Aunque la crisis financiera de la Universidad de Antioquia es dura y requiere acciones de fondo, este miércoles la gobernación anunció un aporte de recursos que le da un respiro a la institución universitaria más importante del departamento para solventar parte del déficit de la vigencia 2024.
Por medio del Decreto 2025070003758 del 20 de agosto, que modificó el Presupuesto General del Departamento, la Gobernación transfirió a la UdeA un total de $4.697 millones que corresponden al 33% de la reducción del déficit que presentó la universidad en 2024, según explicó Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia.
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Esta transferencia forma parte de la promesa hecha por el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, el 30 de septiembre del año pasado, de hacer desde las arcas de la gobernación un aporte único de la tercera parte sobre la reducción del déficit que lograra la UdeA para ayudar a solventar la crisis financiera.
Así pues, la universidad presentó un informe sobre las políticas de austeridad y otras medidas que implementó para reducir el déficit y el resultado reportado fue de una disminución del mismo en $14.092 millones en 2024, cuya tercera parte son los $4.697 millones transferidos por el Departamento. Del mismo modo, en noviembre de 2024, la Gobernación de Antioquia hizo un crédito de tesorería a la universidad por $90.000 millones, a través del Idea, para que esta pudiera atender sus obligaciones en lo que restaba de 2024.
Además, hizo un aporte de $1.100 millones de regalías propias del Departamento para terminar las obras de escenarios deportivos en el campus de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, y adelantó en tres ocasiones, en 2024, los aportes que la Gobernación realiza a la Universidad por Ley 30.
Este anuncio se da en medio de un ambiente de tensión en la universidad, ante las posiciones encontradas por la decisión del Ministerio de Educación de ordenar medidas preventivas y de vigilancia especial ante la crisis financiera que atraviesa la universidad.
Según el Ministerio, la decisión la tomó tras el análisis técnico realizado en el que, según sostuvo la Cartera, se evidenciaron graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y deficiencias en la gestión, “situaciones que representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”.
Entre las medidas que tomaron se encuentran la exigencia de un plan de mejoramiento obligatorio que deberá ser elaborado, implementado y ejecutado por la Universidad ante el Ministerio de Educación Nacional, desde donde aclararon que este plan deberá estar encaminado a superar en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad y anormalidad que afectan la prestación del servicio educativo. Asimismo, la cartera indicó que designará un inspector in situ que ejercerá vigilancia permanente mientras subsista la situación que originó la medida. Este inspector monitoreará la gestión administrativa y financiera de la entidad; los aspectos que estén afectando las condiciones de continuidad y calidad; y el cumplimiento de las medidas adoptadas. Además, habrá una intervención en el manejo de recursos “cuando se evidencie que afecta gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenando que los recursos y rentas sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados exclusivamente en el cumplimiento de la misión institucional”.
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Esto despertó varias reacciones. Por un lado, el rector de la universidad, John Jairo Arboleda Céspedes, rechazó la decisión ministerial y las medidas anunciadas y señaló incluso que esto va en contra de la autonomía universitaria. “Siempre hemos acatado y es potestativo del Ministerio hacer inspección y vigilancia, y estas medidas especiales de alguna manera envían un mensaje a la sociedad en este momento difícil. Pero también tenemos el derecho de reposición, porque consideramos que hay varios asuntos que discutir, empezando por el debido proceso, la motivación y proporcionalidad de los hallazgos con respecto a la medida”, aseguró el rector.
Por su parte, la Asamblea General de Profesores le dio un espaldarazo a las determinaciones del ministerio. “La situación actual no admite más dilaciones. Las dificultades financieras, las tensiones en el gobierno universitario y la desconexión entre las decisiones institucionales y las necesidades reales de la comunidad exigen un replanteamiento estructural”, dijeron en un comunicado tras conocerse la decisión de la cartera.
En una carta firmada por Wilmar Mejía, delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior de la UdeA, reiteraron la propuesta de un “Gran Diálogo Universitario, transparente y pluralista, sobre temas fundamentales” que incluya la reforma al gobierno universitario: reelección de cargos, duración de períodos, estatuto electoral y designación de autoridades interinas; un nuevo modelo de gestión: transparencia, sostenibilidad financiera y evaluación de la burocracia; revisión de políticas académicas: impacto del Decreto 1279, condiciones laborales docentes y crecimiento institucional; revitalizar los Mecanismos Democráticos Vinculantes; así como la exploración de una consulta popular o constituyente universitaria que permita refrendar cambios estructurales.
Lo cierto es que solucionar la crisis financiera de la UdeA requiere más que alivios, porque se trata de una situación estructural que demanda una reforma de ley, esto, porque hace mucho tiempo que se siguen haciendo los mismos aportes financieros a la institución, pero esto no va en consonancia con el crecimiento, la cobertura de estudiantes, la expansión regional, el personal contratado. Es decir, lo que entra no da abasto para pagar todo lo que hay que pagar.
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