El Estado colombiano deberá indemnizar a la familia de un trabajador de ferretería en Caucasia debido a que, según los jueces, no se tomaron las medidas necesarias para garantizarle la vida aunque en el negocio habían denunciado previamente amenazas por extorsiones.
La sentencia de condena que ordena el pago fue emitida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y establece que se desembolsen 500 salarios mínimos mensuales a los familiares del ferretero víctima de homicidio.
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Los hechos que originaron el fallo tuvieron lugar el 18 de mayo de 2019. Días antes los propietarios de la ferretería La Hacienda habían denunciado que estaban siendo intimidados por parte de personas que se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, conminándolos al pago de exigencias económicas (extorsiones).
Luego de la denuncia, el Ejército montó un operativo de inteligencia para tratar de capturar a los delincuentes; sin embargo, según el Tribunal, las medidas de protección hacia el establecimiento no habrían sido suficientes y esa circunstancia desembocó en el asesinato de José Luis Díaz Romero, un vendedor de la ferretería La Hacienda, en mayo de 2019.
Este se había vinculado con el establecimiento comercial durante cinco años, desde 2014 hasta el día en que lo asesinaron de varios disparos.
La condena a pagar el equivalente de 875 millones de pesos se basa en el argumento de que “las medidas de protección deben ser suficientes y eficaces para impedir que las amenazas se conviertan en hechos de violencia”, algo que en este caso no ocurrió.
En este caso también había cursado una demanda contra la Policía Nacional, pero los magistrados determinaron que esa institución no había sido informada del caso de presunta extorsión.
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¿Por qué el Estado fue condenado por el asesinato del trabajador de una ferretería en Caucasia?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que el Estado no adoptó medidas de protección suficientes y eficaces para evitar que las amenazas de extorsión denunciadas por la empresa terminaran en un homicidio. Según la sentencia, existía conocimiento previo del riesgo, pero las acciones implementadas no fueron suficientes para proteger a las personas vinculadas al establecimiento.
¿Cuánto dinero deberá pagar el Estado por esta condena?
La sentencia ordenó indemnizar a los familiares de la víctima con el equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo con la información del fallo, esa suma corresponde aproximadamente a 875 millones de pesos, aunque el valor definitivo dependerá de la liquidación que se realice.
¿Qué dijo el Tribunal sobre la obligación del Estado frente a las amenazas de extorsión?
El fallo señala que las medidas de protección no pueden ser únicamente formales, sino que deben ser suficientes y eficaces para impedir que las amenazas se conviertan en hechos de violencia. Ese criterio fue determinante para establecer la responsabilidad estatal en este caso.
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