Una jueza administrativa admitió el jueves 6 de mayo una demanda en contra del Municipio de Medellín, en donde se requirió al alcalde Daniel Quintero por presuntamente transgredir el código de gobierno corporativo de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
A través de una acción popular, el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) planteó que la crisis administrativa desatada en esa empresa, tras la renuncia masiva de su junta directiva el 11 de agosto de 2020, puso en riesgo el patrimonio de la compañía y vulneró al menos tres derechos colectivos.
Alejandra Ulloa Jurado, apoderada de Sinpro en ese proceso, explicó varios detalles de la acción y detalló cuáles son las pretensiones que se buscan con la misma.
“Este no es un tema político, sino jurídico”, expresó Ulloa Jurado, advirtiendo que la admisión de la demanda es solo el comienzo del proceso.
Según detalló, Sinpro argumenta a lo largo de esa acción que durante la crisis administrativa que se desató en EPM desde el año pasado se vulneraron al menos tres derechos colectivos: la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente.
En materia patrimonial, Ulloa señaló que uno de los argumentos centrales consiste en que el nerviosismo que se generó en los mercados internacionales por las fricciones internas hizo que la compañía viera afectada su reputación ante las calificadoras de riesgo.
Con base en ese contexto, Sinpro formuló cuatro pretensiones básicas. Primero, que se evalúe si el alcalde, en su condición de representante legal del Municipio, incumplió el código de gobierno corporativo. Segundo, que se determine si las actuaciones del Municipio afectaron la estabilidad financiera de EPM. Tercero, que se ordene cumplir con el código de gobierno corporativo. Y cuarto, que en caso de probarse la afectación financiera que habría sufrido EPM, esta sea restituida por el alcalde a título personal.
Según se lee en la admisión de la demanda, que estará a cargo del Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín, luego de la notificación el Municipio tendrá un plazo de 10 días para contestar la acción y solicitar pruebas.
Para conocer su versión del tema, este diario envió un requerimiento a EPM y la Alcaldía de Medellín, pero hasta el cierre de este artículo ambas entidades no se habían pronunciado
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