Durante los últimos ocho años, los firmantes del acuerdo de paz de Carrizal quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Asentados en un terreno ubicado en Segovia, cerca a los límites con Remedios, a un grupo de 53 reincorporados le ha tocado vivir en carne propia el recrudecimiento del conflicto armado y mantenerse firme en su decisión de no regresar a las armas. Por la zona no solo merodean sus antiguos compañeros, —hoy en las filas de las disidencias— sino estructuras del Clan del Golfo que se disputan a sangre y fuego un territorio lleno de riquezas con una ubicación estratégica.
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Jazmín Castro, quien es una de las líderes de este grupo de firmantes, cuenta que ingresó a las filas de las Farc siendo todavía una estudiante de colegio. Pese a que por 23 años se acostumbró a vivir en medio de la guerra, señala que desde 2016 nunca se le ha pasado por la cabeza volver a empuñar un arma.
“Desde que dejamos las armas ha habido una tala indiscriminada de árboles y también se ha incrementado la minería. Hemos venido padeciendo una compleja situación de seguridad, aunque yo creo que hay muchos territorios igual que nosotros”, apunta. Además del orden público, la vida de los reincorporados de Carrizal se ha quedado en suspenso también desde hace ocho años tras haber quedado en un terreno en el que, aunque tienen permitido vivir, está clasificado como zona de reserva, en donde está prohibido emprender cualquier proyecto productivo.
Después de trasegar por las puertas y escritorios de múltiples funcionarios, este grupo fue uno de los beneficiarios de la entrega de tierras que este viernes encabezó el presidente Gustavo Petro en Zaragoza. En total, fueron más de 2.500 hectáreas de tierra que también fueron tituladas a familias campesinas de San Pedro de Urabá, Arboletes, Sonsón, Yalí y Zaragoza.
En una jornada cargada de simbolismo, que arrancó desde temprano en Ituango con la entrega de 600 hectáreas de tierra a 52 familias víctimas de la masacre del corregimiento El Aro en 1997, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó su iniciativa bajo el rótulo de Misión Antioquia. Con esta cruzada, el Gobierno Nacional busca darle un nuevo impulso a su política agraria, que pese a ser una de sus promesas bandera, arrastra graves rezagos en el país.
Pese a vivir los primeros años de su vida en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, Jazmín cuenta que la mayor parte su infancia la pasó en el corregimiento de Sabana de Torres, Santander, en un pueblito llamado Kilómetro 36. Allí, los constantes choques entre las Farc y los paramilitares la acostumbraron a vivir en un estado de permanente zozobra e incertidumbre, por cuenta de las múltiples masacres, torturas e intimidaciones en las que incurrieron los actores del conflicto armado. Fue en medio de esa situación, sostiene, que decidió meterse a la guerrilla.
“Yo ingresé a la guerrilla el miércoles 5 de julio de 1995. Un día le dije a mi abuela que iba a estudiar, a hacer una tarea, pero era mentira. Fue ese día que me metí a la guerrilla”, reconstruye, señalando que durante su vida en esa agrupación pasó 14 años en el Catatumbo, en donde fue parte del Frente 33, unidades móviles de combate y unidades financieras en el Norte de Santander. Luego la trasladaron al Magdalena Medio.
Durante ese trasegar, una herida durante un combate la obligó a abandonar la primera línea de fuego y convertirse en enfermera, rol que desempeñó hasta que entregó las armas en 2017.
Parada a las afueras de la Institución Educativa Santo Cristo, Jazmín dice que desde 2017 su vida ha cambiado mucho. Ahora tiene una hija y su prioridad es estar con su familia y encontrar una forma de ganarse la vida en paz. “Creo que este es el momento para empezar una nueva vida y tenemos que aprovecharlo”, añade.
La tierra para los excombatientes de Carrizal consistirá en una finca ubicada en el municipio de Yalí, que comprende un área de 320 hectáreas en la que se asentarán 31 familias.
Además de estos títulos a reincorporados, campesinos y las víctimas de la masacre de El Aro, durante el evento de este viernes, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, también anunció por su parte haber sellado una transacción con la ANT para la venta de nueve predios ubicados en el departamento de Magdalena, un área de 4.000 hectáreas.
Desde el Gobierno Nacional se insistió por otra parte que con esta entrega se iniciará una nueva etapa para destrabar la reforma agraria, atribuyendo los rezagos a la falta de una ley de jurisdicción agraria y la pérdida de facultades del ejecutivo, como el tatequieto que le puso la Corte Constitucional a la ANT para resolver por vía administrativa líos prediales.
El presidente Gustavo Petro por su parte anticipó que estaría preparando una reforma la Agencia Nacional de Tierras vía decreto buscando acelerar esa reforma agraria, integrando a esa primera entidad a la Agencia de Desarrollo Rural. No obstante, el mandatario no entregó mayores detalles.
Según datos recientes de la ANT, de una meta de 3 millones de hectáreas compradas y tituladas planteadas al comienzo de este cuatrienio, solamente se han logrado comprar unas 135.000 hectáreas. La misma historia ocurre para la meta de tierras formalizadas, el segundo pilar de la reforma agraria, cuya meta fue planteada en unas 7 millones de hectáreas y que apenas va en 1,3 millones.
Dentro de los principales obstáculos para alcanzar esas proyecciones se destacan no solo enormes vacíos que hay en la información catastral a lo largo y ancho de todo el país, los líos jurídicos de los predios baldíos y la inestabilidad administrativa en la ANT, que apenas viene normalizándose tras la salida del exdirector Gerardo Vega y la llegada de Felipe Harman.
