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“Las afectaciones por la intensificación del conflicto armado, en el Occidente antioqueño y en otras regiones aledañas a estos territorios, han hecho prender las alarmas y llamar la atención del país, para que se ponga la mirada de manera inmediata en estas comunidades que están siendo vulneradas en sus derechos humanos por diferentes factores”.
Así, lo advirtió la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) en un comunicado en el que señalan el recrudecimiento del conflicto armado, disputa territorial entre los diferentes grupos armados. Estos hechos, agrega, están llevando al reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales, amenazas a líderes y comunidades, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamientos y abusos sexuales.
La alerta de la CEC recoge las inquietudes de varias congregaciones, iglesias, diversas espiritualidades, comunidades de fe nacionales y redes internacionales solidarias, quienes denuncian “los graves atropellos que vienen siendo víctimas las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en diversas zonas del país”.
Así también, advierten que se han hecho las denuncias respectivas frente a las autoridades competentes, por el daño ambiental que se está causando a ríos, montañas y subsuelo, ante la explotación de minerales en los municipios de Jericó, Suroeste antioqueño; de San José de Uré y Montelíbano (Córdoba); y en Santa Cecilia (Chocó), límites con Risaralda. “Las afectaciones a la Casa Común, son de nuestra especial preocupación, tal como lo ha manifestado el papa Francisco en las encíclicas Laudato Si y en Fratelli Tutti”.
Esto, registran, está llevando a un desplazamiento forzado, a una imposición de las economías ilegales y a la presencia de distintas estructuras armadas “sin que las Fuerzas Armadas y de Policía lo impidan”.
Ante este panorama, en el que las comunidades claman una ayuda urgente, la iglesia Católica y otros organismos anunciaron que trabajarán de la mano para llevar adelante una Misión Humanitaria, que iniciará en la región del Occidente antioqueño, particularmente en los municipios de Dabeiba y Frontino. Esto, “como una posibilidad de escuchar, acompañar, brindar apoyo moral y solidaridad humanitaria ante esta crisis que padecen las comunidades”.
“Para ello, solicitamos la presencia de diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas en Colombia”, se lee en el texto.
Igualmente, hicieron un llamado en primera instancia al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a los diferentes actores armados presentes en los territorios, a que se dé un respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario y cesen la siembra de minas antipersonal.
A las autoridades colombianas les piden entre otras acciones, brindar la ayuda humanitaria requerida a las comunidades; trabajar en el desarrollo de desminado humanitario; suspender todo tipo de actividad minera a gran escala, hasta tanto no se haga un proceso de consulta previa a las comunidades; retomar con urgencia los diálogos con el Eln y acercamientos con otros actores armados; avanzar en acuerdos humanitarios locales, con el consentimiento de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de las regiones; y adelantar su labor constitucional de combatir y desmontar estructuras sucesoras del paramilitarismo en áreas de operación de la Fuerza Pública.