que la operación, de dos pagos en junio y noviembre de 2021, incluyó el cinematográfico viaje de un avión privado con dinero en efectivo de Bogotá a Tel Aviv.
El oficio de la Uiaf, enviado por su par israelí, describe “datos, rutas, fechas y cantidades de dinero” que permiten iniciar una investigación, anunció el miércoles el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Pero la dificultad de la misión salta a la vista: encontrar, tres años después, la huella de un poderoso programa creado cuidadosamente para ser imperceptible.
“Es un software muy sofisticado que normalmente no deja rastro”, admitió el martes la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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Exfuncionarios de Duque dicen que es “cortina de humo”
Exfuncionarios del gobierno de Duque, que niegan la compra, han calificado la denuncia como una “cortina de humo” lanzada durante una intensa protesta de transportadores. A su vez, más de 50 jefes de entidades del Estado han pedido investigar.
Las chuzadas no son nuevas en Colombia y han salpicado a varios gobiernos, incluido el de Petro. Su mano derecha, Laura Sarabia, es investigada por espiar a una niñera en un caso marcado por la muerte de un policía involucrado a mediados de 2023.
En junio, un magistrado de la Corte Constitucional denunció presuntas interceptaciones a su teléfono.
Petro, a su vez, fue víctima de espionaje entre 2006 y 2009 por el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que interceptó a jueces, periodistas y políticos.
Hallar huellas de Pegasus “es una tarea complicada. Por eso es un sistema tan apetecido”, dijo a la AFP Luis García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que indaga su uso en México, donde miles de teléfonos han sido espiados “durante tres gobiernos distintos”.
En un caso similar, más de 20 periodistas salvadoreños denunciaron en 2022 que sus celulares fueron intervenidos.
“Empezaron a sospechar cuando sus teléfonos no permitían actualizaciones y se reiniciaban en la noche. O recibían mensajes con enlaces a artículos falsos”, contó a la AFP Christian Alvarado, de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Pegasus es “uno de los más grandes malware (software malicioso) de la historia”, capaz de “tomar el control de un dispositivo incluso sin que el usuario descargue un archivo”, advirtió a la AFP el mexicano Carlos Ramírez, especialista en ciberseguridad.
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Relaciones de Colombia con Israel, la piedra en el zapato
Sobre la misión trazada en Colombia, García arroja algunas luces. “Con herramientas avanzadas es posible detectar ‘indicadores de compromiso’, que son registros que deja el programa en los teléfonos”, comentó, aunque “hay riesgo de que se vayan perdiendo con el tiempo”.
El experto sugirió que Israel podría confirmar si entregó la licencia del software, pues la venta requiere de su aprobación. Pero el camino diplomático está cerrado para Colombia, que rompió relaciones en mayo con ese país y calificó a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, de “genocida”.
Más de 50.000 teléfonos habrían sido espiados con Pegasus desde 2016 en todo el mundo, entre ellos el del presidente francés, Emmanuel Macron, reveló en 2021 el grupo de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
Los hallazgos han vuelto los ojos hacia Israel, cuestionado por su “absoluta falta de cooperación jurídica” por un juez español a cargo de investigar la intercepción al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pero el spyware también parece ser un problema en casa. En 2022 se conoció que durante el gobierno de Naftali Bennett fueron espiados políticos y empresarios, incluido el hijo de Benjamin Netanyahu.
NSO Group fue incluido en la lista de empresas prohibidas en Estados Unidos, donde enfrenta una demanda de Meta, casa matriz de WhatsApp y Facebook, por haber penetrado sus servidores para infectar a miles de teléfonos.
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La sorpresiva alocución del presidente Gustavo Petro en la que denunció la compra de un software para espionaje, tiene otra grave repercusión que no se conocía en el mundo de la inteligencia.
El grupo Egmont de inteligencia es una organización transnacional de inteligencia.
EL COLOMBIANO investigó y consultó con cuatro fuentes que han trabajado en organismos de inteligencia sobre el origen de ese documento y las consecuencias para el país de que el presidente hubiera violado la confidencialidad de la respuesta, tal como se advertía al inicio de la carta dirigida al director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF).
El grupo Egmont tiene un mecanismo de envío de información que se llama el canal cerrado. Por ejemplo, las agencias de inteligencia no pueden compartirse la información solicitada de una a otra por correo electrónico. Deben cumplir con protocolos de ciberseguridad y de confidencialidad estrictos para que los mensajes no sean filtrados y no se pongan en riesgo las operaciones desarrolladas en cualquier país del mundo, entendiendo que los objetivos pueden ser desde delincuentes comunes que laven activos, hasta peligrosos narcotraficantes jefes de carteles o grupos terroristas como Hamas.
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Una de las fuentes consultadas por EL COLOMBIANO aseguró que la exposición de esa información tiene consecuencias serias para el país. “Ese documento es del canal cerrado de Egmont. Tiene todas las señales de ser un documento enviado por el grupo Egomnt. Que el presidente lo haya revelado es sumamente grave para la cooperación de la inteligencia de Colombia. La violación de la confidencialidad de un documento de estas características hace que las agencias de inteligencia financiera no puedan volver a confiar en la UIAF porque el presidente de Colombia acaba de hacer una alocución pública exponiendo todos los detalles cifrados de una comunicación reservada”, señaló.
