Después de más de cuatro meses de tensiones, Corpourabá decidió revocar una resolución que puso contra las cuerdas a Puerto Antioquia y que le había obligado a frenar la construcción de una línea de energía clave para que ese terminal marítimo pueda funcionar este año.
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La decisión quedó en firme a través de una resolución emitida el pasado miércoles 12 de febrero y que aparece firmada por el director general encargado de esa autoridad ambiental, Jorge David Tamayo González.
Además de ordenar levantar la controvertida suspensión, la resolución detalló que el proyecto tiene permiso ambiental para continuar con la construcción de las torres de energía pendientes, al menos en lo que respecta al componente ambiental.
Los antecedentes del lío
La suspensión en los trabajos para construir la línea de transmisión de Puerto Antioquia se remonta al pasado 28 de octubre de 2024, cuando Corpourabá le ordenó a ese megaproyecto frenar dichas obras, por supuestamente incumplir con los requisitos de su licencia ambiental.
Cabe recordar que aunque la licencia ambiental más importante del futuro terminal es competencia de la Anla, en manos de Corporuabá quedaron los permisos asociados a una línea de transmisión de 5,1 kilómetros, con los que se busca conectar el lugar a la subestación de energía Nueva Colonia de EPM.
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Dicha línea está compuesta por al menos 16 torres de energía, de las cuales ya se han levantado 14 y solo hay pendientes dos.
En un hecho que levantó múltiples suspicacias, los argumentos usados por Corporuabá para frenar esos trabajos nada tenían que ver con problemas ambientales, sino con un lío de tierras que se desató el año pasado, justo cuando el proyecto comenzó a estar a las puertas de entrar en funcionamiento.
El lío predial se concentra en un terreno ubicado a escasos metros del puerto, en un predio identificado como La Presumida, de un área 154.604 metros cuadrados y que hace parte de un grupo de otras 11 propiedades inmersas en un proceso de restitución de tierras.
Aunque dicho proceso todavía no se resuelve, incluso un juez de tierras permitió que el proyecto arrancara mientras se tomaba una decisión de fondo, una familia de reclamantes reapareció en escena el año pasado asegurando tener derechos sobre esa tierra e interponiéndose a que los obreros de Puerto Antioquia se metieran al lugar a trabajar.
Por su lado, el proyecto argumentó que desde 2021 tiene sus servidumbres en regla e incluso acudió a la Policía y la Alcaldía de Turbo buscando que las mismas fueran amparadas, dando inicio a un proceso administrativo que ahora está en manos de la Gobernación de Antioquia.
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En medio de ese tire y afloje, y en una decisión que levantó suspicacias, Corporuabá no solo apareció en el conflicto para pedirle a la Policía no amparar al puerto, sino que decidió suspender los permisos de la línea de transmisión, argumentando que el proyecto no tenía sus papeles en regla.
La situación despertó un fuerte debate público, en la que líderes de opinión como el exconcejal de Medellín Daniel Duque señalaron que no se trataría más que un sabotaje con intereses políticos.
“Aquí es necesario preguntarse: ¿por qué tanto interés en este predio, precisamente ahora que se requiere acceder a la servidumbre legalmente constituida para construir la línea de transmisión eléctrica de Puerto Antioquia? ¿Acaso hay un intento de chantaje por parte de personajes oscuros que buscan aprovecharse de los cuantiosos recursos que se están invirtiendo? ¿Estarán algunos actores intentando sacar tajada de un proyecto que detonará el desarrollo de Urabá y que además cuenta con el respaldo de la comunidad?”, planteó el exconcejal.
En contraposición, desde Corporuabá argumentaron estar velando por los derechos de todos los involucrados, incluidos los reclamantes.
“No podemos perder de vista que en cada una de sus actuaciones, la corporación debe ser garante de los derechos que asisten a otras personas”, expresó Erika Yulieth Higuita Restrepo, jefa jurídica de Corporuabá.
Otros le subieron más presión a la disputa, como la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, quien señaló al excandidato a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya de ser el poder en la sombra detrás de la suspensión de la licencia.
“El falso abogado y cuestionado político Julián Bedoya tiene como fortín burocrático a Corpourabá, con ayuda del gobierno de cambio. Ahora resulta que Corpourabá se le está literalmente atravesando a uno de los proyectos más importantes de la región, ¿con qué interés?”, dijo.
“Cuando desde Puerto Antioquia se confrontó a Corpourabá por esta situación sobreviniente, ¿adivinen qué les respondieron a los directivos de Puerto Antioquia? Que arreglaran con Julián Bedoya”, sostuvo la parlamentaria.
Bedoya controvirtió por su parte ese señalamiento y sostuvo que carecía de soporte probatorio. “Los señalamientos realizados sin respaldo probatorio no solo afectan mi imagen, sino que también generan un clima de desconfianza alrededor de una iniciativa de alto impacto económico y social, como lo es el Puerto Antioquia”, dijo.
Tras conocerse nueva decisión de Corporuabá, Puerto Antioquia aún no se pronuncia.
