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toneladas de alimento envió la Unidad para la Atención de Víctimas a Murindó.
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minas antipersona ha destruido el Ejército en zona rural de Murindó.
Murindó es uno de los municipios menos desarrollados de Antioquia. En vez de edificios, tiene casas de madera; en vez de carreteras, son ríos las autopistas; sus cimientos no son estables, porque hace años aguarda por un traslado de cabecera municipal. No hay bancos, ni centros comerciales ni ganadería extensiva o grandes vetas de oro; allí la riqueza no es financiera, sino en cultura, gente, selva y biodiversidad. Entonces, ¿por qué los grupos criminales están tan interesados en ese pueblo?
Desde mediados de 2019, la guerrilla del Eln y el cartel narcoparamilitar del Clan del Golfo se disputan el dominio del territorio, que por bendición o maldición del destino está localizado en un corredor estratégico para negocios de narcotráfico y contrabando.
El más reciente episodio de ese conflicto comenzó el 27 de febrero pasado, cuando un niño de la etnia Emberá Eyábida caminaba con un docente y pisó una mina quiebrapata, en inmediaciones de la comunidad Isla. Sobrevivieron, pero el infante perdió una pierna.
A raíz de eso, 300 personas (58 familias) salieron desplazadas de los caseríos y otras 2.000 quedaron confinadas en las 11 comunidades que albergan los resguardos Chajeradó y Río Murindó, con temor de caer a un campo minado si van a pescar, cazar o cultivar.
“Tenemos la población indígena con problemas de confinamiento por las minas antipersona, que están en cuatro comunidades básicamente: Coredó, Chimiadó, Pachidú y Turriquitadó Alto”, detalló el alcalde (e) de Murindó, Sebastián Valencia.
Antes del estallido, los terroristas ya venían amedrentando a la gente, con la distribución de panfletos y audios de Whatsapp con amenazas.
Lo más triste es que este problema no es nuevo. El 28 de agosto de 2019 hubo otro accidente con mina antipersonal en la zona, en el que la víctima fue un marrano que caminaba delante de una joven embarazada, quien resultó ilesa; esto, aunado a incursiones de los dos bandos, provocó desplazamientos y confinamiento por casi cuatro meses.
De acuerdo con testigos, los explosivos están siendo sembrados por el Eln, como estrategia para evitar la expansión del Clan del Golfo desde Urabá. Los propios guerrilleros les han advertido a los indígenas que no salgan al monte y que se encierren temprano, al tiempo que reclutan a sus hijos, lo que tiene a la comunidad aterrorizada.
Contexto bélico
La nueva crisis de Murindó está asociada a un problema más grande: la guerra entre ilegales por la cuenca del río Atrato, en especial por el vasto territorio que conecta a la capital chocoana Quibdó con el tapón del Darién (frontera con Panamá) y el golfo de Urabá (ver el mapa).
Fuentes de la Fiscalía e Inteligencia de la Policía explicaron que esta zona es clave para el narcotráfico, pues concentra unas 1.000 hectáreas de cultivos de coca, laboratorios para el procesamiento y áreas de exportación de cocaína con salida al Pacífico y el mar Caribe.
También cuenta con puntos de acceso para el contrabando procedente de China y Panamá, con mercancía que llega en buques y termina comercializándose en Quibdó y el Valle de Aburrá. Los contrabandistas pagan altas sumas a los grupos armados, a modo de “impuesto”, para movilizarse por allá.
Estas actividades ilícitas se ven beneficiadas por las características topográficas e hidrográficas, con múltiples afluentes para movilizar tropas, armas, contrabando e insumos químicos para la cocaína, al abrigo de selvas insondables y alejadas de centros urbanos, y con una escasa presencia de las instituciones del Estado.
El Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Agc) tiene desplegados cerca de 1.500 hombres de los bloques Pacífico y Central Urabá, con presencia puntual de los frentes Efrén Vargas, Pablo Montalvo, Baudó, Pacífico, Carreteras y Carlos Vásquez, el cual está asentado en el norte de Murindó.
El Eln cuenta con 600 integrantes del bloque de Guerra Occidental, que conforman los frentes Resistencia Cimarrón, Manuel Hernández el Boche y la compañía Néstor Tulio Durán, según datos del Ejército.
Aunque su guerra no es nueva para los chocoanos y antioqueños de la región, en el primer trimestre de 2021 las disputas se han concentrado en tres focos, provocando desplazamientos, combates, reclutamiento y siembra de minas: 1). La subregión del Baudó; 2). El medio Atrato, sobretodo en los alrededores de Bojayá, y sus corredores fluviales con el río Murrí y la jungla de Urrao; 3). Y el eje Riosucio – Carmen del Darién – Murindó.
El 7 de febrero en una finca del sector Buenavista, en Riosucio, la Policía dio de baja a “Marihuano”, el segundo al mando del Clan, lo que generó una retaliación de esa organización, que a la fecha deja seis policías muertos y siete heridos en varios departamentos.
Y en el último mes se presentó un recrudecimiento de las acciones, con combates entre ilegales o entre estos y las FF.MM., en el área rural de Riosucio, Murindó y Alto Baudó.
En esta última localidad, el 20 de febrero hubo un enfrentamiento entre el frente Cimarrón del Eln y el frente Baudó del Clan, que afectó a los habitantes de los resguardos Moamía y Miácora. Una bala perdida mató a una civil.
El 24 de febrero tres indígenas de la comunidad Chamú cayeron en otro campo minado en Bojayá, en el sector Bocas de la quebrada Mutatá; uno murió y dos sobrevivieron, tras ser auxiliados por el Ejército.
El 28 de febrero, cerca del río Salaquí, en Riosucio, unos 300 pobladores protagonizaron una asonada contra un pelotón de militares y un grupo de erradicación manual de cultivos ilícitos; los uniformados se defendieron y tres personas resultaron heridas.
El 7 de marzo una facción armada invadió el predio de la comunidad de Consuelo Bajo, en Carmen de Atrato, e hirió a dos personas a bala. Esto provocó el desplazamiento forzado de 62 lugareños.
El 8 de marzo hubo una asonada en ese municipio, en la que nativos de la zona, enojados por lo ocurrido el día anterior, retuvieron a nueve militares durante 24 horas.
Llamado de auxilio
El 12 de marzo la Organización Indígena de Antioquia (OIA) declaró la urgencia humanitaria de la población indígena del departamento. “Denunciamos la condena a muerte a la que nos tienen sometidos, por obra de grupos armados que se disputan el control de nuestros territorios, interesados en el mantenimiento de sus economías (...)”.
La OIA pidió ayuda al Gobierno, las organizaciones de DD.HH., la Iglesia y la Cruz Roja, y exigió una mesa de diálogo con la Gobernación para concertar las tareas de desminado.
El gobernador (e), Luis Fernando Suárez, ya visitó el área y se comprometió a buscar soluciones. “Lo primero es la ayuda humanitaria de emergencia, la complementariedad entre la Unidad Nacional de Víctimas y el Gobierno de Antioquia para llegar con esa ayuda a estas comunidades”.
Por su parte, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División, contó que se están desarrollando operaciones militares en la jurisdicción, tanto para contrarrestar la amenaza de los terroristas, como para realizar el desminado y facilitar el ingreso de las ayudas humanitarias.
Clementina Machado, enlace municipal de Murindó para la Atención de Sobrevivientes del Conflicto Armado, relató que ya se distribuyeron las ayudas enviadas por la Unidad para la Atención de Víctimas, las cuales consisten en más de 25 toneladas de alimentos y 514 kits de aseo, cocina, colchonetas, toldillos y demás.
Así se defiende este humilde poblado, pero el confinamiento continúa, los perros de guerra siguen rondando por Murindó y hasta que no se vayan, no habrá paz en el Atrato
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