Con el rompimiento de las relaciones, el consulado se fue de la ciudad en enero de 2019. Desde ese año el edificio está desocupado.
En el barrio Belén, en Medellín, hay una casa que está en Colombia pero, jurídicamente, es territorio venezolano. Y eso no es del todo inusual. Lo particular del caso es que la casa está vacía desde 2019, cuando el país rompió relaciones con Venezuela. Desde eso, el consulado bolivariano, que habitaba la casa, se fue y ni siquiera entregó las llaves. Los dueños, al ser considerado su casa un territorio extranjero, no pueden siquiera entrar.
La historia se dio a conocer porque Jairo Vélez, hijo de la propietaria de la casa, Consuelo Berrío, se quejó de que el consulado le debe $400 millones en arriendo. En octubre de 2018 se había pactado arrendar en $7 millones mensuales la casa para 2019. Pero las cosas se tornaron extrañas desde octubre de 2018.
Tratando de llegar a un acuerdo, los dueños de la casa se comunicaron con los encargados del cónsul. Desde Venezuela les respondieron que vendrían desde allí para firmar. Pero en enero de 2019, con el rompimiento de las relaciones, simplemente desaparecieron. “No dejaron a nadie encargado, ni entregaron las llaves ni nada. Simplemente desaparecieron”, relató Jairo.
Desconcertado, durante ese 2019 se contactó con personal en Venezuela, que le dijo que estaban gestionando para pagarle los meses que ya habían pasado. Pero, a mediados de 2020, dejaron de contestarle. Al parecer, los teléfonos desde donde le respondían quedaron fuera de servicio.
La siguiente acción, obvia, fue poner una demanda. Y así lo hicieron los propietarios en un juzgado de Medellín. Pero, como la Embajada se considera suelo extranjero, el juez se declaró incompetente.
Buscando una salida, los propietarios llevaron el caso a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de la Judicatura, instancias en las que también les dijeron que no era competencia del Estado colombiano. Así pues, la única salida es demandar directamente al Estado venezolano o esperar a que se restablezcan las relaciones diplomáticas con este gobierno.
Lo cierto es que la casa lleva ya más de tres años inutilizada, pues sigue considerándose territorio venezolano. Los dueños han perdido ya $425 millones y solo esperan una solución que, por ahora, no se ve plausible.
