La barriga le crecía mientras caminaba con la tropa por la espesura de las montañas antioqueñas. Cuando llegaba la hora obligada de dormir, se revolcaba en los cambuches que hacían sobre la tierra aplanada cubierta de hojas, y pensaba en cuánto crecía ese embrión en la oscuridad secreta del vientre. Se bañaba en el agua fría del río, y reparaba en el tamaño. El embarazo era un secreto que casi por milagro pudo ocultar seis meses debajo del camuflado. Pero se enterarían, y ella conocía las reglas.
Tenía 15 años cuando se voló de la casa de sus padres, en una vereda de un municipio de Antioquia. Salió enamorada de un muchacho y se unió con él a las filas de las antiguas Farc-EP. Dice que nadie la obligó a irse, que lo hizo por voluntad, que no pensó bien las cosas, que era joven y se dejó echar el cuento; que luego no hubo marcha atrás. En el campamento la recibieron con el rigor del entrenamiento y las otras mujeres le hablaron de reglas irrompibles.
“No hay un baño encerrado, hay que bañarse en el río o la quebrada en ropa interior. Tiene que comunicar que va a ir al baño y pedir permiso para bañarse o para traer agua. La dormida empieza a las 8 de la noche; a las 5 de la mañana tenemos que estar todos levantados. No se puede pasar de escuadra sin permiso. Es obligatorio planificar”, le dijeron.
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En esa época, dice la excombatiente a EL COLOMBIANO, a las mujeres de su campamento les aplicaban la inyección anticonceptiva cada mes, fue mucho después que optaron por implantarles el método subdérmico. En el tiempo de las inyecciones conseguían dotación suficiente para varios meses y la enfermera de turno llevaba los controles, registraba que el procedimiento se cumpliera sin falta, no podía haber olvidos.
Al primer mes de la llegada de la adolescente, trasladaron a otro departamento al joven del que se había enamorado; después supo que por allá lo mataron. Ella siguió 90 días más en entrenamiento. Los meses pasaron. Tenía 17 años, planificaba sin falta y se dio cuenta de que estaba embarazada. En silencio soportó las náuseas, los antojos, el cansancio extra; ni siquiera podía contarle al padre del bebé.
“Yo no decía porque sabía que me hacían abortar, me tocó ver muchas compañeras a las que hacían abortar. Cuando se dieron cuenta, mandaron a buscar los medicamentos para hacerme el aborto. Ya tenía 6 meses. Entonces, lo que dijo el comandante era que si me hacían abortar, posiblemente podía morir. Ahí seguí con el embarazo”.
Planificación y abortos forzados en las extintas Farc, hechos que la JEP investiga
La anticoncepción y el aborto forzados fueron prácticas que sufrieron muchas mujeres dentro de las filas de las extintas Farc, según relatos de violencias sexuales y de género en el marco del conflicto armado que recopilaron diversas organizaciones del país, entre ellas de Antioquia, y que presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En septiembre de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas abrió el macrocaso 11, que investiga específicamente hechos de “violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”.
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El macrocaso se divide en tres subcasos: violencia de género de miembros de las Farc-EP contra civiles, violencia de género de miembros de la Fuerza Pública contra civiles y violencia de género intrafilas en ambos grupos armados. Este último, subcaso 03, comparte elementos comunes en los patrones, tanto en la Fuerza Pública como en las filas guerrilleras, pero tiene conductas que los diferencian.
De acuerdo con el auto de apertura, a partir de relatos e informes aportados, las mujeres víctimas de esos crímenes en las Farc sufrieron sometimiento y abuso de poder contra la autonomía sobre sus cuerpos. Según el documento, muchas fueron utilizadas no solo para cumplir acciones militares como combatientes, informantes o señuelos, sino también para tareas domésticas en campamentos; las obligaron a tener relaciones sentimentales y sexuales con integrantes del grupo; las castigaron si no accedían a acosos sexuales; fueron ultrajadas.
Y en el repertorio de violencias había unas que en ese entonces no tenían nombre, pero que se sufrían con todo el rigor. Hoy están catalogadas y reconocidas como violencia reproductiva y fueron incluidas en el macrocaso 11, lo que es considerado un hito para el país y el mundo en materia de justicia transicional, pues busca investigar, establecer responsabilidades y sancionar hechos específicos, históricamente invisibilizados, como la anticoncepción forzada o el aborto forzado.
La violencia reproductiva tiene características independientes a las de la violencia sexual, explica Cristina Rosero Arteaga, asesora legal senior del Centro de Derechos Reproductivos. Esta organización lleva más de cinco años investigando el tema y ha aportado en la construcción de la categorización y conceptualización de la violencia reproductiva, que ahora tiene la preponderancia entre las líneas de investigación de la JEP.
La experta cuenta que hicieron una investigación en 2020 para la que revisaron 150 informes de varias organizaciones y entidades en los que identificaron hechos relacionados con el conflicto armado que afectaron los derechos reproductivos.
“Definimos la violencia reproductiva como toda forma en la cual, por acción o por omisión, se termina creando un daño a la autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de todas las personas de decidir si queremos ejercer o no la maternidad o tener hijos, en qué momento, bajo qué condiciones, y acceder a todos los servicios e información necesaria para ejecutar esas decisiones”, señala la experta en entrevista para este artículo.
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La violencia reproductiva pudo ejercerse contra aquellas que consintieron relaciones sexuales, pero que a la hora de decidir sobre la maternidad fueron cohibidas. La lógica de esta premisa consolidada dentro de las filas de las Farc contra mujeres reclutadas o que se unieron por voluntad, se basaba en que una combatiente no debería ser madre o que la maternidad se debería considerar una carga para el grupo, dice la asesora legal.
La magistrada de la JEP, Lily Rueda Guzmán, aclara también para esta nota que las violencias reproductivas dentro de las Farc se están estudiando desde 2019 en el caso 07 de la Jurisdicción, con énfasis en las víctimas que fueron niños y niñas reclutados y vinculados a las filas. Para dicho caso, en 2024, se profirió el primer auto de determinación de hechos y conductas, que estableció la primera imputación por un patrón de violencias reproductivas contra niñas en esa situación. Y la Sala llamó a reconocer responsabilidad a seis antiguos miembros del Secretariado de las Farc.
La magistrada asegura que la metodología inicial de articulación entre ambos casos permite cruzar y contrastar fuentes de información, labor que se está haciendo en este momento, para identificar si hay similitudes entre las violencias de género narradas por quienes ingresaron a las filas siendo niñas y niños, y quienes relatan haberlas padecido en la edad adulta.
Entre los relatos conocidos sobre los hechos que sufrieron las víctimas están la anticoncepción forzada, el aborto forzado y malos tratos que se dieron en medio de estos procedimientos, como seleccionar anticonceptivos a través de la práctica de ensayo y error o aplicarlos con negligencia; no hacer exámenes médicos previos para determinar su idoneidad; practicar abortos en fases de gestación avanzadas y carecer de procesos correctos para la recuperación de las mujeres tras los mismos.
En el informe de la Comisión de la Verdad Violencias sexuales y reproductivas intrafilas en la guerrilla de las Farc-EP se reflejan relatos de mujeres que fueron obligadas a abortar y de otras forzadas a participar en el procedimiento. “...con unas tenazas, empiezan a sacarle y yo ayudo a sostener una pierna, eso fue horrible. Y ella me miraba y me llamaba y lloraba; yo empecé a llorar y yo decía ‘duérmanla’ y dijo (el médico) ‘no, ella no está sintiendo nada’, pero se quejó de dolor y yo le decía al médico que la durmiera más y no había llevado más para dormirla... ella todo el tiempo decía ‘¡mi bebé! ¡mi bebé!’”, narra una excombatiente para esa publicación.
A la crueldad de estos hechos, señala la magistrada Rueda Guzmán, se suma que en algunos casos los bebés que lograron nacer fueron asesinados, desaparecidos o entregados de forma forzada a otras familias, con lo cual las madres vieron impedida la crianza, aun cuando muchas querían ejercerla. “Los hallazgos del caso 07 constituyen un punto de partida fundamental en la investigación que se realiza en el Caso 11, subcaso 3, en tanto identificaron políticas de orden nacional que dieron lugar a violencias reproductivas en las Farc”, expresa.
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La magistrada reitera que en el subcaso 03 ya se identificaron hechos de violencias reproductivas intrafilas en contra de mujeres mayores de edad. Hasta el momento, afirma, la principal acción en este proceso ha sido escuchar de forma directa a las víctimas que han solicitado acreditarse, para indagar si los hechos referidos en el caso 07 también se cometieron contra mujeres adultas en las filas del grupo guerrillero.
La joven guerrillera pudo tener su bebé, pero tuvo que entregarlo
La joven guerrillera siguió con el embarazo. Cuatro días antes del nacimiento le dieron permiso de ir a la vereda donde vivía su hermana y allí tuvo una hija. Ir al pueblo no era una opción, tener el parto en un hospital tampoco, pero la bebé nació bien y pudo amamantarla y cuidarla tres meses porque la fuerte presencia del Ejército en la zona le impidió regresar antes al campamento.
Quería quedarse, claro. Fue duro dejar a la niña, aun cuando los abuelos asumieron la crianza. “Quedarse no era así tan fácil. Para uno no volver al monte tendría que volarse a la ciudad. Pero no era capaz, uno se volaba y ponía en riesgo a los que quedaban, porque la familia de uno era de toda la vida de la vereda y obviamente ya los conocían”, describe.
El retorno a las filas significó una maternidad esporádica. Podían pasar hasta cuatro años sin saber de la hija. Los meses pasaban y ella fue radista (operadora de radio), reemplazante de guerrilla y enfermera de escuadra. Casi una década después del primer embarazo, cuando tenía 26 años, la barriga empezó a crecer de nuevo pese a estar planificando. No corrió la misma suerte del ocultamiento de la primera vez, tenía tres semanas de gestación cuando se dieron cuenta, le dijeron que tenía que abortar y en 15 días los medicamentos llegaron.
Así recuerda la historia: “Se dieron cuenta y me pusieron la inyección, y me entregaron las pastillas que me tenía que tomar e introducir por la vagina. Pero no lo hice. Eran como cuatro dosis cada tres horas. Entonces, siempre que me daban la pastilla para que tomara y me aplicara las vaginales, no me las aplicaba. Ellos pensaban que los medicamentos no habían servido y dijeron que iban a mandar por más. Pero una mujer de un señor de esos dijo que no, que si me ponían otra dosis, podía morir”.
Fue un embarazo más duro que el primero, relata a EL COLOMBIANO, con malestares más fuertes y tareas que debía cumplir con normalidad. A los tres meses la hirieron en combate y pararon 8 días la marcha por el monte, luego tuvo que seguir caminando, cargando sus cosas como todos.
Un mes antes del nacimiento la mandaron a casa de una campesina que le ayudó a tener otra niña de la que la separaron de inmediato porque nació enferma y la llevaron al hospital del pueblo. A las tres semanas, la tuvo de nuevo entre sus brazos; duraron juntas dos días más. La volvió a ver cuando era una niña de 3 años, la crió su hermana.
Varias mujeres que lograron tener los bebés en filas fueron obligadas a entregarlos
En el Informe Número 6 de la Fiscalía General de la Nación a la JEP se estableció que en las filas de las Farc el uso de métodos anticonceptivos para mujeres guerrilleras era una “práctica recurrente y obligatoria”, consagrada de forma explícita en políticas internas. El ente investigador indicó al alto tribunal que aunque no existieron en las conferencias guerrilleras menciones explícitas sobre la interrupción del embarazo, “sí se conocieron pronunciamientos internos, comunicados y testimonios de integrantes de la organización sobre cómo esta fue una política que contaba con el beneplácito de altos mandos”.
De hecho, en el Caso 04 de la JEP, sobre la Situación Territorial del Urabá, el aborto forzado en las filas fue reconocido por excombatientes hombres de las antiguas Farc que narraron cómo obligaban a las mujeres a estos procedimientos.
Por su lado, la abogada Rosero Arteaga sostiene que los casos en los que las mujeres guerrilleras pudieron llevar a término los embarazos están permeados casi siempre, por lo menos hasta donde se conoce, por tener ciertas concesiones en el grupo, por ejemplo, por su relación con comandantes o porque algunos frentes fueron un poco más flexibles. Pero la mayoría que logró tener los hijos debió entregarlos a familiares o hasta desconocidos y hoy muchas siguen sin saber dónde están, porque no quedó información de cómo ni dónde fueron entregados.
En el informe de la Comisión de la Verdad se referencia que a partir de las narraciones de mujeres excombatientes se pudo ver que no fueron situaciones aisladas y que muchas pidieron ayuda para hallar a sus hijos e hijas en el proceso de reincorporación del Acuerdo de Paz.
Ante este panorama, dice la experta Rosero Arteaga, el macrocaso 11 es un paso histórico para Colombia, porque le apuesta al enfoque de género, que ya permea muchos de los demás casos, pero que en este pone foco en crímenes como las violencias reproductivas que de forma específica afectaron de forma desproporcional a las mujeres y niñas. Cree también que este caso le deja a la JEP la enorme tarea de identificar, documentar y visibilizar los hechos.
Y, para ella, uno de los grandes retos del alto tribunal es la identificación: “Sabemos que esto ocurrió, que fue una realidad para muchas mujeres, pero no necesariamente todas están informadas o entienden la categoría de violencia reproductiva. Es un paso muy importante que esto se dé a conocer para que las personas que sufrieron este tipo de crímenes puedan entender qué tipo de violencia ocurrió y así puedan acudir ante la JEP para acreditarse como víctimas y reclamar sus derechos dentro de estos procesos”.
En esto coincide la magistrada Rueda Guzmán, quien cuenta que pocas personas han solicitado acreditarse en el subcaso 03, pese a que ha pasado un año y medio desde que se abrió el macrocaso. Y aunque no se requiere un número determinado de víctimas para una imputación, se necesita documentar información sólida para conocer el fenómeno en profundidad y tener bases suficientes para identificar e imputar a los máximos responsables.
Los comparecientes serán llamados por la Sala de Reconocimiento para aportar sus versiones y estas se contrastarán con los relatos de las víctimas. Esto permitirá, dice la magistrada, conocer con precisión hechos y número de personas afectadas para tomar las decisiones que puedan darse a conocer al país.
La asesora del Centro de Derechos Reproductivos ve otro desafío en el reconocimiento de verdad de parte de los perpetradores de estos hechos, pues dice que en el proceso de la Comisión de la Verdad hubo una tendencia a que reconocieran más fácil otro tipo de crímenes que los relacionados con violencias basadas en género. Asimismo, la experta cree que no es menor desafío que la JEP sea un tribunal al que le quedan tres años, lo que para ella es un tiempo corto para realizar la sustanciación entera del macrocaso 11.
La magistrada Rueda Guzmán reporta que entre 2023 y 2024, para aumentar la participación y acreditación de víctimas, la JEP hizo 109 jornadas en 21 departamentos de Colombia y 6 países, con lo que llegó a 1.500 personas, entre víctimas, integrantes de organizaciones y aliados estratégicos en los territorios. Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación hizo un diagnóstico sobre riesgos de seguridad con 56 organizaciones que manifestaron interés en participar en el macrocaso; dicho diagnóstico, permitió que en articulación con la magistratura se definieran las primeras líneas de acción para prevención y protección de las víctimas. El 23 de agosto de 2024, se decretó la reserva sobre todos los expedientes del macrocaso y se crearon equipos que anonimizan la información recibida y recaudada.
Hasta el momento, según el auto de la JEP, en los tres subcasos se conocen hechos ocurridos en 10 departamentos del país: el 56 % está concentrado en Meta, Caquetá y Tolima. Los otros siete son Antioquia, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. La magistrada explica que aún no se pueden hacer análisis regionales específicos dada la cantidad de información obtenida, por lo cual no es posible ampliar datos sobre Antioquia. Asimismo, el auto revela que solo en el 56 % de los hechos conocidos se tienen datos de temporalidad, lo que permitió establecer que estos se presentaron entre 1994 y 2008. En cuanto a las víctimas, todas las que reportaron los referidos hechos son mujeres y los sufrieron principalmente entre los 18 y los 29 años.
Respecto a los repertorios de violencias de género, los relatos dan cuenta de abortos forzados (36 %), violaciones (19 %), esclavitud sexual (19%), posibles tratos crueles asociados a la obligación de entregar a los hijos e hijas nacidos en las filas (13 %), anticoncepción forzada (7 %), cohabitaciones forzadas (3 %) y acoso sexual e imposición de sanciones por negarse a los requerimientos sexuales de integrantes del grupo (3 %).
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Frente a la magnitud de estos crímenes y las secuelas graves que dejaron en las víctimas, Rosero Arteaga agrega que las reparaciones deben contemplar atención física y mental, así como el acceso integral a servicios de salud sexual y reproductiva, según lo que cada sobreviviente necesite, pues ello posibilitaría, incluso, reconstruir un proyecto de vida. Mientras que desde la JEP reiteran un llamado a acreditarse en el macrocaso 11 a las víctimas, hombres y mujeres que hicieron parte de las filas de las Farc y de la Fuerza Pública, y que hayan vivido al interior del grupo violencias sexuales, reproductivas o por prejuicio.
“Sueño con sacar nuestro proyecto adelante”
La mujer que relata su historia para este artículo permaneció 17 años en las filas de las Farc. Su hija mayor, criada por los abuelos, tenía 14 cuando comenzó el proceso de paz. Después, vinieron los espacios territoriales de capacitación y reincorporación; los planes a futuro; el deseo de regresar con su familia, pero no pudo volver a vivir con sus padres, pues ambos fallecieron. Con otros firmantes de paz, algunos de ellos mujeres que conoció en las filas y perdieron a sus hijos, tiene puestas las esperanzas en un proyecto productivo con el que esperan seguir renovando fuerzas para sacar adelante una nueva vida en medio de las dificultades de emprender y de la violencia que los acecha todavía.
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Vive con su esposo, pero de su vientre no salieron más hijos después de dejar las filas del grupo guerrillero. Se conforma con vivir una maternidad a medias, porque las circunstancias no lo permitieron de otra manera. La hija mayor se casó; la exguerrillera ahora tiene un nieto que quiere, que visita, con el que mantiene comunicación. La menor la reconoce como la mamá, pero es más apegada a la tía que la crió; también la llama y la ve en vacaciones. “Ahora, uno quiere vivir en paz, que nadie lo esté molestando, que lo miren a uno como otra persona más en la población. Sueño con sacar nuestro proyecto adelante”, dice.
Habla de metas simples, de la tranquilidad que quiere conservar muchos años más. Por lo pronto, no se ha acreditado ante la JEP. Carga en silencio con un dolor inenarrable y habla de él con la resignación que parece darle el ser una de las pocas mujeres guerrilleras de su campamento que pudo dar a luz en esos 17 años.
*Esta historia es el resultado de la formación ´Violencias basadas en género: los retos de su cubrimiento periodístico´, realizada por El Veinte con el apoyo del Instituto Colombo Alemán para la Paz - CAPAZ.
