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Este es el expediente completo de las autoridades sobre Hidroituango

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Proyecto Hidroituango de EPM, en el norte de Antioquia. FOTO: Esteban Vanegas.

Trece funcionarios y exfuncionarios vinculados a una investigación disciplinaria, 12 expedientes sancionatorios por presunto incumplimiento de la licencia ambiental, 39 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este es el saldo, hasta ahora, de las carpetas que tienen los entes de control sobre la contratación, construcción y la ocurrencia de la emergencia en el megaproyecto Hidroituango.

Las dos únicas sanciones hasta ahora son multas por $6.724 millones impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por inobservancia de la licencia otorgada. Las entidades de control tienen sus procesos en diversas etapas —desde apertura de investigación, pasando por práctica de pruebas, hasta fase de resolución—.

EPM, accionista no mayoritario y contratista del proyecto, respondió que todavía no tiene imputaciones concretas, ni en materia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, ni en materia fiscal ante la Contraloría General de la República.

“La empresa está suministrando toda la información que estos entes de control le han requerido y espera que sea suficientemente esclarecedora a efectos de evitar que se tuviera que avanzar más en estas investigaciones”, respondió la empresa, luego de una petición elevada por EL COLOMBIANO.

En relación con la ANLA, EPM contestó que los procesos en curso obedecen a posibles infracciones de alguna norma o deber ambiental. “En cada uno de ellos se están dando las explicaciones”, acotó.

Sobre la acción penal, adelantada por la Fiscalía, la empresa dijo que conoce hasta el momento dos grandes líneas: una que tiene que ver con la asignación por parte de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango del contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central) a EPM Ituango y, posteriormente, a EPM, línea en la que se han formulado cargos a quien oficiaba como gerente o representante legal de EPM Ituango en su momento y representante legal de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango.

La empresa dijo que no conoce pormenores de la segunda línea investigativa, que se conoció el pasado 10 de abril, referente a solicitudes del ente acusador a las autoridades ambientales por daños al ecosistema, aguas arriba y abajo de la presa.

“La organización espera que una vez se conozcan estos temas, particularmente estas notificaciones que anunció la Fiscalía General de la Nación, se pueda dar una declaración más específica”, contestó.

De otro lado, EPM le notificó a la Superintendencia Financiera que dentro de las labores de recuperación del proyecto realizó recientemente un diagnóstico de las afectaciones, para determinar una estimación de costos adicionales requeridos para el restablecimiento y puesta en marcha de la futura central de generación de energía. La cifra estimada a la fecha asciende a $3,5 billones aunque, aclaró, podría variar según las circunstancias propias de la obra.

A continuación, hacemos un compendio del expediente sobre Hidroituango .

Contexto de la Noticia

práctica de pruebas

La Procuraduría abrió indagación preliminar sobre las decisiones administrativas, contractuales y de licenciamiento ambiental en el proyecto. Esta avanza en el recaudo probatorio del caso, en contra de la Gobernación, el IDEA, EPM, la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además, abrió de oficio una investigación por presuntas irregularidades en el control y vigilancia al proyecto, que habrían podido incidir en una contingencia social, económica y ambiental con posibles afectaciones a la población, fauna y flora en las zonas de influencias aguas abajo de la presa. La investigación vincula a 13 funcionarios y exfuncionarios —entre ellos el alcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde Aníbal Gaviria; el goberndor Luis Pérez y el exgobernador Sergio Fajardo; el gerente de EPM Jorge Londoño y su antecesor Juan Esteban Calle—. Esta se encuentra en la etapa de práctica de pruebas con el fin de establecer presuntas faltas disciplinarias. El ente de control solicitó a la Supersociedades someter a control y vigilancia a EPM por presunto ocultamiento de información sobre la contingencia.

tiene 12 EXPEDIENTES

En la resolución 155 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia para la obra. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, creada en 2011, es la encargada de verificar el cumplimiento de la licencia. Dentro de ese control ha abierto 12 expedientes sancionatorios. Solo dos de estos tienen sanción: la primera, con auto de apertura de 2010, impuso multa de $2.419 millones porque no implementó oportunamente las medidas de manejo ambiental autorizadas para la ejecución de las obras asociadas a la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle y por haber instalado dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso. La segunda multa, con auto de apertura de 2013, fue por $4.305 millones por la obstrucción de la quebrada el Tenche, ubicada en la zona donde se construyeron los túneles de desviación del río Cauca. Los diez restantes se encuentran sin decisión de fondo: uno en indagación preliminar, dos en inicio de proceso sancionatorio, uno en formulación de cargos y seis finalizando etapa probatoria o ya finalizada.

dos imputaciones

El pasado 27 de febrero la Fiscalía anunció las primeras determinaciones por la probable comisión de delitos en la contratación y adjudicación del proyecto. Las investigaciones avanzan en dos ejes: uno, por daños ambientales; y dos, por la contratación. El ente acusador identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto, tales como anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, estudios de diseño y ejecución. El 27 de marzo pasado se realizaron las imputaciones por el probable delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango, titulares para la fecha de los hechos (2010). En relación con una segunda hipótesis investigativa, adelantada por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía adelanta interrogatorio a seis exmiembros de junta y dos exgerentes. Estas se realizan según un cronograma interno.

control excepcional

En una auditoría de cumplimiento a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento de Hidroituango, de agosto de 2018, la Contraloría determinó 35 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria y ocho, además, con presunta connotación penal. Estos últimos tienen que ver, entre otros, con acumulación de material de construcción sobre quebradas y el comienzo de obras por fuera de la licencia ambiental. A la par, el 13 de febrero pasado, comenzó un control excepcional al proyecto que permitirá determinar en septiembre quiénes pudieron tomar malas decisiones en su ejecución, irregularidades que se pudieron dar en el proceso de planeación, sobrecostos que se han generado, así como las pérdidas que han producido la crisis que afronta y las emergencias ambientales y sociales que se han generado con la misma. La próxima semana un equipo de 60 auditores hará trabajo de campo (el equipo que lideró la investigación en Reficar era de 24 funcionarios). Son objeto de revisión, por presunto riesgo fiscal, 39 de 200 contratos seleccionados.

Cifras

13 personas entre funcionarios y exfuncionarios, están vinculados a una investigación de este ente de control, por presuntas faltas disciplinarias durante la crisis.

6.724 millones de pesos en multas ha impuesto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a EPM por incumplimiento de requerimientos dispuestos en la licencia ambiental.

8 personas están vinculadas a la primera línea de investigación de la Fiscalía: dos ya fueron imputadas el 27 de marzo pasado y dos más están siendo interrogados.

200 contratos fueron objeto de investigación por parte de los auditores de la Contraloría. De estos, 39 tiene presunto riesgo fiscal, según un control excepcional.

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.


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