El presidente dijo que la guerrilla “eligió la guerra y guerra tendrá” y tras 100 muertos y 11.000 desplazados declaró por octava vez en la historia de Colombia la Conmoción Interior.
El presidente Gustavo Petro evaluaba la crisis en el Catatumbo que deja más de 11.000 desplazados.
FOTO Presidencia
El presidente Gustavo Petro volvió a declarar un estado de conmoción interior luego de 16 años, con el argumento de que Colombia está atravesando uno de sus peores momentos de violencia y orden público, en una especie de tornado que arroja muertos por donde pasa. Y quienes están en la zona del Catatumbo, Norte de Santander, dicen que lo que ha sucedido desde la semana pasada es exactamente así.
En la historia reciente se ha declarado siete veces la conmoción interior en los gobiernos de Gaviria, Samper y Uribe. Ahora, Gustavo Petro, también se suma a la lista al declarar el octavo estado de conmoción por la batalla armada que se está dando entre el ELN y las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Venezuela, con graves afectaciones para la población civil.
Petro estuvo en Tibú el viernes atendiendo un Consejo de Seguridad para buscar cómo responder a la crisis y luego, durante todo el fin de semana, guardó un particular silencio. Justo cuando se seguía intensificando la crisis. Las cifras son aterradoras. Casi 12.000 desplazados, alrededor de 100 muertos y cuerpos abandonados en las veredas y corregimientos con un INRI que les acabó la vida: ser supuestos miembros o colaboradores de las disidencias de Andrey Avendaño, o alias ‘John Mechas’ en un fenómeno que recuerda al de la guerra del paramilitarismo y las FARC en las décadas del 90 y 2000. Ahora, quienes se pelean las rutas del narcotráfico y el poder de las armas son dos guerrillas que en la complejidad del contexto territorial dicen representar, cada una, intereses opuestos, aunque desde la distancia se vean tan similares en el discurso y sus objetivos.
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La conmoción interior tiene unas consecuencias jurídicas directas de gran calado: el presidente asume unos suprapoderes como la posibilidad de promulgar decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, las decisiones que tome, tendrán control de la Corte Constitucional, incluso la de la declaratoria de la conmoción.
Aunque la declaratoria despierta suspicacias, analistas consultados por EL COLOMBIANO aseguran que dada la situación en Norte de Santander, tiene sentido legal que el presidente tome esta decisión. En la Constitución el estado de excepción es en principio por 90 días, con dos prórrogas más como límite y de nuevo con una revisión rigurosa de la Corte para la segunda prórroga.
“Ciertamente es una herramienta constitucional para hacer frente de manera discrecional a la grave perturbación del orden público en el Catatumbo. Sin embargo, creo que un problema de Estado, de capacidad estatal, no se resuelve de inmediato con medidas extraordinarias y de Gobierno de turno. Aunque pueda recuperarse el control territorial gracias al impulso de esta medida, el Catatumbo es un asunto que involucra políticas de seguridad de largo plazo y en especial derivadas de la estrategia frente a los escenarios de postconflicto”, dijo el profesor de Ciencia Política en la Universidad Javeriana, Camilo González.
Morgue llena
Y es que la situación en la zona está realmente grave. Una fuente que trabaja con la Gobernación del departamento contó a este diario lo que ha tenido que ver en los últimos días. “Esto está desbordado. La cantidad de gente huyendo por terror es ingente. Me encontré con caravanas de taxistas de Cúcuta que de manera humanitaria se fueron con banderas blancas a recoger gente allá para traerla a la ciudad. Aquí ya no hay donde meter más gente, el estadio está casi lleno. Las personas están muy asustadas porque están amenazando a los civiles finca por finca y ahora se dice que vienen más hombres del ELN desde Casanare y Arauca a reforzar a los que están acá en la guerra con las Farc”, afirmó.
Otra fuente aseguró que la morgue en Ocaña está llena porque los cuerpos han tenido que ser trasladados a esa ciudad y hacia Cúcuta para poder hacer los trámites y entregarlos a sus familiares, si es que estos no se encuentran ya en camino hacia otros departamentos por el desplazamiento forzado.
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El presidente Gustavo Petro dio la noticia de la conmoción interior así como la declaratoria de emergencia económica, luego de publicar una secuencia de duros mensajes contra la guerrilla en su cuenta de X. La misma guerrilla con la que estaba negociando en Venezuela hasta hace solo unos días.
En una respuesta a un trino publicado por el jefe militar del ELN, Antonio García, en el cual este señala a ‘John Mechas’ como el responsable de la crisis de la frontera, Petro escribió: “Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida”. Y luego entró en materia: “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”.
En otro mensaje, el presidente Petro había dicho: “el ELN eligió la guerra y guerra va a tener”, pero en el fondo esta incapacidad para llevar a buen puerto el diálogo con la guerrilla demuestra dos cosas: que ese grupo no ha cambiado, su división es un hecho incontrovertible y tiene una limitación para ser coherente con las decisiones del Comando Central. Y, por otro lado, que la política de paz total del presidente es un fracaso rotundo y que sin resultados lo que sí hizo fue cederles espacio a los grupos armados para que se fortalecieran, incrementaran su riqueza a partir de negocios ilegales como la minería y el narcotráfico y se refugiaran en Venezuela. Por lo que ahora es más difícil para las fuerzas militares combatirlos.
En cualquier caso, Petro sabe que la última palabra está en manos de la Corte Constitucional y por eso fue específico en su trino pidiendo “apoyo” al poder judicial. Si la Corte considera que la definición del mandatario es excesiva y no se corresponde con los fundamentos para llamar a Conmoción Interior que establece la Constitución, podría tumbar su declaratoria. Pero entendiendo que el conflicto del ELN y las disidencias podría mudarse a otras zonas como Arauca, Casanare e, incluso, con las milicias no armadas, al interior del país, no habría razones para la inexequibilidad. La Corte tendrá que revisar si se necesita conmoción interior para resolver los problemas creados por la crisis o si se puede manejar con las herramientas que tiene el Gobierno.
Desde el punto de vista político, no faltó quien le recordara al presidente que él mismo había criticado duramente cuando se habló de una posible conmoción interior en el gobierno de Iván Duque en medio del paro nacional. Escribió el entonces senador Petro en mayo de 2021: “El Gobierno en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. Mi rechazo total a ese camino. Propongo en cambio hacer el diálogo con el comité ampliado del paro nacional. Mientras se dialoga establecer una tregua al paro”. Esa conmoción, finalmente, Duque no la declaró.
Con este contexto, Petro además se enfrenta a un año de campaña electoral en el que sus contendores aprovecharán para cuestionar la fragilidad de la administración frente al orden público, la estabilidad institucional, la seguridad y la soberanía. El ELN está actuando como si gobernara en Catatumbo y especialmente en Arauca y eso es un gran talón de Aquiles para defender un discurso de campaña que busca ganar las elecciones para mantenerse en el poder. La crisis humanitaria fue advertida por la Defensoría, la Procuraduría y otros organismos de Derechos Humanos por lo que es fácil para los electores leer que el escenario de crisis es responsabilidad de la falta de determinación del Gobierno.
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Cambios en el gabinete a la par
Mientras eso ocurría en Catatumbo, los primeros cambios en la administración se hicieron públicos. Laura Sarabia será la canciller más joven en la historia reciente de Colombia. Con ese cargo completa cuatro de las más altas responsabilidades del Gobierno Petro. Fue jefe de gabinete en Palacio, luego directora de Prosperidad Social; volvió a la Casa de Nariño para ser jefe del Departamento Administrativo de Presidencia y ahora le confirmó a EL COLOMBIANO que los primeros días de febrero asumirá como canciller del país, es decir la encargada de las relaciones exteriores y de la posición frente a la política internacional en temas tan relevantes como el de Venezuela, la aproximación a la nueva administración de Donald Trump, y la jefatura sobre todos los embajadores y cónsules en el mundo.
Algo no menor si se tiene en cuenta que Sarabia tiene 30 años y que hay embajadores como Daniel García Peña en Washington que tiene cuarenta años de experiencia.
Pero Sarabia ya está acostumbrada a actuar como jefe de personas que tienen más experiencia que ella. Eso fue lo que hizo durante los últimos dos años del Gobierno Petro. Contactó en su momento a ministros para pedirles la renuncia en nombre del presidente, pero también a hacer llamados de atención públicos y privados por la baja ejecución de varias carteras. La carrera profesional de la jefe del DAPRE demuestra dos cosas: que le aprendió bien el juego del poder a quien fue durante seis años su mentor, Armando Benedetti, y que su disciplina para el trabajo le permitió organizar el Gobierno y convertirse para muchos sectores en el único puente con la administración.
El anuncio de su salida de Palacio lo dio ella misma a la prensa, antes de que hubiese un comunicado oficial del Gobierno, del Dapre o de la Cancillería (el canciller Luis Gilberto Murillo no se pronunció hasta el cierre de esta edición) y llegó con la renuncia del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y de la ministra de Transporte, María Constanza García, que duró solo seis meses en el equipo.
Durante las últimas semanas se estuvo especulando sobre las decisiones del presidente para hacer cambios, porque se reunió durante tres días con todos sus ministros especialmente para revisar el reto de la ejecución y el problema de caja por la deuda y el gasto de una idea de Estado enorme que Petro impulsó desde 2022. Los cambios que vienen serán los del ministro de Educación, Daniel Rojas, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el ministro de Minas, Andrés Camacho, y se sospecha que también podrían irse el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y algunos más como en Ciencia y Agricultura.
“El cambio responde a un carrusel de posiciones que es difícil determinar si es por falta de funcionarios para la Cancillería o porque el presidente busca mantener el círculo cercano; dos, como es característico de la Cancillería, esto es un nombramiento político y no responde a méritos a pesar de que Sarabia tiene estudios en Ciencias Políticas. Está por verse si su habilidad de coordinación del gabinete y sus conocimientos pueden contribuir positivamente a la representación exterior del país. Una última, un poco más crudo, creo que la cancillería para Sarabia ha sido el lugar elegido por el presidente para alejarla de Benedetti y evitar conflictos internos que dañen la cohesión de la Casa de Nariño”, agregó el profesor González.
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Lo cierto es que el cambio de Sarabia tiene otras lecturas. El presidente reemplazará a su joven escudera con Jorge Rojas, quien estuvo a su lado como secretario de varias oficinas en la Alcaldía de Bogotá y es uno de los hombres de su círculo de primer nivel igual que Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección.
Y en reemplazo de la ministra de Transporte llega María Fernanda Rojas, quien fue directora del Instituto de Desarrollo Urbano y estaba de subdirectora en el DPS. En su último año y medio Petro termina de consolidar en el poder del Estado a los hombres y mujeres con los que trabajó en la Alcaldía y a sus compañeros de guerrilla en el M19.
En Palacio quedan dos hombres de su entorno, diferentes en la forma y el fondo pero con el mismo nivel de acceso al presidente. Benedetti y Rojas. El otro análisis es que Petro está reacomodando su ajedrez para poder jugar mejor en la campaña del 2026.
Por eso salen varios ministros y por eso necesita un enfoque de Gobierno que pueda tener mejores resultados, más ejecución y un “marketing” del mandatario que se muestre fuerte frente a los grupos armados ilegales como con la conmoción interior y la guerra declarada al ELN, a pesar de que la realidad es que durante sus dos años de Gobierno les dejó a todos los actores del conflicto vía libre para su crecimiento y reposicionamiento en las regiones.
La otra perspectiva es la posesión de Trump. Todos los expertos internacionalistas coinciden en señalar que el recién posesionado Gobierno de Estados Unidos va a presionar por los cultivos ilícitos, las organizaciones de narcotraficantes, a las que el presidente ya declaró grupos terroristas, y las políticas que impidan la inmigración ilegal. Colombia tiene un gran foco de migrantes de todo el mundo que se encuentran en el Tapón del Darién en la frontera con Panamá y para Trump esa será una prioridad. Si a eso se le suma que hay zonas gobernadas por el ELN y las disidencias combinando la lucha armada con el narcotráfico como en el Catatumbo, la distancia entre Petro y Trump podría ampliarse mucho más y con ello la autorización de recursos de la Unión Americana al país para esos fines.
En conclusión, el año que comienza ha sido uno trepidante para el presidente y es predecible que se agite aún más con el escenario de campaña, la ausencia de Sarabia en Palacio, la presión de un Trump por segunda vez en la Casa Blanca que exigirá resultados inmediatos, y la violencia desbordada en Colombia por parte de grupos armados organizados que se creía, como dijo el mismo presidente, que “se acabarían en tres meses porque se firmaba la paz”. Han pasado dos años y seis meses y no solo no se acabaron esas guerrillas, sino que crecieron, tienen más poder, más recursos, más negocios ilegales, y menos miedo al Estado.
