Más o menos, $2.162 millones equivalen al 10% del presupuesto de Cañasgordas, el municipio del occidente más próximo al túnel del Toyo. Esa es la cantidad por la cual está imputada en un caso fiscal y otro penal una aspirante a ocupar la alcaldía entre 2024 y 2027.
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En enero pasado la Fiscalía 46 adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública halló méritos para imputar por peculado por aplicación oficial diferente de fondos públicos a Margarita del Rosario Lopera, quien se presentó para los comicios del próximo 29 de octubre avalada por la coalición Amor por Cañasgordas que apoyan el Partido Conservador, el Partido de La U, Cambio Radical y AICO (Autoridades Indígenas de Colombia).
De hecho, de acuerdo con algunas fuentes de Cañasgordas, ella sería la opción con más respaldo político y que tendría las mayores posibilidades. Los cargos que le endilgan tienen connotaciones penales. Se trata de casos en los que también figura el que fuera secretario de Hacienda en el periodo de Lopera, Rigoberto Montoya Navales.
La puerta de entrada de ese lío había sido una investigación que sigue abierta en la Contraloría de Antioquia por los mismos motivos que ahora tienen connotación penal. Pero fuera de eso, los dos exfuncionarios tienen abiertos otros dos procesos que están en etapa de indagación, uno de la fiscalía 25 anticorrupción donde repite los cargos del caso mencionado y otro por peculado por apropiación de la fiscalía 46.
La historia fue contada en varias partes por el fiscal Jaime Campillo durante la imputación. En el primer capítulo, según el funcionario, entre 2017 y 2019, Lopera y Navales habrían hecho mal uso de fondos por $795’407.931 del sistema general de regalías, que desde el origen llegan con una destinación exclusiva. Esto habría tenido lugar mediante varias transferencias de la cuenta corriente que el Municipio tenía en el Banco Agrario hacia una cuenta de fondos comunes con los que se cubren los gastos normales de funcionamiento.
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“Estos recursos debían tener una destinación específica solo para financiar proyectos y fueron utilizados en gastos diferentes”, perjudicando la inversión social, según el Fiscal.
Los proyectos desfinanciados como consecuencias de esas actuaciones habrían sido la construcción de una vía urbana de bajo tránsito con pavimento rígido para el corregimiento Cestillal, la fabricación de 200 estufas eficientes para familias campesinas, la adecuación y remodelación del parque del corregimiento San Pascual y la adecuación del parque de Juntas de Uramita.
Campillo continuó explicando que los movimientos de plata se hicieron el 16 de enero de 2018 por $194’407931, el 24 de diciembre del mismo año habrían hecho dos por $400 millones en total: el 12 de enero de 2019, por 50 millones; el 19 de diciembre de 2019 por $100 millones y siete días después, ya casi para entregar la alcaldía, presuntamente hicieron otro por $51 millones.
En el capítulo dos estarían los movimientos de otros $1.370 millones también regalías que habrían efectuado los mismos funcionarios, pero esta vez de una cuenta de Bancolombia hacia la cuenta del Banco Agrario denominada “fondos comunes del Municipio” y que, igualmente, habrían sido gastados en rubros diferentes a los permitidos.
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En este caso, el ilícito se habría consumado en seis transferencias: una del 2 de mayo de 2018 por $200 millones; el 27 de agosto por $150 millones; el 31 de agosto de 2018 por 100 millones; el 5 de octubre por $200 millones; el 19 de diciembre de 2019 por $300 millones, y el 26 de diciembre de ese año por $420 millones.
Finalmente, tanto los $795 millones como los $1.370 millones se habrían reunido en la cuenta de fondos comunes.
De acuerdo con el fiscal, Lopera y Montoya sabían que con la aplicación diferente de recursos estaban violando la ley y sin embargo mantuvieron su conducta durante un periodo prolongado, con lo cual “lesionaron el bien jurídico de la administración de Cañasgordas, sin justa causa”.
La Fiscalía estaría indagando, en el caso de peculado por apropiación, el supuesto traslado de $50 millones a una cuenta a nombre de un particular.
Todo esto quiere decir que la exalcalcadesa y candidata estaría teniendo que repartir su tiempo entre la campaña para captar votos y la preparación de su defensa, ya que hay una audiencia de acusación para el próximo 24 de agosto en el juzgado promiscuo de Frontino. De hecho, la diligencia estaba programada para el 22 de junio pero la aplazaron y fuentes del proceso prevén que Lopera o Montoya pedirán una nueva prórroga.
Lopera aseguró que no tiene impedimento para presentarse a las elecciones porque no existe condena en su contra y está segura de poder demostrar que actuó de manera legal.
Según ella, los traslados de dinero al fondo común fueron para cubrir gastos que se debieron hacer con transferencias que no habían llegado y por eso tuvieron que sacarlos de esa bolsa, con el fin de evitar la parálisis de proyectos.
Montoya por su parte secundó esa versión y aseveró que no tiene información ni mucho menos ha sido notificado de ningún proceso por peculado por apropiación.
“Tengo mi conciencia tranquila y confío en que el fallo va a ser a favor nuestro, porque no hubo dolo y no se metieron las manos en el dinero. En la audiencia vamos a entregar las respectivas explicaciones”, recalcó Lopera.
