Que 1.600 mineros se queden sin empleo de la noche a la mañana por la amenaza de un grupo armado en un municipio como Segovia, que vive principalmente de eso, es un drama. Si a esto se suma el cierre hace unas semanas de la sucursal de Bancolombia, quien estuvo poco tiempo en el pueblo y la idea que contempla la Universidad de Antioquia de cerrar la sede que tiene allí en el Nordeste, el panorama que se avecina para este enclave minero no es alentador.
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Gran parte de las razones, y las autoridades lo saben y así lo han expresado en los últimos días, es que los grupos armados que viven de las rentas ilegales quieren imponer su ley como ha pasado en tantas épocas por lo que desde el pasado sábado anunciaron un plan “pistola” luego de diversas intimidaciones y atentados.
Por eso, ni los cerca de 300 hombres entre Policía y Ejército Nacional que llegaron en los últimos días, luego de la seguidilla de hechos violentos, han aplacado la tensión que se vive en este municipio de más de 40 mil habitantes.
El secretario de gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, sostiene que el cierre de la empresa minera Damasa se debe a que “Segovia tiene una presencia histórica de grupos armados ilegales, en este caso se da la amenaza contra un grupo de mineros que trabajan en tres minas puntuales. Es difícil reducir a cero el riesgo para ellos y por eso la otra gran acción que debemos hacer es la investigación para dar con los responsables de las amenazas y qué actores están detrás de eso”.
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Cuando habla de la presencia histórica de grupos armados, el secretario de gobierno de Antioquia no exagera puesto que los segovianos cargan con la crudeza del conflicto que, por ejemplo, en 1988 vivió uno de sus capítulos más dolorosos cuando paramilitares atacaron un reducto ideológico de la Unión Patriótica y asesinaron a 46 personas e hirieron a más de 50, en una de las masacres más temerarias de la historia reciente del conflicto.
Después hubo dominio paramilitar por muchos años quienes se adueñaron de las rentas ilegales de un municipio que alcanzó a producir cerca del 90 por ciento del oro del país. Allí mismo “Urabeños” y “Rastrojos” se enfrentaron hace pocos años por el control de las rentas, esas que según calculan algunos expertos del municipio pueden mover hasta 6 mil millones mensuales solo en oro.
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“Todas las compras de oro del municipio pagan extorsión -son cerca de 50- y los corteros (mineros) que procesan su porcentaje también deben pagar tributo. Pero aquí nadie dice nada, impera la ley del silencio”, relató uno de los mineros que lleva más de 14 años dedicado a este oficio.
Por eso el temor luego de dos años en que las cosas venían calmadas volvió a hacerse presente. La mayoría de mineros saben, y así lo expresan, que el despliegue de la institucionalidad es coyuntural y que cuando la situación se calme, muchos uniformados se desplazarán a otros municipios y ellos volverán a quedar expuestos en el medio. Entre el oro y el plomo.
