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Un grupo de 90 ex servidores públicos presos, entre los que se cuentan integrantes de la Policía y del Ejército, que ocupan el patio 11 de la cárcel Bellavista, iniciaron este viernes 7 de junio una huelga de hambre en protesta ante la posibilidad de que, para solucionar el hacinamiento carcelario, sean mezclados con delincuentes comunes o integrantes de bandas criminales, dado que fueron ellos, precisamente, quienes, en algún momento, los capturaron.
En un video que muestra al grupo reunido, un vocero de los reclusos expone que tienen conocimiento de que al patio 11 de Bellavista serían llevados los integrantes de Bacrim capturados, mientras ellos serían trasladados a la cárcel de Itagüí.
“El patio 11 de Bellavista tiene una tutela fallada por un juez penal de Bello que ordena que allí solo se reciba a personal del Ministerio de Defensa y a servidores del Estado”, como funcionarios de las alcaldías, gobernaciones, notarías y otros entes estatales.
“Queremos un patio digno para recibir a nuestras familias”, dice el vocero de los presos.
Jorge Alberto Carmona Vélez, Defensor de Derechos Humanos de la población privada de la libertad en Antioquia y presidente de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia, confirmó la veracidad de la información e incluso envió fotos de los reclusos del patio 11 reunidos.
“Acaban de iniciar una huelga de hambre pacífica 90 servidores públicos, entre policías, militares y trabajadores de entidades del Estado como alcaldía, gobernación, notarias y personas de etnias indígenas. Ellos piden no ser trasladados a una cárcel con privados de la libertad que sean diferentes a la población antes mencionada”, precisó Carmona.
Señala que los protagonistas de la protesta “argumentan que corren grave riesgo de seguridad, ya que se van a encontrar con privados de la libertad a los cuales ellos mismos, en cualquier momento, fueron quienes los capturaron”.
Carmona, en su calidad de Defensor de la población penitenciaria, les pide a las autoridades encargadas de definir la situación de los reclusos, atender las demandas de los 90 presos, de manera oportuna.
Indicó que ya les envió una comunicación, denunciando estos hechos, a la Defensoría del Pueblo, a las procuradurías Regional de Antioquia y Provincial de Medellín, así como a la Personería de Medellín y a la Dirección Regional y Nacional de la Policía Nacional, “para que intervengan como mediadores para solucionar esta situación que vulnera los derechos humanos y constitucionales de esta población, que también merece ser escuchada”.
Una opción que proponen es que se habilite la cárcel de policías en Medellín para trasladar a estos presos antes que mezclarlos con otro tipo de reclusos.