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Seis personas detenidas, entre las que está el alcalde de Medio San Juan, Chocó, harían parte de una estructura ilegal que se dedicaba a la extracción de oro de forma ilegal en ese departamento.
Se hacen llamar los “Zares II”, y en asocio con José Oliver Moreno, mandatario de ese municipio, en cada uno de sus negocios ilícitos habrían generado contaminación ambiental al destruir terrenos que hacen parte de reservas forestales y de comunidades afro.
Así lo demuestran dos operativos de las autoridades en contra de la organización ilegal entre enero y septiembre del año pasado. Para esas fechas se evidenció –de acuerdo a la Fiscalía– “pérdida de ecosistemas nativos, afectación al suelo y la capa vegetal, y contaminación física y química del agua por el vertimiento de sustancias tóxicas”.
Las extracciones les llevaron a poseer varias propiedades, dos de ellas ubicadas en Medellín. En la ciudad alcanzaron a tener dos casas que les fueron ocupadas en diligencias conjuntas de la Fiscalía, en las que también llegaron a Istmina, Chocó, y Pereira, Risaralda.
El monto de esos bienes ronda los $3.000 millones y ya está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual llevará un proceso paralelo al que deben librar los detenidos ante la justicia.
Para el ente acusador, el alcalde detenido sería el dueño de complejos mineros que operaban de manera clandestina con el uso de dragas y excavadoras cerca de los ríos Tamaná y San Juan.
Todo lo habría logrado con el asocio de su presunto hombre de confianza, José Darlinton Agualimpia, designado para el manejo de los frentes mineros, la designación de turnos de trabajadores y para hacer los reportes de la producción.
Los otros cuatro capturados tendrían como tarea buscar el oro en las inmediaciones de los ríos anteriormente mencionados.
A ellos, al alcalde y a su ayudante, un fiscal especializado los imputó por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
Asimismo se pidió que fueran llevados a una cárcel para que desde allí siguieran el proceso, solicitud que el juez decidió no aceptar y fue apelada por el ente acusador.