Ante el informe de la Defensoría del Pueblo, en el que 649 municipios de Colombia están en riesgo para ejercer las elecciones del año entrante –69 de ellos en Antioquia–, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la paz total del gobierno de Gustavo Petro es el mayor riesgo para las jornadas electorales venideras.
“La dificultad que se tiene de cara al proceso electoral la genera el mismo Gobierno Nacional con la política equívoca de la Paz Total, la que lleva tres años permitiéndole a los criminales que crezcan con la contemporización que ejerce con ellos”, expresó el gobernador Rendón tras conocer los resultados de este informe.
Destacó Rendón que si no se finalizan las negociaciones de la paz total con las estructuras delincuenciales, esto puede terminar repercutiendo en restricciones de las comunidades para poder acudir a las urnas al momento de las votaciones para el Congreso el próximo 8 de marzo y para la primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo.
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“Si el Gobierno Nacional no entiende que cada vez que más trate de contemporizar con el crimen, eso va a tener consecuencias graves, como no poder concurrir libremente a las urnas. Si es así, va a ser muy difícil encarar esta situación”, señaló el mandatario departamental, destacando que en los tres años de la paz total, en Antioquia las disidencias de las Farc han aumentado su presencia territorial en un 70% y el Clan del Golfo lo ha hecho en un 40%.
También destacó que hay preocupación en municipios como Medellín y Bello en los que se teme por los diversos riesgos de presiones por parte de las estructuras criminales que están en la negociación de la paz urbana desde la cárcel de Itagüí, lo cual podría llevar a intimidaciones de los electores en algunos territorios.
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Esto sumado a sus señalamientos de que en el departamento se ha visto una reducción de la presencia de la fuerza pública, sumado a presiones como las limitaciones para poder enfrentar a algunas estructuras solo porque estas se encuentran negociando con el Gobierno Nacional.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en Antioquia hay 49 municipios que requieren acción priorizada, 16 una intervención urgente y cuatro que necesitan una intervención inmediata para poder garantizar el proceso electoral. Estas se concentran en el Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Urabá y Occidente antioqueño.
“Nosotros tenemos que entregar el último centímetro de piel para que los antioqueños puedan acudir a las urnas, pero el Gobierno Nacional tiene que dejar de sabotear este proceso, dejando de contemporizar con el crimen”, concluyó el mandatario.
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