Este ingeniero civil, que dirigió el Departamento de Planeación de Medellín, pasó por la gerencia de EPM y fue candidato a la Gobernación de Antioquia, es el encargado de apaciguar las aguas en la Universidad de Medellín (U. de M.), tras la salida de Néstor Hincapié, en medio del escándalo por la supuesta falsedad en el diploma de abogado del senador liberal Julián Bedoya.
Hincapié —que ajustaba 20 años como rector de la institución— salió del cargo luego de destaparse la posible irregularidad en el título entregado al senador Bedoya, en 2019. El 16 de febrero de 2020, César Guerra Arroyave asumió la rectoría en transición, mientras la Consiliatura —máximo órgano de la U. de M.— elegía al nuevo directivo.
En ese proceso de elección también hubo ruido, debido a una posible cooptación del cargo por intereses políticos. Sobre esto, la imagen de la institución y los retos que integran la gestión que se le encomendó habló Federico Restrepo con EL COLOMBIANO.
¿En qué contexto llega?
“Llego por invitación de una firma cazatalentos. El proceso, inicialmente, fue una lista corta, con varios candidatos. Luego de una entrevista con la Consiliatura, pasé a integrar una terna. Allí fui elegido como rector en propiedad, hasta que asumí el 17 de diciembre de 2020”.
Se dijo que esa elección estuvo rodeada de presiones, ¿qué opina de eso?
“Esa inquietud se la manifesté a la cazatalentos, sobre un proceso transparente... Llego sin ningún contacto, sin hacer proselitismo previo, con toda libertad (...) y desprovisto de compromiso alguno con los grupos de poder internos”.
¿Cómo evalúa el trabajo de las rectorías anteriores?
“De las administraciones poco conocía. Ya cuando uno llega se encuentra con algunas acciones polémicas y cuestionadas por la opinión pública”.
¿Habla del caso Julián Bedoya?
“Estoy en la U. de M. como producto de esa acción irregular. Eso originó una reacción al interior de la universidad, que motivó la renuncia de Néstor Hincapié y la búsqueda de un rector que hiciera cambios para recuperar el prestigio y la reputación tras una acción como esa. Cuando llegamos a la rectoría, los Consejos Académico y de la Facultad de Derecho encontraron que el señor Bedoya no tenía requisitos suficientes para optar por el título de abogado. Como resultado, la U. de M. decidió demandar el otorgamiento ante el Consejo de Estado, proceso que está en curso”.
¿Con su llegada se sacudirá la U. de M. de la relación que la vincula con el Partido Liberal?
“La gente ha percibido la universidad como una especie de directorio político adscrito a ese partido. Cuando llegamos, recibimos quejas sobre la exigencia de votos por candidatos para elecciones locales y nacionales. Nuestro mensaje es claro: la estabilidad de cualquiera dependerá de sus capacidades y del respeto por la institución: a nadie, mientras yo esté acá, se le va a pedir voto alguno en favor de nadie. Hay que volver a ese pensamiento liberal bajo el cual se fundó la universidad”.
Vamos a otro frente, ¿cómo encontró la U. de M.?
“La universidad alcanzó un pico de 14.000 estudiantes en 2016, debido, en parte, al impulso de Ser Pilo Paga. Con la salida del programa, ese número bajó. Contamos 10.000 estudiantes: 8.000 de pregrado y 2.000 de posgrado”.
¿Y las finanzas?
“Como consecuencia de la pandemia, en la administración anterior se fijó un descuento del 30 % de la matrícula a toda la población estudiantil. Eso implicó una disminución sustancial de los ingresos, además del número de estudiantes matriculados. La utilidad operacional sufrió una afectación grande, según corte de diciembre de 2020.
Con unos fondos de la universidad, logramos solventar el tema de la utilidad operacional y obtener una utilidad neta positiva. Pese a ello, esas pérdidas también se han presentado este año. Esperamos reportar utilidad operacional a final de año”.
¿Cómo les ha ido con la pandemia?
“La U. de M. ha invertido casi $40.000 millones en tecnología y laboratorios. Se dotaron las aulas con equipos que permitieran la educación virtual. Además de las inversiones, este contexto nos llevó a revisar las metodologías de formación y la implicación que en los procesos tienen los sentidos. Esperamos que para el 26 de julio el personal esté inmunizado y pueda volver a la presencialidad. La idea es abrir totalmente en el segundo semestre, con los protocolos de bioseguridad”.
¿Y el Paro Nacional?
“Hemos recibido el mandato de los jóvenes. Por eso hemos participado de diálogos con la Gobernación, con líderes estudiantiles y otros rectores. La academia debe dejar esa actitud pasiva y ser mucho más activa en el diálogo social y el aporte de soluciones”.
¿Cuáles son sus planes?
“Tenemos un plan de desarrollo que debe ser aprobado por la Consiliatura (esperamos que esté listo previo al segundo semestre). Allí planteamos varios retos. Uno tiene que ver con gestionar la crisis de gobernanza interna y de credibilidad. Fue, de hecho, un compromiso cuando se recibió la acreditación en alta calidad.
Otros temas tienen que ver con un fortalecimiento tecnológico y humano, el ajuste de los currículos a la realidad social y el fortalecimiento de la planta de profesores. Nos propusimos, además, crecer en investigación, mediante el impulso de los centros que tenemos y de la creación de institutos, como el de Desarrollo Territorial, que tendrá un enfoque económico y social.
¿Hasta cuándo irá su periodo como rector?
“No tiene término fijo. Todo estará sujeto a los resultados y a una gestión satisfactoria. La primera prueba será este diciembre, que se cumple el primer año
8.000
estudiantes de pregrado y 2.000 de posgrado tiene actualmente la universidad.
