Entre las muchas preocupaciones que tienen las mujeres en Colombia, su participación en política tiene un papel especial. Desde hace varios años e independiente de los sectores políticos a los que pertenezcan, ellas han intentado cobrar relevancia en el escenario nacional. Sin embargo, no ha sido –ni es– una tarea sencilla.
Por supuesto, en los últimos años han surgido propuestas –que no son planteadas solo por mujeres– para acabar, o al menos disminuir, la brecha en estos espacios. El más cercano ocurrió a principios de esta semana, cuando las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la paridad en las listas a corporaciones públicas, es decir, que las listas de los partidos para el Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales estén conformadas por la misma cantidad de hombres que de mujeres.
Iniciativas como estas son apenas un primer paso para palear la desigualdad en la participación política. Sin embargo, también se manifiestan fundamentales cuando se mira la actual conformación del Congreso de la República. De los 280 congresistas (108 en el Senado y 172 en la Cámara de Representantes), apenas 55 curules están ocupadas por mujeres, lo que representa el 19,7 %.
De acuerdo con el informe Women in Politics 2019 –hecho por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres–, el promedio regional en América de mujeres parlamentarias es de 30,7 %. Y a esto se suma que, en comparación con 2014 (año hasta el que hubo un aumento constante de la representación femenina de las mujeres en el Congreso colombiano desde 1994), su representación en la Rama Legislativa bajó un 1,2 %.
Eso sí, a pesar de que esa representación es baja, las que están en el Capitolio buscan hacer un trabajo significativo en esta materia. En ese sentido, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se ha convertido en un punto de referencia para este trabajo.
La comisión la conforman 21 mujeres: Nora García (actual presidenta), Aída Avella, Amanda González, Ana María Castañeda, Ana Paola Agudelo, Esperanza Andrade, Laura Fortich, Maritza Martínez, Ruby Chagüi y Sandra Ortiz por el Senado.
Por la Cámara están Irma Luz Herrera (vicepresidenta), Adriana Matiz, Ángela María Robledo, Catalina Ortiz, Flora Perdomo, Gloria Zorro, Jennifer Arias, Jezmi Barraza, Karen Cure, Mónica Valencia y Norma Hurtado.
EL COLOMBIANO habló con varias de estas congresistas para comprender cómo es su trabajo y cuáles son los principales retos que enfrentan, no solo desde la comisión, sino como mujeres en el Congreso. Además, para hablar de sus prioridades.
Las prioridades
Aunque hay diferencias de fondo entre ellas, las ocho congresistas entrevistadas para este artículo coincidieron en varios puntos a la hora de definir cuáles son los temas a los que les prestan especial atención.
Estos se pueden resumir en violencia contra las mujeres, participación política y garantías laborales, sobre todo, en el contexto de la pandemia por coronavirus que ha afectado particularmente a las mujeres, pues según el Dane, la tasa de desempleo entre ellas es del 26,2 %, mientras que la de los hombres es del 16 %.
En ese sentido, Nora García, senadora del Partido Conservador, explica que “estamos trabajando en tres grandes ejes: político, económico y violencia. En cada uno de ellos hemos implementado estrategias que nos permitan avanzar en la igualdad y la equidad de género, en la reducción de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, los embarazos en adolescentes y el empoderamiento de la mujer”.
Y para avanzar en la presentación de esos proyectos, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer ha jugado un papel importante. Así lo dice Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica, quien señala que “la importancia de la comisión es que los temas de las mujeres los podemos tratar nosotras. Además, estamos escuchando a las mujeres porque hay temas que no son tan fáciles de conversar con un hombre parlamentario”.
En cuanto a la violencia, por ejemplo, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, resalta que desde la comisión se formuló un proyecto de ley para fortalecer las comisarías de familia, que son “la puerta que las mujeres tocan para activar la ruta de atención y, sin embargo, son unas comisarías detenidas en el tiempo, que no tienen ni un computador y sin los espacios adecuados para brindar una atención psicológica. La idea es reestructurarlas y que de verdad sirvan para arropar a la mujer”.
Sobre el tema económico, la representante de Cambio Radical, Betty Zorro, resalta que fue gracias a los esfuerzos de la comisión que en el Plan Nacional de Desarrollo para 2022 se incluyó el trazado presupuestal con equidad que busca, entre otras cosas, promover el acceso igualitario al mercado laboral, el derecho a una vida libre de violencia basada en género y la promoción de la salud sexual y los derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes. “Nuestra incidencia fue total”, dice Zorro.
Sin embargo, Ángela María Robledo, matiza esa afirmación. “Este gobierno creó un trazador, pero quedó desfinanciado. Es un avance formal, pero en términos materiales y reales no tiene una base presupuestal y significativa”.
La representante que fue candidata a la Vicepresidencia en 2018 en fórmula con Gustavo Petro, añade que la Comisión tiene el reto de llevar los temas de las mujeres al resto del Congreso, es decir, que esa perspectiva sea transversal.
La responsabilidad
Todas las senadoras y representantes consultadas coincidieron en algo: ven como un privilegio ocupar, hasta 2022, una curul en el Congreso, pero también lo entienden como una responsabilidad con las demás mujeres colombianas.
En ese sentido, la senadora Maritza Martínez, del Partido de La U, asegura que “todos los gobiernos elaboran discursos muy interesantes respecto al tema de las mujeres, sin embargo, ¿qué tanto puede actuar un gobierno sin un diagnóstico claro de la situación de las mujeres?”.
Además, sobre el hecho de ser mujer congresista dice que en su caso es particularmente retador, porque es la única senadora de La U (el resto son hombres). “Allí en el partido y también en el Congreso se siente la minoría”, concluye.
Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, señala por su parte que “es un privilegio estar en el Congreso, un privilegio que da la responsabilidad de trabajar para que haya más mujeres. Lo segundo es que yo creo que es desafiante también, porque dentro del Congreso hay muchos comportamientos machistas y, por ejemplo, no hay igualdad en términos de participación en los debates. Nos sentimos vulneradas en nuestros derechos cuando ejercemos nuestras labores de congresistas” (ver recuadro de Antecedentes).
Todas las parlamentarias coinciden en que aún falta trabajo por hacer en materia de equidad y no solo en el Congreso. Indican, por ejemplo, que el asunto debe llegar a los partidos políticos, que son los primeros que deben apoyar sus aspiraciones políticas.
“Hemos demostrado que podemos estar en muchas instancias de la vida nacional. Tenemos todas las razones y como parlamentarias nos asiste la obligación de trabajar por los derechos de las mujeres”, concluye la representante a la Cámara Irma Luz Herrera .
30,7%
es el promedio de mujeres en el Congreso en los países de América: ONU Mujeres.
55
curules del Congreso colombiano son ocupadas por mujeres, el 19,7 %.
1,2 %
disminuyó la participación de las mujeres en el Congreso entre 2014 y 2018.
