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Antioquia | PUBLICADO EL 24 agosto 2022

Mindefensa y Ejército tendrán que reparar a familias por dos falsos positivos en Rionegro

El Ejército mató a dos estudiantes y los hizo pasar por integrantes de grupos armados.

  • Aunque el Ejército y Mindefensa apelaron la sentencia, ya años antes los militares vinculados habían aceptado el asesinato de los dos jóvenes. FOTO: ARCHIVO
    Aunque el Ejército y Mindefensa apelaron la sentencia, ya años antes los militares vinculados habían aceptado el asesinato de los dos jóvenes. FOTO: ARCHIVO
  • Aunque el Ejército y Mindefensa apelaron la sentencia, ya años antes los militares vinculados habían aceptado el asesinato de los dos jóvenes. FOTO: ARCHIVO
    Aunque el Ejército y Mindefensa apelaron la sentencia, ya años antes los militares vinculados habían aceptado el asesinato de los dos jóvenes. FOTO: ARCHIVO
EL COLOMBIANO

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas públicas y pagarle más de 1.000 millones de pesos a las familias de dos estudiantes que fueron asesinados en el municipio de Rionegro, Antioquia, cuando permanecían en estado de indefensión, y que fueron presentados como bajas producidas en combates entre uniformados y grupos delincuenciales.

José Miguel Londoño Ramírez, de 21 años de edad y un menor de 17 años de edad, en el municipio de Rionegro, Antioquia, llegaron desde Medellín hasta la vereda El Tablazo, en Rionegro, el 29 de diciembre de 2005, mediante engaños, para disfrutar de una supuesta fiesta.

La justicia determinó que el mismo coronel Luis Carlos Martínez Cristancho, quien para la época era comandante del Gaula militar del Oriente antoqueño, llevó al menor de edad desde el barrio El Popular 1 hasta zona rural de Rionegro, donde se haría la supuesta “marranada”.

Sin embargo, al llegar al lugar los jóvenes fueron asesinados por los militares y posteriormente fueron reportados como bajas de un grupo delincuencial con el que los uniformados pertenecientes al Gaula Rural del Oriente habían sostenido un enfrentamiento en la vereda La Victoria.

Once años después, los uniformados Oscar Fabián Vargas Barrera, Davison Mosquera Berrío y Gustavo Cataño Usme se acogieron a sentencia anticipada. Mientras que el coronel Martínez Cristancho fue acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Por este crimen, el Consejo de Estado determinó que el Ejército Nacional deberá organizar un acto público, en el cual se ofrezca excusas a las familias afectadas. Al evento, que deberá ser presidido por el comandante del grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño, tendrán que ser citados los medios de comunicación. Así lo ordena la sentencia, a la que la ciudadanía deberá poder acceder durante seis meses, mediante la página web del Ministerio de Defensa y sus redes sociales.

Además, la cartera deberá escoger un diario de amplia circulación en Rionegro y Medellín, para rectificar la información inicial que se dio sobre el homicidio de los jóvenes. Deberá aclararse que las víctimas no eran integrantes del crimen organizado ni protagonizaron enfrentamiento alguno con la fuerza pública, sino que fueron asesinados por agentes del Gaula.

La decisión obedece a una demanda de reparación directa que interpusieron los familiares de estas dos personas. En la acción jurídica, señalaron que sus seres queridos, que vivían en Medellín, habían sido invitados por unos amigos a una celebración, con el propósito de despedir el año 2005. Sin embargo, los jóvenes aparecieron muertos y fueron reportados por efectivos del grupo Gaula Rural del Oriente Antioqueño.

Tras la ocurrencia de los hechos, los familiares interpusieron la acción jurídica, en procura de que se declarara a las entidades como las responsables administrativas del daño. Uno de los grupos accionantes solicitó el pago de más de 4.200 millones de pesos, mientras que el restante exigió una suma superior a los 2.100 millones.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Ejército y al Ministerio de Defensa a pagarle a uno de estos grupos familiares más de 545 millones de pesos y más de 302 millones de pesos al restante núcleo demandante.

Para esa corporación judicial, contrario a lo dicho por las accionadas, las muertes no fueron producto de un enfrentamiento. Aduciendo que los militares que protagonizaron el hecho actuaron en defensa propia, el Ejército interpuso recurso de apelación, como también lo hicieron los demandantes.

En segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó que el Ejército – Ministerio de Defensa Nacional era responsable del daño ocasionado a los familiares de las personas que fueron asesinadas.

Sostuvo que no se logró probar que las muertes hubieran sido producto de un enfrentamiento entre un grupo delincuencial y agentes del Gaula del Ejército. Contrario a ello, dice la sala, varios de los uniformados se acogieron a sentencia anticipada en materia penal, admitiendo que los jóvenes fueron asesinados en estado de indefensión y no en medio de un enfrentamiento. Según ellos, el combate fue simulado.

Ante la circunstancia descrita y demás elementos de prueba, la alta corte concluyó que el daño fue el resultado de una falla en el servicio, consistente en una ejecución extrajudicial, que constituye una grave violación a los derechos humanos.

Por estas razones, las entidades demandadas deberán pagarle más de 670 millones a uno de los grupos demandantes y una cifra superior a los 411 millones de pesos a la otra familia. Además, deberán cumplir las órdenes de reparación no pecuniaria ya descritas.

Si quiere más información:

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