La Contraloría General encontró un presunto detrimento patrimonial de más de $33.000 millones en la Unidad para las Víctimas, luego de detectar bienes entregados por la DIAN que, según la auditoría, no aparecen registrados en la contabilidad ni tienen soportes que demuestren que realmente llegaron a las personas que debían recibirlos.
El hallazgo hace parte de una auditoría a las cuentas de la entidad durante 2025 y se suma a la alerta por la baja ejecución presupuestal y deficiencias en los registros contables de la entidad, que apenas logró ejecutar la mitad del presupuesto que tenía disponible el año pasado.
De acuerdo con la Contraloría, el posible daño al patrimonio público asciende a $33.009 millones y está relacionado con donaciones hechas por la DIAN. La auditoría encontró que no existen documentos que prueben la entrega de esos bienes a los beneficiarios finales, tampoco fue posible establecer dónde están varias de las mercancías y, además, esos elementos ni siquiera quedaron registrados en la contabilidad de la entidad.
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Para el organismo de control, estas fallas impiden saber con certeza qué pasó con los bienes donados y por eso abrió un hallazgo con incidencia fiscal.
La revisión también dejó en evidencia problemas en el manejo del presupuesto. Aunque la Unidad para las Víctimas contó con $4,4 billones para operar durante 2025, solo alcanzó a ejecutar el 50,36 % de esos recursos, lo que dejó un rezago cercano a $2 billones.
En otras palabras, aunque la entidad comprometió casi todo el presupuesto en contratos y otros procesos administrativos, el dinero realmente ejecutado fue mucho menor.
“A pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución e impulsar los compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para materializar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados, afectando el cumplimiento de las metas institucionales”, dijo la Contraloría.
Además de los problemas presupuestales, la auditoría encontró deficiencias en los registros contables de la entidad, especialmente en el manejo de las donaciones recibidas de la DIAN.
Como resultado de la investigación, la Contraloría abrió 23 hallazgos administrativos. De ellos, 18 tienen posible alcance disciplinario, uno tiene alcance fiscal por $33.009 millones, otro dio lugar a un proceso administrativo sancionatorio, uno fue trasladado a la DIAN y dos más servirán para abrir indagaciones preliminares.
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