El Consejo de Estado envió a la Corte Constitucional la demanda que radicó el Centro Democrático en contra del decreto 1391 del 30 de agosto pasado, mediante el cual se convocó al plebiscito por la paz.
La Sección Primera consideró que no es competente para estudiar la demanda, por lo cual la Corte Constitucional tendrá que repartir el caso.
El senador Alfredo Ramos explicó que la demanda se presentó porque al momento de convocar al plebiscito para el próximo dos de octubre, el Acuerdo Final no se había firmado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
“El presidente de la República presentó un informe al Congreso que acompañaba unos acuerdos. Esos acuerdos no están firmados y eso contradice la obligación constitucional”, aseguró.
Ramos añadió que supuestamente, el decreto tendría una firma del presidente Santos que es distinta a las dos que se le conocen, una larga y una corta.
“Revisamos 30 documentos diferentes entre decretos, sanciones presidenciales y esta es la primera vez que encontramos esta firma. Juan Manuel Santos ha firmado con dos firmas diferentes y esta es una que no conocemos”, señaló.
Para Ramos, esto podría implicar una falsedad en documento público que debe ser investigado. “No hay que ser experto grafólogo, creo que cualquier ciudadano se da cuenta que esa no es la firma del presidente Santos si la compara con las firmas anteriores”, señaló.
“Esto habrá que impugnarlo. No sé si ante la Fiscalía o la Corte Suprema, pero se tiene que investigar la firma falsa. Queremos conocer porqué esto está subido a la página de Presidencia sin la firma del Presidente”, señaló.
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