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Hace más de cuatro años los residentes de Ciudad del Río y los dueños de comidas callejeras de la zona mantenían un pulso por el uso del espacio público. La Alcaldía de Medellín decidió cortar el problema de raíz y, desde mediados de febrero, desalojó del barrio a los food trucks y otros negocios informales que funcionaban sobre la carrera 43G.
Esta decisión tomó por sorpresa a la ciudadanía y a los comerciantes, pues el año pasado habían sido censados y pensaron —tanto propietarios de los camiones grandes ubicados en la cuadra norte, como los de pequeños furgones y carritos de la cuadra en el sur— que su situación sería legalizada y podrían quedarse allí.
Claudia Ramírez, edil de El Poblado, manifestó que las quejas de la comunidad siempre fueron por la basura que generaban los puestos de comida, además del ruido por el uso de plantas para surtir los vehículos de electricidad y la invasión de aceras con mesas y sillas.
Algunos habitantes manifestaron, incluso, que los desechos propiciaban la proliferación de ratas y se evidenciaba un aumento en el consumo de estupefacientes cerca a unidades residenciales. Hugo Ramírez, habitante del sector, comentó que la vía se convirtió en una plaza de comidas mal controlada y el reguero de basura las noches de los fines de semana se volvió paisaje.
“Hablando con muchos vecinos, no estamos en contra de que estos espacios existan, pero que se haga de manera controlada. En este caso, en particular, lo mejor era llegar a un acuerdo con ellos”, opinó.
Antes de la intervención que terminó por sacarlos de la zona, funcionarios de Espacio Público acompañados por Policía daban rondas y retiraban las sillas y mesas. Juan Esteban Ortiz, dueño de un food trucks, relató que las autoridades llegaban con perros y los clientes se sentían intimidados.
“Cancelamos impuesto de Industria y Comercio, tenemos certificado en manipulación de alimentos, pagamos el parquímetro durante las horas de ocupación. Al menos en la cuadra norte somos alrededor de 15 camiones que teníamos papeles en regla y en reuniones con la alcaldía nos habían dicho que nosotros no teníamos problema”, expresó.
Ortiz criticó que les achaquen a ellos los problemas de consumo de estupefacientes en el barrio, y dijo que la calle solitaria, como quedó después de la salida de los food trucks, hará más vulnerable el sector ante esta problemática. Por el contrario, indicó, con las comidas generaban un ambiente familiar y eran fuente de 200 empleos directos.
El modelo de negocio que tenían se había convertido en un imán para turistas en Medellín. Ortiz lo comparó con ideas similares que funcionan en el mundo, como en Miami (Estados Unidos) donde los camiones de comida rotan por cuatro parques de la ciudad; o en Nueva York, donde tienen puestos fijos en algunas calles.
Lamentó que esto no se tenga en cuenta a nivel local, donde se sintieron violentados pese a la disposición que tenían para dialogar con el Municipio y encontrar soluciones para problemas como el de las basuras o el ruido.
“Al menos en donde estábamos ubicados, en la cuadra norte, no hay proyectos de nuevas unidades residenciales en dos o tres años. No molestábamos a nadie. No doy fe de cuál es la situación de la cuadra sur, pero nos parece que el desalojo no era la forma de proceder”, agregó Ortiz.
Con su food trucks, que dice quedó parqueado, esperaba otra respuesta de Espacio Público. Si definitivamente no era posible permanecer en Ciudad del Río, señaló, al menos se podía contemplar un lote, como el que existe cerca al aeropuerto Olaya Herrera, donde no causen tantas incomodidades y el gremio se encargue de darle identidad con los camiones de comida.
La calle paralela al parque de Ciudad del Río, al sur de la calle 20, era ocupada por furgones y pequeños carritos de comida que no tenían las mismas condiciones que los food trucks de la cuadra del norte.
Allí tenía su negocio David Arango, que había llegado hace cuatro años a la zona. Él señaló que como la alcaldía lleva años sin expedir permisos para estos puestos informales —hecho confirmado por la edil Claudia Ramírez—, pensaron que se había creado una zona de tolerancia para familias que tienen en estas ventas su sustento diario.
“Puede que sean comidas callejeras, pero hasta expertos gastronómicos han reconocido la calidad de nuestros servicios, porque hemos participado en ferias”, dijo.
Reveló que la solución que les dieron fue que entre semana, de lunes a jueves, podían montar sus negocios en Ciudad del Río, una alternativa que para ellos no resulta rentable porque los clientes llegan en masa los fines de semana.
Incluso, con la instalación en 2017 de una Zona de Estacionamiento Regulado, muchos de ellos pagaban hasta 30.000 pesos la noche por ubicar los puestos, lo cual había terminado con el problema de parqueo de los vehículos en la vía que tenían con la Secretaría de Movilidad.
“Como tengo a tres trabajadores en la incertidumbre, me acerqué como si fuera cliente a preguntar si había posibilidad de que volvieran los camiones de comidas, y me respondieron que no, que controlarían eso cada ocho días y no había posibilidad de que regresaran”, contó Arango.
EL COLOMBIANO preguntó a la Subsecretaría de Espacio Público las razones de la intervención, si había alternativas para ofrecer un nuevo sitio a los comerciantes desalojados, o si la decisión respondió a la construcción de una nueva unidad residencial.
El despacho contestó que en Ciudad del Río encontraron que la actividad económica formal e informal hacía un uso irresponsable del espacio público, en temas de salubridad y ocupación indebida, lo cual motivó al desalojo. No hubo más claridad ni respuestas para los comerciantes.