El nombre de una persona sigue siendo la última pieza que falta en la historia de los vuelos del presidente Gustavo Petro durante la campaña. Se trata del piloto Carlos Restrepo Osorio, quien se encuentra en Estados Unidos luego de haber aceptado cargos por narcotráfico y de que su nombre estuviera relacionado con la aeronave a la que se le incautaron 400 kilogramos de cocaína en Providencia en 2021. De Restrepo se sabe poco más que su vínculo a la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), empresa que transportó al mandatario y a varios candidatos al Congreso del Pacto Histórico.
De hecho, en las últimas horas se conoció que el despacho del magistrado Misael Rodríguez en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza en una indagación contra los 20 senadores del Pacto Histórico por los vuelos de campaña en manos justamente de SADI. Aunque la Sala no ha llegado a ninguna consideración y no hay todavía una investigación formal en contra de los congresistas, en las actividades de la indagación ya se elevó un cuestionario a la jefe del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia, que fue respondido en febrero de este año.
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El interrogatorio escrito, cuya existencia fue revelada por El Tiempo, expuso que durante la campaña presidencial se creó un chat grupal para la coordinación de los viajes del entonces candidato. El grupo tenía cuatro participantes: Laura Sarabia, Armando Benedetti, Maya Gutiérrez, contratista de SADI, y un hombre llamado Carlos. Este diario le preguntó directamente a Sarabia si “Carlos” era Carlos Restrepo y por qué no sabía quién era esa cuarta persona en el grupo que manejaba la agenda de los vuelos del hoy presidente, pero la jefe del DAPRE no respondió.
Esa respuesta es clave porque se trataría, si en efecto Carlos corresponde a Carlos Restrepo, de chats con una persona que está actualmente en problemas con la justicia americana por delitos de narcotráfico y que ha intentado en varias oportunidades colaborar con las agencias de ese país para obtener beneficios en su condena.
Aunque son dos historias diferentes, Restrepo Osorio quedó también en la mitad de una acusación de los abogados de Omar Hernández que ha venido revelando EL COLOMBIANO. Este es el testigo clave del escándalo de Daily Cop, quien era el encargado de prestar los servicios de las billeteras electrónicas para que los inversionistas de la compañía de criptomonedas hicieran los pagos y para que Daily hiciera transacciones también.
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En medio de la búsqueda de un principio de oportunidad con la Fiscalía, Hernández, acusado formalmente por captación masiva y habitual, ha entregado a las autoridades una matriz de colaboración en la que señala que puede corroborar una reunión en febrero de 2022 con Ricardo Roa, para ese momento gerente de la campaña, Sebastian Betancourth, dueño de DailyCop, y otra persona, en la que, según su versión, se habría pactado la compra de un avión a SADI para el uso de la campaña del presidente por más de un millón de dólares. Existen varias fotografías del mandatario volando en un avión privado junto a Benedetti con una placa de Daily en la cabecera de una de las sillas antes de su elección.
Y en un archivo de Excel revelado por este periódico se ve un giro que habría hecho Daily Cop a Carlos Restrepo Osorio por más de 4.600 millones de pesos. Este lunes el abogado de Betancourth publicó un comunicado negando todo lo anterior e insistiendo en que su cliente no tuvo nunca ninguna participación en la campaña presidencial y que tampoco su compañía de cripto donó o compró un avión para tales fines. En el comunicado, republicado en su cuenta de X por el presidente, la defensa de Betancourth asegura que el abogado Muñoz “no es una persona confiable”.
Muñoz, por su parte, respondió cuestionando que no se negara la presunta reunión con Roa y anunciando que habrá más detalles el próximo 07 de mayo, cuando su cliente declare ante el Consejo Nacional Electoral que se apresta a decidir sobre una formulación de cargos en contra de Roa y los auditores de la campaña.
Benedetti otra vez a la Corte
Mientras la indagación por la campaña crece cada vez más, el otro funcionario que vuelve a estar en problemas es el actual embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti. Su protagonismo no solo está mediado por las grabaciones que publicó la Revista Semana de sus conversaciones con Aida Merlano cuando este era la cabeza diplomática de Colombia en Venezuela y Merlano había sido deportada de Venezuela para cumplir su condena en Colombia, sino porque la Fiscalía de Luz Adriana Camargo conceptuó que quien debe resolver en dónde se queda el caso por enriquecimiento ilícito es la Corte Suprema y no en ente acusador.
Esto podría ser grave para el embajador porque esta es la investigación más solida en contra de Benedetti, quien no pudo explicar con suficiencia en una indagatoria a la Corte el origen de varios bienes de su patrimonio y también otras movidas de recursos al exterior.
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La Corte había hecho toda la investigación y estaba apunto de tomar una decisión sobre su situación jurídica pero el cambio de cargo hizo que el proceso fuera enviado a la Fiscalía en donde no ocurrió nada durante meses. Lo paradójico es que quien aparece en el centro de la investigación es su ex subordinada, Laura Sarabia, que conocía todos los movimientos de Benedetti porque trabajó con él durante casi seis años. Lo que sigue es que la Sala Plena debe reunirse a decidir sobre la investigación para que probablemente le quede otra vez a un magistrado de la Sala de Instrucción y el proceso continúe. Fuentes consultadas aseguraron que ese no es un escenario positivo para el embajador.
